Aunque no llegó el huracán……

El Parlamento se sacude al ritmo de un nuevo escándalo

HURACANNo hemos recibido ni el huracán que azota las costas del Hemisferio Norte  ni el lamentable sismo en  México, pero  nuestro Senado se  ve  envuelto al menos en un torbellino, de cual se defiende  negándose  a entregar la información que  le solicitó el Ministerio Público para indagar el uso de dineros fiscales.

El escándalo estalló a propósito de  $ 47 millones pagados por el senador y candidato Alejandro Guillier por  asesorías que  no tienen respaldo escrito o las  documentadas corresponden a un copy paste. Los  vericuetos de nuevo affaire indagado por Radio Bío Bio dio lugar a que el Fiscal Manuel Guerra, quien investiga por la misma eventual irregularidad a la Cámara Baja,  quiere ahora hacerlo extensivo al Senado.

Pero  los  honorables seniors  de la Cámara Alta han hecho trinchera olvidando sus diferencias doctrinarias y en primeras instancia se han negado a entregar  lo que ordena  la ley que ellos mismo aprobaron.

A estas investigaciones periodísticas de Bio Bio han coincidido  con  similares  trabajos desarrollados y difundidos por Ciper y Canal 13, pero  el escándalo ya está en todas las portadas y medios escritos y digitales.

Nos sumamos a este nuevo sacudón de la política chilena que ocurre a 3 meses de unas elecciones presidenciales y parlamentarias. Al igual que el huracán Irma, ya no es posible detener la devastación de este enjambre de informes  pagados a niveles millonarios con dineros fiscales, por documentos que es posible encontrar en las mismas páginas del Congreso sin que se les haya cambiado una coma.

Entre los informes plagiados hay algunos que pertenecen a cientistas políticos, como es el caso de Patricio Navia y otros  investigadores quienes no han recibido ninguna  atribución (cita) por su autoría, y eso tiene implicancias éticas complejas.

Al margen del cuestionamiento moral, se instala la duda  sobre el eventual desvío de dineros para otros fines que no sean los permitidos por la ley.

Porque extraña que estando a disposición de los senadores,   académicos  de alta especialidad y prestigio por las más diversificadas materias, no recurran a sus servicios en el análisis  de temas, cuya ponderación es necesaria si se pretende legislar en propiedad.

Para quienes no han conocido los pormenores de este escándalo, contribuiremos a difundir primero, el informe más actualizado que hoy entregó  Radio Bio bío, y a continuación, el reportaje  de la misma emisora que gatilló  este sacudón que complica a Alejandro Guillier y  a un gran ramillete de  senadores y diputados de  todas las tiendas políticas. Complementamos con el informe que  entregó Ciper Chile sobre  los informes del copy paste de la Cámara de Diputados.

Como siempre, algo que no es de nuestra propia elaboración, citamos su autoría. Lo  contrario sería incurrir en  un robo de un activo intelectual, a nuestro juicio, más grave que apropiarse de un bien material.

Les invito a leer los  pormenores que detallan  periodistas investigadores de Radio Bio Bio y Ciper Chile:

 Asesorías copiadas: Senado rechaza auditorías sorpresa y niega acceso a información

Publicado por

Guido Focacci

La Información es de

Oscar Cáceres
(Radio Bío Bio)

El Congreso sigue remeciéndose ante nuevas informaciones que agudizan los cuestionamientos a las asesorías externas que se cancelan con asignaciones parlamentarias, fondos públicos otorgados a ambas cámaras para estos fines.

Al reportaje de Bío Bío que reveló pagos por informes copiados de información pública disponible en internet, se suma el trabajo de Ahora Noticias que mostró cómo estos reportes plagiados se replican de un parlamentario a otro y cómo estos dineros, que suman cifras millonarias, van a parar a institutos políticos vinculados con los distintos partidos.

Este jueves, mientras en el hall de la Cámara de Diputados los legisladores evitaron las mismas entrevistas que otros días esperan, el Senado se empeña en obstaculizar las investigaciones de todos los organismos que desean fiscalizar estas asesorías.

Honorables senadores

Son 1.400 millones de pesos anuales lo que senadores gastan por concepto de asesorías externas. Platas pagadas por trabajos que en algunos casos sólo se limitan a cambiar el mes del informe presentado.

Sin embargo, estas suspicacias -ahora públicas- no son argumento suficiente para que la Cámara Alta permita la investigación de los contratos y los reportes que unen a cada senador con los institutos que los asesoran mes a mes por montos que irían entre los 200 y 300 mil pesos por cada uno de ellos.

