Apoyo a labor senatorial es envidiable de generosidad presupuestaria

Supone, además de un compromiso fiscal otro de carácter  ético para que la labor sea productiva

El avance  en la tecnología de las comunicaciones vuelve  más difícil  ocultar información o negarse  a entregarla.

Los contenidos circulan por diversas rutas, en tanto opera la Ley de Transparencia que se cumple  a medias- hemos tenido malas experiencias que  respalda lo que afirmamos- pero la normativa ha permitido que la Ciudadanía se informe de contenidos que se mantenían bajo la práctica del secretismo.

Señalamos lo anterior a propósito de  la resistencia, inclusive al requerimiento formulado desde el Ministerio Público, que está haciendo el Senado con respecto a  su perfil de asesorías externas, hoy en el ojo de la investigación judicial.

El Diario “La Tercera” publicó el viernes 15 un completo informe del comportamiento asesor de la Cámara Alta durante el mes de julio reciente, usando como fuente la información disponible  en la Sección Transparencia Activa del Senado y la citamos porque se trata de una fuente confiable, objetiva, bajo la norma legal. Recomendamos  su lectura ya que ilustra sobre aquello que  los senadores ha decidido guardar bajo 7 llaves, a pesar que la Ley de Transparencia les obliga a transparentar- aunque  resulte redundante- y por cierto entregarlo a  la autoridad judicial cuando ésta lo requiera.

Pero  el Senado va contra la Ley que parece sólo se hace exigible al resto de la ciudadanía.

Consignaremos  algunas cifras de  las  señaladas en la noticia de “La Tercera”, medio que da cuenta de un  total de 545 personas que trabajaron en el mes de julio al servicio de los senadores para sus  actividades vinculadas a su gestión personal, porque el matutino precisa que tal número  excluye a los funcionarios  dedicados a  labores administrativas corporativas.

Indica el diario además  que la cifra da un promedio de 14,3 personas por cada senador, cumpliendo labores de apoyo. Agrega que de tal guarismo se excluyen los funcionarios o profesionales que les contribuyen en sus trabajos de comisiones.

En  asesorías externas cada legislador puede gastar hasta $ 3,2 millones al mes, en tanto una cifra similar puede destinar en  asesores y funcionarios para el trabajo en comisiones.

Recomendamos  el artículo, porque se remite a  informar el presupuesto  del que disponen para hacer eficiente su trabajo.

La controversia radica en esto último, generar eficiencia, cuando en cuyo cometido se involucra disponer del mejor apoyo, equipamiento y recurso con fines productivos.

Los parlamentarios gozan, por tanto, de un privilegio en su desempeño y simplemente lo que se desea saber es si el presupuesto que se les otorga se destina a ejecutar una función productiva.

Este es el tema que revisamos en nuestra columna del viernes en el Semanario “Tiempo”, que les invito a leer.

Asesorías y Reajuste Fiscal

Semanario “Tiempo” – 15/09/2017

Los cuestionamientos hacia la labor parlamentaria  avanzaron un escalón más la semana reciente al conocerse los millonarios pagos por asesorías  externas de  dudosa calidad.

El caso registra varios ángulos insatisfactorios en  consultarías para congresistas, porque  se entiende que  para éste un asesor está cumpliendo una  trascendente  tarea de apoyo a su importante labor  legislativa.  Necesaria por lo demás por la diversidad y complejidad de materias que los  parlamentarios deben abordar.

Por lo tanto, lo esperable y razonable es que legisladores apoyados por consultores de elevada especialización den por  resultado leyes correctamente elaboradas y no sucedan las  experiencias últimas con normativas que han debido ser corregidas tan pronto han entrado en vigencia.

Es legítimo por tanto cuestionar que el flujo de dineros fiscales vaya hacia asesorías orales o que se han limitado a copiar contenidos disponibles en la propia página del Congreso. Para tal labor, apenas se precisa de una persona, dentro del equipo administrativo disponible, que se maneje sólo en saber copiar y pegar, hasta en una plantilla interna de muy fácil elaboración. O simplemente bastaría que el congresista se sentara al computador un cuarto de hora para revisar las minutas de las comisiones.

Por lo simple de la tarea, por tanto, resulta incomprensible el pago de  emolumentos millonarios por papeles que no tienen el carácter de asesorías.

Un buen asesor realiza una labor investigativa, recabando las posturas y elementos variados sobre la materia.

También sería exigible su capacidad analítica e interpretativa,  para relacionar diversos factores que confluyen sobre el tema, e iluminar al congresista sobre las debilidades y fortalezas que le permita defender su postura una vez analizada la materia en profundidad y el parlamentario quede  con la conciencia tranquila de haber legislado en propiedad sobre una materia de interés nacional.

Con ello, apenas se está aspirando a que la labor se haga bien, una exigencia básica  a cualquier trabajador, particularmente exigible en un congresista,  una de las ocupaciones mejor remunerada en la Administración Pública.

En ese aspecto, en este escenario en que queda al descubierto un bolsillo generoso del Parlamento en  cancelar informes de  nulo valor, los  congresistas tendrán un problema porque este escandaloso caso estalla en vísperas de discutirse  el reajuste para la Administración Pública.

El nuevo Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, ya  ha salido a vocear que la estrechez económica, pese  a las señales positivas, aconsejan la  austeridad y el apego estricto al orden fiscal.

Si el trabajador observa que los legisladores dilapidan el dinero en información obtenible a muy bajo costo, le será muy difícil entender que hay estrechez fiscal, para atender aspiraciones muy legítimas, por lo demás, en los bajos sueldos.