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Ahora sí que se elevará a las nubes la  popularidad de la Presidenta Bachelet, tras el anuncio de impugnar la competencia de La Haya para resolver la contienda planteada por Bolivia de una salida  al mar.

Pero aclaremos: una salida al mar con apellido, soberana. El acceso marítimo siempre lo ha tenido, en cumplimiento del Tratado de 1904. Y el país del Altiplano siempre ha  usufructuado de esas compensaciones: libre tránsito hacia el Pacífico por puertos chilenos y el Ferrocarril Arica-La Paz son beneficios que aún continúan vigentes además de  las retribuciones pecuniarias y de infraestructura que   recibió al rubricar el Acuerdo.

Este  usufructo que ha hecho Bolivia del Acuerdo será un sólido argumento en la defensa chilena.

Hace algunos días nuestro Canciller precisó que la implementación   para el uso en los puertos nacionales de carga boliviana significa a Chile el desembolso de  100 millones de  dólares anuales.

La decisión del Gobierno para  impugnar la competencia de la Haya ha precipitado una etapa aún más difícil en las ya deterioradas relaciones chileno-bolivianas. Una muestra han sido las  primeras expresiones de  Morales quien ha calificado de “repudio” a La Haya la resolución chilena y de colocarnos al margen del Derecho Internacional, un lenguaje odioso.

Las relaciones entre ambas naciones han sido, por esta deuda histórica, según  Bolivia, una secuencia de permanentes desencuentros y han obstaculizado la potencial cooperación entre dos países de afinidad geográfico-cultural. Políticamente, el país vecino siempre ha justificado su menor desarrollo por su mediterraneidad y ha escrito su historia sobre lo que estima ha sido un despojo a manos de chilenos.

La decisión de La Moneda para virtualmente requerir de La Haya el reconocimiento del Tratado de 1904, y desconocerle por tanto competencia, constituye una osada apuesta, un riesgo, impulsado por variadas razones, más políticas que jurídicas.

En esta determinación, por ejemplo, cabe preguntarse  cuánto influyó el aun reciente fallo del Tribunal Internacional sobre la demanda peruana. Y también lo ocurrido a Colombia en su litigio con Nicaragua.

Ambas sentencias han llevado a pensar que en los fallos de los juristas  internacionales pesan sesgos  diplomáticos y/o salomónicos, aparte de  las razones jurídicas.

Someternos  al juicio de La Haya sin impugnarlo hubiese sido reconocer asuntos  pendientes con la nación altiplánica y  haber dado la espalda al Tratado de 1904, porque es lo que en definitiva están desconociendo.

Todas las anteriores son razones políticas. Desde la perspectiva jurídica, algunos especialistas no están de acuerdo con la decisión.

Bachelet no ha sido afortunada en las decisiones cruciales que como gobernante ha debido asumir: el  Transantiago y el Tsunami, de trágico resultado.  Y en esta tercera  resolución, todos esperamos le vaya muy bien.