El senado se negó en tres ocasiones a entregar esta información solicitada vía transparencia pública por Ahora Noticias y presionó al fiscal nacional, Jorge Abbott, para que instruyera el cese de la investigación que pretende llevar a cabo la Fiscalía Oriente, argumentando que el Ministerio Público excede sus atribuciones con ello.

A las negativas anteriores se suma una tercera, frente al Comité de Auditoría que es un órgano de control interno del uso de fondos públicos, del propio Congreso. El organismo pretendía realizar fiscalizaciones sorpresa al uso de asignaciones parlamentarias.

Honorables diputados

La Cámara gasta 3.300 millones de pesos anuales en asesorías externas y ya envió copia de contratos e informes a la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, del mismo modo permitió la fiscalización del Comité de Auditorías del Congreso, marcando con estas decisiones una importante diferencia con sus colegas del Senado.

Los pocos diputados que quisieron enfrentar a los medios hoy, coincidieron en un aspecto: el desconocimiento respecto de posibles plagios en los informes que reciben y pagan mes a mes.

Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, advirtió que no tiene por qué creerle a Ahora Noticias, pero intentó dar una explicación de estos informes replicados que, respecto su conglomerado, elabora el Instituto Alejandro Lipschutz.

En la otra esquina política, la UDI ocupa el mismo modo de operar, pero a través de la Fundación Jaime Guzmán, quien replica y copia informes para parlamentarios gremialistas. El diputado David Sandoval aseguró que es normal que una institución dé la misma opinión sobre un tema a distintos diputados.

El socialista Osvaldo Andrade -quien además fue presidente de la Cámara el año pasado y que tomó medidas de restricción presupuestaria con el fin de abordar la nueva cantidad de parlamentarios- indicó que deben investigarse las responsabilidades de los asesores y de los parlamentarios. Defendió, además, el trabajo hecho por el Instituto Igualdad, organismo “a cargo” de los informes del PS.

Diputados han hecho un llamado a distinguir entre las asesorías institucionales y asesorías individuales, ya que las primeras son normalmente replicadas a varios legisladores sin constituir una acción cuestionable. Por lo que, indican, respecto a este punto es necesario esperar el resultado de las investigaciones.

Limitación de asesores externos

Sumando gravedad a las irregularidades existentes en las asesorías externas que se efectúan a los legisladores chilenos, el diputado Gaspar Rivas dijo a Radio Bío Bío que los legisladores están limitados por el Congreso a la hora de elegir por quién asesorarse.

Lo anterior, debido a que el propio organismo -dijo Rivas- entrega un listado de personas o instituciones adecuadas, idóneas, para asesorarlos. El parlamentario recordó además que en algunos casos este listado ha incluido personas que ostentan títulos profesionales que no poseen.

Por último, cabe mencionar que mediante un comunicado la Cámara de Diputados aseguró que está desarrollando un plan de control de los recursos asignados a cada parlamentario, “velando por el correcto uso de los mismos”.

martes 05 septiembre de 2017 | Publicado a las 04:00

Los informes copiados de internet que Guillier pagó con recursos parlamentarios

Por: Nicolle Peña  (Radio Bío Bío)

Entre marzo de 2016 y julio de este año el senador y candidato presidencial oficialista ha pagado casi 47 millones de pesos en asesorías externas. Entre ellas figura solo una sociedad: Beltrán Asociados Spa, empresa creada una semana antes de comenzar a prestar servicios al parlamentario y que a la fecha ha recibido casi 19 millones de pesos. Entre marzo del año pasado y febrero de 2017, la firma del abogado Omar Beltrán Valle brindó a Guillier solo asesorías telefónicas y presenciales. Entre marzo y junio de este año elaboró, a petición del candidato, cuatro minutas a las que Radio Bío Bío tuvo acceso constatando que su contenido es copia íntegra de la información gratuita disponible en el sitio web del Congreso. Las asesorías se llevaron a cabo en el estudio del abogado, según la rendición de Guillier al Senado. Las coordenadas de Beltrán remiten a un departamento de propiedad de Harold Correa, PPD del G90 investigado por financiamiento irregular de la política en la precampaña de Michelle Bachelet. El departamento tiene, para el SII, carácter habitacional. Especialistas apuntan a faltas a la Ley de Propiedad Intelectual y posible fraude en las asesorías escritas. El equipo de Guillier asegura que los informes “responden únicamente a un documento de trabajo interno que consigna la labor de acopio de la información” y que Beltrán realiza labores que se omiten en las rendiciones a la Corporación, ya que son “de carácter de trabajo interno y reservado”.

