Los políticos  en el Banquillo

Formalización se extendió por más de 12 horas

Distintos resultados- por iniguales motivaciones- tuvieron   las decisiones adoptadas por el magistrado del 8º Juzgado de  Garantía de Santiago, Juan Carlos Valdés, en la formalización de los primeros políticos por las irregularidades que se investigan  vinculadas al Caso Penta.

La de ayer fue una extensa jornada- desde  las primeras horas de la mañana hasta pasadas las 21 horas- y no es nuestro interés informar lo que ya  lo han podido hacer numerosos medios que reportean en primera fila estos acontecimientos.

Por el contrario, nos interesa hacer algunas precisiones que  los medios deben dejar pasar  al focalizarse  en la información.

Sólo para contextualizar, entonces diremos que lo de mayor impacto fue la situación pendiente en el caso del ex senador Jovino Novoa (UDI), cuya descompensación de salud interrumpió la audiencia.

Sobre él la Fiscalía había requerido arresto domiciliario total y arraigo nacional, que no logró ser sancionada por el juez ante la interrupción de la audiencia.

El ex alcalde Zalaquett (UDI) ha quedado con arresto domiciliario nocturno, en tanto el ex diputado Alberto Cardemil (RN) deberá concurrir a una segunda audiencia el próximo 6 de julio cuando deberá defenderse de otros dos cargos.

Sobre el senador Iván Moreira y el diputado Felipe de Mussy (UDI) el juez no aplicó medidas  cautelares, ya que ambos cuentan con fuero parlamentario.

Y ahí va mi primer comentario y decir que no corresponden las divergencias que se han alzado para protestar por una asimetría en las medidas cautelares adoptadas por el juez, porque  lo cierto es que el magistrado no hizo sino ajustarse a la ley que le impide dictar cautelares sobre legisladores con fuero.

Ahora, ¿las cautelares son de gran interés? Para la Opinión Pública, estas medidas garantistas son casi sinónimo de castigo y de pena y las ven como pertinentes que se apliquen.

Para efectos de la justicia no tienen sino el valor de cautelar que el sujeto que es formalizado esté a  disposición de la justicia para la continuidad del proceso.

¿Qué la Fiscalía pudo solicitar el desafuero? Por cierto que sí, pero con el costo de una mayor demora en la tramitación que la ya experimentada. Algo que no tiene mucho sentido porque resulta altamente improbable que decidan emigrar del país.

Teniendo además presente que la Fiscalía Nacional no ha contado con la colaboración del Servicio de Impuestos Internos, organismo que inexplicablemente no ha ayudado a configurar la calidad de  delitos tributarios en este y otros casos aun pendientes.

La salida de Michel Jorrat, así como la posterior separación del cargo del asesor jurídico del SII, Cristián Vargas, la estimamos como una jugada magistral proveniente desde La Moneda para volver a fojas  cero en la acción de ese servicio, cuando de por medio había un tremenda presión pública para que el fiscalizador tributario actuara y la ciudadanía condenaba la escandalosa inamovilidad del organismo en  los casos de irregularidades recurrentes y permanentes.

El SII fue diligente en el Caso Penta. Para el Caso Soquimich recogió las velas y se inhibió en su actuar.

Cuando salió Jorrat, la Opinión Pública pensó que el SII iba actuar y no lo ha hecho hasta la fecha, salvo lanzar a la hoguera a Giorgio Martelli.

El nombramiento de Jorrat como director del SII fue impertinente desde el comienzo,porque ya  se conocían sus vínculos con Soquimich.

El ex director sería llamado en los próximos días por la Fiscalía y eso da cuenta de la impertinencia de su designación.

EL SII hoy no cuenta con un director titular y ¿alguien tiene conocimiento sobre cuales son las indagatorias  de este organismo en relación al Caso Soquimich? No

¿Qué es lo que Impuestos Internos ha dejado de hacer? No lo sabemos.

¿Y por qué?

Tampoco lo sabemos.

Desde la acción comunicacional, debiera informarse cuántos han sido los casos revisados por el SII y saber porqué no tienen méritos para ser traspasados a tribunales.

Eso debiera hacer como organismo contralor por transparencia y para tranquilidad de la ciudadanía que  tiene la sospecha que no ha actuado sobre  varios políticos de todas las ideologías y personas naturales y sociales a quienes se les han admitido rectificatorias- corresponden- pero que por lo sostenido de la falta ameritarían ser puestos a disposición de tribunales.

Esa  es la gran duda que continúa erosionando la confianza en las instituciones.

Y esa desconfianza alcanza hasta las más altas esferas.

Una evidencia plena de la intervención de alguna mano sobre  el SII fueron las afirmaciones  hechas a medios de comunicación,  tanto por Michel Jorrat como por Cristián Vargas, de haber recibido presiones indebidas, que no especificaron, para no proceder desde sus cargos en estos escandalosos casos.

En ese contexto y ahora desde la Fiscalía habrá que comentar que fueron tranquilizadoras las afirmaciones del Fiscal Sabas Chahuán, al finalizar esta formalización,  en cuanto a que él no está procesando por  criterios políticos y que vendrían nuevas citaciones a tribunales.

Por cierto, debieran pasar por  el estrado Giorgio Martelli y Rodrigo Peñailillo y todos aquellos que a la luz de los antecedentes  recabados por  los fiscales deban comparecer.

Peñailillo y Martelli ya fueron interrogados por la Fiscalía. El ex ministro lo hizo en la  más extrema reserva y sigilo, y eso constituyó un privilegio. Las filtraciones entregadas por medios de comunicación muestran seria  contradicciones en  las versiones de ambos sobre  la llamada pre-campaña y el protagonismo que en  esas operaciones tuvo el ex ministro del Interior.

Por tanto, hay procesos que  tienen distintos timing, y en consecuencia, la insistencia de los timoneles de la UDI para lagrimear en cuanto a que la mano de la Justicia se ha cargado sobre la derecha, resulta ya ciertamente majadera.

Victimizarse para estos efectos no es la mejor receta.

Cada proceso a su tiempo y todos en su justa medida es lo que debiera esperar la Opinión Pública.

Sí concedemos que lo ocurrido ayer a las puertas del tribunal donde  un grupo agredió y se manifestó con violencia contra un sector de militantes de la UDI da cuenta de nuestra criolla y desmedida reacción.

El diputado Guillermo Teillier desvinculó su coalición de esas manifestaciones  porque- dijo- ambos movimientos  con que se identificaban los violentistas- Frente Patriótico Manuel Rodríguez y Acción Proletaria- no tenían conexiones con el Partido Comunista.

 Por último comentar la frase del Fiscal Carlos Fajardo quien dijo que este proceso ha ayudado a disminuir la evasión tributaria.

Claro que sí, ya es hora que desde distintos frentes se otorguen señales para que nuestra orgánica y con ella las instituciones funcionen.

Y Chile retorne a un cauce normal, de trabajo y de progreso.

Y también del cumplimiento de normas judiciales y éticas.