Y luego continúa la pelea por los dineros fiscales en Educación

El recuento tras el campo de la batalla por la Gratuidad 2017 dejó heridos graves y otros  contusos leves.

Lo concreto es que nadie quedó contento,   eso es lo normal cuando el presupuesto es limitado y son muchos quienes estiran la mano, intentando hacer prevalecer sus mejores méritos para ser beneficiados.

Sonará extraño que en la columna  que publicamos el pasado viernes en el Semanario “Tiempo” nos pronunciamos a  favor que el beneficio se extendiera hacia algunas  universidades privadas.

No, no estamos con los planteles, sino con los jóvenes que no logran obtener el puntaje para llegar a formarse a una institución pública. Con los jóvenes de nivel socio-económico vulnerable y que estudien en universidades que demuestren alguna calificación en el servicio que prestan.

Y resultaba doblemente discriminatorio que  esos estudiantes no se beneficiaran de la Gratuidad, porque la condena que le hicimos fue  relegarlo en  los niveles básico y medio, a  colegios que en una gran mayoría de casos no entregan una educación de calidad.

A esa  cohorte de  estudiantes  les marcamos la desigualdad con anticipación y ahora se pretendía lo mismo.

Por eso  es tan importante que  mejoremos el estándar de planteles municipalizados, en  dotarlos  del Recurso Humano bien calificado y que apliquen metodologías innovadoras, motivadoras y creativas en impartir el conocimiento.

¿Qué pueden haber sido instrumentalizados por la Oposición para favorecer al sector privado?

Es posible,  cada cual  tiene  para sí  las razones espurias que estime cargar, pero lo importante es saber que no se está discriminando a jóvenes que  no han  contado con todas las oportunidades para progresar.

La contienda por las platas  públicas continuará, ya que el Gobierno  nuevamente debió recurrir  a una  Glosa Presupuestaria para el ejercicio 2017.

 Los lamentos que ahora vienen será por  la desaparición del Aporte Fiscal Indirecto (AFI)

Desde esta  página  celebramos que así sea.

Explicaremos en otra columna por qué nos disgusta  el AFI y  es conveniente enterrarlo.

Por ahora, les invito a leer el artículo difundido en “Tiempo” del pasado 2 de diciembre.

¿Qué quedó después de la Batalla?

Semanario “Tiempo” 02 de Diciembre de 2016

Ni la Alianza dobló la mano al Gobierno ni éste se dejó amedrentar, al zanjar el tira y afloja por las platas destinadas a la Gratuidad en la Enseñanza Superior.

Con o sin  amenazas de la Oposición, la propuesta presentaba trazas de  inconstitucionalidad, un indicio  más de la desprolijidad con que han llegado al Parlamento proyectos emblemáticos como el financiamiento del nivel terciario.

Y que en 2017 por segundo año ha debido resolverse con el subterfugio de una glosa presupuestaria manteniendo así la incertidumbre sobre cómo operará en definitiva la Ley de Gratuidad Universitaria.

Esta promesa del Gobierno ha atravesado  la actual Administración y ha sido el más complejo  de resolver.

Las razones de las dificultades responden a una diversidad de  factores y el primero es que este compromiso tiene un origen panfletario: surge en el clamor de la calle y prendió porque efectivamente las familias fueron empobrecidas con el financiamiento  bancario de la Educación,  modalidad que el ahora pre-candidato Ricardo Lagos niega sea desliz de su Gobierno.

Y claro,  en la lucha por el Poder y por  retornar a La Moneda, la Gratuidad Universal fue  acogida por la  candidata Bachelet, como página en blanco y  se quedó así, sin reflexión de su alta complejidad. De otra manera no se explica por qué el régimen definitivo que lo regirá,  permanece en calidad de embrión.

El acuerdo para 2017 desencadenó la ira del diputado Jackson, quien no tolera la Política de los Acuerdos ni  el traspaso de dineros fiscales  hacia universidades privadas.

¿Y dónde quedó la consigna de “Gratuidad para Todos” que le llevó al Congreso?

La beca a la demanda que recibirán algunos planteles particulares me parece menos impresentable que el slogan panfletario que pedía Gratuidad hasta para los más ricos. Simplemente porque beneficiará a los estudiantes  pobres,  quienes no tienen otra opción que los planteles privados porque, a diferencia de Jackson, no han sido privilegiados con una educación de elite.

Es rol del Gobierno,  de los parlamentarios y de la institucionalidad fiscalizadora cautelar que efectivamente los recursos públicos no vayan al bolsillo de los dueños de planteles.

En la negociación se obtuvieron además nuevos fondos para las estatales, que mucha falta les hace.

Esperemos que estos dineros frescos a planteles fiscales sea una señal de descentralización del país y que esas platas lleguen preferentemente a las  universidades regionales.

La educación regional merece un mecanismo de recursos permanentes, como política de Gobierno.

Si queremos descentralizar el país, empecemos por  favorecer la educación en regiones, para dotar a éstas del Recurso Humano bien calificado.

Sería más beneficioso que la elección de los Intendentes, que nada aporta a la aún malograda descentralización.