El 12 de abril recién pasado, Alejandro Guillier repitió el ritual de cada semana: subió al tercer piso de la Cámara Alta y caminó a la oficina de la comisión de Minería y Energía, instancia en la que participa desde que ganó un escaño como senador por la región de Antofagasta. Una vez ahí, el candidato presidencial de los partidos oficialistas -excepto la DC- votó para elegir al nuevo timonel del grupo parlamentario y discutió junto a sus pares el proyecto de gobierno corporativo para la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

Detalles de ésta y otras jornadas relatan los resúmenes de cada sesión que las distintas comisiones publican en los sitios web del Senado y la Cámara de Diputados. Se trata de un archivo gratuito, a libre disposición de los ciudadanos, que proporciona información como asistencia, invitados y proyectos debatidos en cada cita. Pese a tener este material a mano, entre marzo y junio de este año Guillier decidió pagar como asesoría externa cuatro minutas cuyo texto completo es copia de las síntesis elaboradas por los funcionarios de las comisiones. De esta manera, el Senado terminó pagando un trabajo cuya autoría original pertenece al propio Congreso.

Comparación entre el sitio web de la Comisión de Minería del Senado y un extracto de uno de los cuatro informes de Beltrán Asociados Spa.

Comparación entre el sitio web de la Comisión de Minería del Senado y un extracto de uno de los cuatro informes de Beltrán Asociados Spa.

Las asesorías a diputados y senadores son financiadas con asignaciones parlamentarias; es decir, con recursos públicos que la Ley de Presupuestos otorga a la Cámara y al Senado -adicionales a la dieta- para solventar los gastos en los que incurren los congresistas en el ejercicio de su labor. Por ello, se enmarcan en una normativa y están sujetos a rendición. Desde septiembre de 2015, los legisladores tienen la obligación de informar a sus respectivas cámaras mensualmente y a través de un formulario el detalle de las asesorías que requirieron, adjuntando una copia de cada trabajo escrito confeccionado por la persona natural o jurídica contratada. Estas exigencias fueron instauradas como un mecanismo de control del uso de las asignaciones, ya que de otra manera el Congreso no tendría cómo saber en qué se gastan.

Radio Bío Bío tuvo acceso a todos los formularios de asesoría externa presentados por el senador Guillier entre marzo de 2016 y junio de este año a la oficina de Finanzas del Senado y a la totalidad de las minutas e informes en ellos declarados. La mayor parte de esos trabajos fueron efectivamente elaborados por sus asesores, personas naturales que incluyeron análisis, gráficos y diagnósticos, entre otros, de materias legales. Pero hay cuatro informes elaborados por Beltrán Asociados Spa, la única persona jurídica que Guillier contrató para estos efectos, que son copia íntegra de los resúmenes que las comisiones publican en internet. Se trata de la totalidad de las asesorías escritas que el senador declaró como trabajos de Beltrán Asociados Spa (Revise acá los formularios de Beltrán).

Los informes de la sociedad, que pertenece al abogado Omar Beltrán Valle, llevan como título, en sus respectivas portadas, “Informe comisiones asesoría parlamentaria”, “Minuta trabajo comisiones asesoría parlamentaria”, “Minuta trabajo comisiones asesoría parlamentaria acumuladas a mayo 2017” y “Minuta trabajo comisiones asesoría parlamentaria acumuladas a junio 2017”.

Tras una detallada revisión, la unidad de investigación de Radio Bío Bío detectó que los documentos reproducen de manera literal -desde la primera hasta la última página- el contenido publicado en la web de las comisiones de Minería, Medio Ambiente y Educación, tanto de la Cámara como del Senado. Esto, pese a que la normativa fijada por el Consejo de Asignaciones Parlamentarias -creado en 2010 con la finalidad de definir el contenido, uso y destino de estos fondos- precisa que la asignación asesorías externas tiene como objetivo “financiar la contratación de asesorías externas especializadas en las diversas áreas de la función parlamentaria”.

Radio Bío Bío reconstruyó parte de las minutas con la información del Congreso disponible en internet, constatando la copia incluso de los errores en la redacción de las comisiones (revisa acá las de marzo y abril). Por ejemplo, el documento de mayo registra en su página siete que “se recibió en auiencia [sic]”. En la página 21 de la minuta de junio, en tanto, ocurrió un error de copia similar: “acompañado de la directiva y los asesores de la Fedearación [sic]”. Parte de esta última, además, repite fragmentos del documento reportado en mayo. Los textos también fueron sometidos al análisis de especialistas que advirtieron presencia de plagio y la posibilidad de un eventual fraude.

Beltrán Asociados Spa, en todo caso, es una sociedad relativamente joven y al parecer con buena suerte. Tanto así que comenzó a prestar servicios al senador y actual candidato presidencial el 1 de marzo de 2016, apenas siete días después de haber iniciado actividades como empresa en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Desde ese entonces se ha adjudicado $1.111.111 mensuales -acumulando con ello casi $19 millones a julio de este año- pese a que su contrato precisa que “sus servicios no serán habituales, sino que tendrán por objeto responder, con carácter discontinuo o esporádico, a las necesidades extraordinarias u ocasionales que le formule el senador” (revisa acá el contrato de Beltrán). Los formularios oficiales indican que desde marzo del año pasado hasta febrero de este año solo brindó al senador asesorías “presenciales” y telefónicas, siendo las cuatro minutas en cuestión el único cuerpo escrito informado. De hecho, el pago de marzo se justificó solo con uno de estos informes.

Omar Beltrán Valle, el abogado detrás de la sociedad, además de haberla constituido opera como su administrador y representante legal. Su historial profesional público registra más de una treintena de recursos interpuestos contra alzas de planes de isapres y varios juicios laborales.

Guillier no quiso responder personalmente las consultas de Radio Bío Bío sobre la cuestionada asesoría. Pero, de forma genérica, su gabinete envió un correo electrónico, visado por el senador, en el que se reconoce la existencia de las cuatro minutas de Beltrán.

Alejandro Guillier, senador y candidato presidencial.

Alejandro Guillier, senador y candidato presidencial.

“El senador Guillier está al tanto y satisfecho de la labor de su equipo legislativo, lo que incluye el aporte de esta asesoría”, dice la respuesta enviada por el gabinete del candidato presidencial (revisa acá la respuesta completa).

De acuerdo al gabinete de Guillier, la asesoría de Beltrán es de carácter “integral” y “las minutas entregadas por la Corporación a Radio Bío Bío responden únicamente a un documento de trabajo interno que consigna la labor de acopio de la información, sus cambios y avances de la discusión legislativa, en un sentido cronológico”. Agregaron que “de manera complementaria, Beltrán advierte de esos avances al equipo del senador por otros medios electrónicos y principalmente por teléfono, lo cual no se consigna, pues es de carácter de trabajo interno y reservado”. Esto quiere decir que no hay constancia ni registro de la totalidad de sus funciones.

Sin embargo, el concepto “reservado” no está en la normativa que regula el uso de las asignaciones. De hecho, la creación del formulario de reporte por parte de las autoridades legislativas buscó justamente evitar zonas grises, estipulando que éste debe contener “los datos necesarios que justifiquen con claridad la prestación de servicios”. Las normas generales de rendición de cuentas del Consejo también señalan que los gastos correspondientes a las asignaciones “deberán ser acreditados” y que en el caso de las asesorías externas, como la de Beltrán, el senador debe entregar como documentación de respaldo al Senado el contrato de prestación de servicios, el reporte en formulario y las correspondientes facturas o boletas de servicios, “con detalle de las asesorías prestadas”. Todo esto con el fin de lograr mayor transparencia y mejorar la fiscalización.

El vínculo entre la sociedad asesora y Harold Correa

Los límites entre Omar Beltrán y Beltrán Asociados Spa. son difusos. Ejemplo de ello es que en el contrato vigente con el Senado, comparten domicilio en calle El Sauce 1282, Huechuraba, inmueble de uso habitacional a nombre de su esposa, Yesika Velasquez. Sin embargo, las coordenadas dadas por el asesor de Guillier en la Notaría Francisco Javier Leiva remiten a José Miguel de la Barra 536, oficina 601, comuna de Santiago. Se trata de un departamento con uso habitacional ubicado en pleno barrio Bellas Artes, propiedad de Harold Correa Angulo y Alex Matute.Radio Bío Bío visitó el lugar preguntando por Beltrán o alguno de sus trabajadores, pero un funcionario del edificio aseguró que la oficina no cuenta con empleados -al menos no en el lugar- y que Beltrán concurre esporádicamente a retirar correspondencia.

Según consignó El Mercurio a comienzos de agosto, Correa -miembro de la generación juvenil del PPD conocida como G-90 y parte del círculo de confianza del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo- se unió al equipo de campaña de Guillier. Correa es socio de Harolds & Johns Business and Law, empresa vinculada al financiamiento político irregular en la precampaña presidencial de 2013, en el marco del caso SQM. Según un reportaje de Ciper, en su departamento de Bellas Artes también operó Comercial A y R, ligada a Cristian Riquelme, ex administrador de La Moneda.

En las rendiciones al Senado, Guillier informó haber recibido las asesorías presenciales en el estudio jurídico de Beltrán Asociados. Aunque de eso tampoco hay certeza. “Ese dato corresponde a una formalidad administrativa que establece lugares para dichas asesorías (las que no necesariamente son ahí) y en el período supuesto, corresponde al domicilio profesional de Beltrán. En cualquier caso, el trabajo cotidiano de Beltrán y el equipo legislativo del senador Guillier, ha sido principalmente en la sede del Congreso de Santiago”, aseguraron desde el gabinete del parlamentario.

Especialistas advierten posible plagio

Las minutas de Beltrán fueron sometidas por este medio al análisis de especialistas en propiedad intelectual, sin revelar la identidad del asesor ni del senador, con el fin de reducir el riesgo de sesgo político en la respuesta. Sí se explicitó que se trataba de una asesoría parlamentaria. Aunque solo dos abogados accedieron a exponer sus nombres en este artículo, todos concordaron en que el presentar como propio el trabajo de otro -exigiendo por ello además un estipendio- contraviene la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual que protege a los autores de una obra incluyendo “las compilaciones de datos o de otros materiales”. La norma sanciona a quien “falsifique obra protegida por esta ley, o el que la edite, reproduzca o distribuya ostentando falsamente el nombre del editor autorizado, suprimiendo o cambiando el nombre del autor o el título de la obra, o alterando maliciosamente su texto”.

A juicio de Santiago Ortúzar, presidente de la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual (Achipi), este caso podría constituir plagio. “Las bases de datos y la recopilación de obras también tienen derechos, por el trabajo que hay detrás. En el trabajo puntual de recopilar o transcribir la información de las sesiones que realizan las comisiones del Parlamento, hay también derecho de autor. Es una obra protegida absolutamente (…) Se entiende por obra todo trabajo donde se requiere un trabajo intelectual creativo, lo que incluye tomar apuntes de una sesión y transcribirlos para hacer acta o resumen”, explica.

“Si la reproducción es textual, si no hay aporte, es plagio. Además, acá se da el absurdo de que el Congreso está pagando por material que proviene del mismo Congreso”, comenta otro abogado ligado a asesorías parlamentarias que optó por mantener su identidad bajo reserva. “Si un alumno mío hace eso, le pongo un 1. Copiar y pegar no tiene ningún valor agregado”, comenta Julio Pallavicini, académico de la Universidad de Chile.

Un cuarto experto consultado se detiene en la responsabilidad que le compete al parlamentario y al Congreso al haber autorizado el pago de minutas como las de Beltrán: “Si el informe está copiado textual de una comisión, el legislador que participa en ellas se debería dar cuenta. Debería ser capaz de discriminar por formato, por estilo, porque es información a la que cualquiera puede tener acceso”. Al respecto, un integrante del Consejo de Asignaciones Parlamentarias aclara que “si entregó como producto una copia de las comisiones, la asesoría no cumple con el espíritu de la norma” y acota que el senador, al ser parte del Congreso, “no tendría por qué pagar por material que es de su propia institución”.

“En este caso se emitió un informe, cumpliendo con las formalidades pero no con el fondo de la norma. El Senado pagó por ello, pero nadie reparó en el contenido. El problema está en la intencionalidad y en la debilidad para ejecutar el pago. Quien paga, no mira. Simplemente recibe y visa (…) Claramente hay una distorsión a la naturaleza del sentido de las asesorías”, describe el consejero.

Desde el gabinete del senador rechazaron la posibilidad de plagio aseverando que el producto de Beltrán “no reúne ninguna característica de éste. No se arroga su creación, es de uso interno (no se viste de ropa ajena), ni oculta la autoría real. Por el contrario, es de la escencia [sic] de labor mantener la fidelidad de la información reconocidamente pública”.

El equipo de Guillier insistió en que las contrataciones responden a “asesorías integrales” y que todo pago asociado “es visado, auditado y realizado por la Corporación”. Pero los filtros existentes podrían ser insuficientes, ya que incluso el organismo el Comité de Auditoría -encargado de fiscalizar el uso de las asignaciones- ha sido objeto de críticas. La más reciente provino del Consejo de Asignaciones, que en julio de este año cuestionó que el informe de auditoría 2016 concluyera que los parlamentarios se ajustaron a las reglas, mientras de sus recomendaciones se desprendía que “han existido irregularidades e incumplimientos a la normativa”. Hace algunos meses el Comité renovó a sus integrantes y actualmente se encuentra examinando las asesorías parlamentarias.

Las investigaciones en curso

A este diagnóstico se podría sumar una falta adicional. “Además del plagio, que es propiedad intelectual, se vislumbra una especie de fraude que se debería investigar”, advierte otro profesional del área. Pallavicini comparte la opinión afirmando que los informes dan, “a lo menos, para investigar fraude al Fisco”. Justamente eso es lo que indaga el fiscal Carlos Gajardo en las asesorías que los diputados contrataron entre 2011 y 2016, revisión que hasta ahora no ha descartado extender al Senado. La búsqueda de Gajardo se enmarca en el artículo 239 del Código Penal sobre “el empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado”. Fuentes ligadas a este proceso señalan que el persecutor ya habría detectado inconsistencias en algunos informes de los diputados.

Fiscal Carlos Gajardo

ARCHIVO | Agencia UNO

La iniciativa de la fiscalía responde a los indicios de que la opacidad en el uso de estas asignaciones parece no ser algo puntual. Otro ejemplo de ello es el senador Pedro Araya, quien en marzo de este año declinó una solicitud de transparencia realizada por este medio para obtener copia de dos informes por los que pagó un total de $12 millones a Elvira Oyanguren, ex jefa de gabinete de Javiera Blanco en el ministerio de Justicia. El primero de ellos, “sobre situación de la R. de Antofagasta en seguridad ciudadana”, fue contratado por el parlamentario en noviembre de 2016, solo días después del cambio de gabinete que puso fin a la gestión de Blanco como titular de la cartera y a la de Oyanguren como su principal asesora.

El segundo documento, “propuesta de plan estratégico en seguridad ciudadana para la región de Antofagasta”, tuvo lugar en diciembre del mismo año. El senador Araya -quien además es pareja de la ex ministra Blanco- negó el acceso al material aduciendo que “la documentación requerida se refiere a antecedentes previos a la toma de una decisión” y comentó que autorizará su entrega “una vez terminado el estudio y adoptada la decisión al respecto”. El caso se encuentra en la comisión del Ética del Senado y hasta la fecha Radio Bío Bío no ha recibido antecedentes.

En el equipo de Guillier, en tanto, calificaron como “impertinente” cualquier duda de fraude en torno a Beltrán, justificando que “el servicio se presta de manera profesional, constante y útil, y es escencial [sic] para el trabajo legislativo, como le consta a la Corporación en su trabajo de auditoría”.

Asesorías verbales

El total de asesorías externas contratadas por Guillier entre marzo de 2016 y julio de este año le han costado a la Cámara Alta cerca de $47 millones ($46.693.391). Mensualmente, los senadores disponen de $3.239.525 para este ítem. En la nómina de labores para el senador financiadas por esta vía cuentan, además de Beltrán, Alejandra Pozo Cortez, Andrea Carrasco Pérez, Fernando Navarro Bustos y Natalia Alvina Díaz, quien a partir de julio de 2016 es parte de su personal de apoyo.

De todos ellos, y en el período analizado, Beltrán es el único que solo registró asesorías presenciales y telefónicas de “análisis jurídico” y “análisis de contingencia” -sin entregar al Senado otros informes o minutas- por un año. Según los formularios de Guillier, cada mes Beltrán realizó un promedio de tres a seis asesorías telefónicas y la misma cantidad de asesorías presenciales.

Al ser difícilmente comprobables, las asesorías verbales han sido foco de preocupación del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, que hace un tiempo resolvió restringirlas. “La normativa de asignaciones parlamentarias no permite la realización de asesorías parlamentarias verbales, por cuanto toda asesoría debe encontrarse respaldada, sea a través de los informes que se encuentren asociados a las mismas, o bien mediante el respectivo reporte en formulario en el que se detalle las actividades de asesoría efectuadas por el asesor, todo lo cual dependerá de lo estipulado en el contrato de trabajo o prestación de servicios”.

Uno de los consejeros recuerda al respecto: “En su minuto nos dimos cuenta de que había muchas asesorías verbales que se firmaban y pagaban. Entonces se estableció que quedara un registro detallado de todos las asesorías por las cuales se paga a través de un formulario y que las asistencias a sesiones de los asesores fueran certificadas por los secretarios de las comisiones”. Sobre las personas jurídicas, agrega, “por su naturaleza, su trabajo debería estar en un informe escrito”.

Actualmente, el senador Guillier es parte de las comisiones de Minería, Revisora de Cuentas del Senado y Ética y Transparencia. Esta última es la “encargada de velar de oficio o a petición de un parlamentario por el respeto de los principios de probidad, transparencia y acceso a la información pública, y de conocer y sancionar las faltas a la ética parlamentaria”. Por ello, esta misma instancia podría ser la que, eventualmente, revise la situación de Guillier y las minutas pagadas a Beltrán Asociados Spa.

CIPER CHILE

DIPUTADAS VALLEJO Y NOGUEIRA ENTRE LEGISLADORES QUE PRESENTAN MÁS CASOS DE TEXTOS COPIADOS

Asesorías parlamentarias: al menos 40 diputados pagaron por informes plagiados

Desalojan a estudiantes de la Camara de DiputadosUn tercio de los miembros de la Cámara recibió informes de asesoría con párrafos extraídos de fuentes que no son citadas o que copian pasajes textuales de documentos en internet. CIPER analizó una muestra de los informes pagados entre 2014 y 2016, y detectó 107 documentos con esta irregularidad. En 18 de ellos todo el contenido fue plagiado. Entre los diputados con casos de plagio total están Claudia Nogueira (UDI), Roberto León (DC), Sergio Ojeda (DC) y Gustavo Hasbún (UDI). La misma Nogueira y Camila Vallejo (PC) encabezan la nómina con más plagio parcial: ambas con ocho informes.

Vea aquí la nómina completa de los 40 diputados que pagaron por informes con plagio.

Algunos de los millonarios informes que encargan los diputados a sus asesores externos tienen un nivel tan bajo que apenas podrían servir para aprobar un examen de educación media. Por ejemplo, el que pidió el diputado Ricardo Rincón (DC) en febrero de 2016. Se trata de un documento de siete páginas –incluida la portada–, donde toda la información está plagiada de monografías.com, una web que utilizan los escolares para hacer tareas. La asesora Paulina Gómez Barbosa recibió $2,2 millones por el esfuerzo que le significó copiar lo escrito por José Pérez, un estudiante de derecho de la Universidad Peruana de Las Américas.

Todos los meses los diputados reciben una asignación de $2,4 millones para costear informes que encargan a asesores externos –que no forman parte de su equipo permanente– y que les sirven de apoyo cuando el debate legislativo aborda  temas que no dominan. En este caso, el diputado Rincón se gastó casi toda su asignación mensual en un informe que pudo haber bajado gratis de internet.

El informe recibido por Rincón no es una excepción a la regla. Durante meses CIPER revisó los documentos que han elaborado los asesores externos de los diputados entre 2014 y 2016. De ese universo se extrajo una muestra aleatoria de cerca de mil informes, tal como se hace en los procedimientos de auditoría que utiliza la Contraloría. En esa muestra se detectaron 107 informes con algún grado de plagio (18 de ellos con plagio total), los que fueron encargados por un total de 40 diputados,  desde la UDI al PC. Debido a la fórmula aleatoria con la que se elaboró la muestra que se analizó para este reportaje, es altamente probable que existan casos aún no detectados.

RICARDO_RINCÓNLos resultados indican que al menos un tercio de los miembros de la Cámara ha pagado por informes que contienen contenidos extraídos de fuentes que no se citan o que copian párrafos textuales de documentos que son públicos. Lo anterior demuestra que en la Cámara de Diputados los controles del gasto para este ítem son completamente inútiles.

En la muestra analizada figuran 12  diputados que pagaron por trabajos que están enteramente plagiados:

  • Gustavo Hasbún (UDI): 3 informes.
  • Claudia Nogueira (UDI), Carlos Vilches (UDI, dejó la Cámara en 2014), Roberto León (DC) y Sergio Ojeda (DC): 2 informes cada uno.
  • Carlos Jarpa (PR), Javier Hernández (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Marco Antonio Núñez (PPD), Marta Isasi (Ind. de derecha, dejó la Cámara en 2014), Marcos Espinosa (PR) y Ricardo Rincón (DC): un informe cada uno.

11 diputados son los que presentan más de cuatro informes con párrafos copiados de fuentes que no son citadas:

  • Camila Vallejo (PC) y Claudia Nogueira (UDI), ambas con 8 informes.
  • Marcos Espinosa (PR), Carlos Jarpa (PR), Gustavo Hasbún (UDI) y Gabriel Silber (DC), todos con seis informes.
  • Osvaldo Andrade (PS) y Roberto León (DC), los dos con cinco informes.
  • Andrea Molina (UDI), Sergio Ojeda (DC) y Fidel Espinoza (PS), los tres con cuatro informes.

En la mañana de este jueves 7 de septiembre CIPER comenzó a contactar a los diputados que pagaron la mayor cantidad de informes plagiados detectados por nuestra investigación. Poco después, en la sede del Congreso los jefes de bancada convocaron a reunión de comité para coordinar una respuesta corporativa ante la emergencia que significa que 40 parlamentarios aparezcan pagando informes con plagios.

El tema ya se había tornado inevitable tras las revelaciones publicadas por los equipos de investigación periodística de Radio Bio Bio, que dejó en evidencia las copias en informes pagados por el senador y presidenciable Alejandro Guillier, y de Ahora Noticias de Mega, que difundió un extenso reportaje sobre irregularidades en las asesorías externas encargadas por diputados.

FIDEL_ESPINOZAAl mediodía del mismo jueves 7, la Cámara de Diputados emitió una declaración pública en la que evitó mencionar la palabra plagio y solo indicó que los fondos para asesorías externas son revisados por el Comité de Auditorías del Congreso Nacional:

En la actualidad, conforme al plan aprobado, el Comité de Auditoría se encuentra analizando los informes de asesorías realizados hasta la fecha. Cualquier observación se resolverá conforme al ordenamiento vigente (…). Asimismo, la Cámara de Diputados está desarrollando un plan de control de los recursos asignados a cada parlamentario, velando por el correcto uso de los mismos”.

La labor de ese Comité de Auditoría y el supuesto plan de la Cámara para controlar los recursos asignados a los parlamentarios han resultado francamente inútiles, como lo demuestran los resultados del análisis efectuado por CIPER y el reporte de Ahora Noticias. Entre 2015 y 2016 el presupuesto de la Cámara para pagar asesorías externas sumó unos $3.550 millones. En el mismo periodo los informes pagados fueron unos 3.500. La muestra revisada para esta investigación periodística indica que la corporación desembolsó $169,6 millones en informes que presentan contenidos plagiados.

VALLEJO E ICAL

Los  ocho informes pagados por la diputada Camila Vallejo (PC) que presentan plagio fueron elaborados en 2016 por el think tank del Partido Comunista: ICAL. Un noveno informe no pudo ser revisado al no estar disponible. Por esos nueve informes la Cámara pagó un total de $7 millones.

En el informe de ICAL correspondiente a noviembre de 2016, 59 de sus 75 páginas están plagiadas completamente. Entre los contenidos que se copian sin citar destaca un reportaje publicado en 2012 por The Clinic sobre la historia del asbesto en Chile. Se copian también documentos académicos y si bien se citan referencias, estas son erróneas y no corresponden al autor original de las mismas (vea aquí ese informe).

CAMILA_VALLEJOEn otro documento de septiembre de 2016, la mitad de sus páginas están copiadas. La introducción fue obtenida íntegramente de una noticia publicada por la página web de la Radio Nuevo Mundo, y más adelante destaca el plagio de un estudio sobre el sistema educativo peruano, pero al que ICAL le borró toda referencia al país de origen, haciéndolo pasar por un estudio general sobre educación (revise aquí ese informe en detalle).

La diputada Camila Vallejo respondió el llamado de CIPER y cuando se le entregó el detalle de los informes copiados, anunció que pondría fin a su relación con ICAL:

–Estamos esperando los resultados de la auditoría de la Cámara respecto a estas asesorías, que deberían estar pronto, y si es como ustedes dicen, lo más probable es que haya sanciones. Yo estoy dispuesta a devolver el dinero de mi dieta parlamentaria si es necesario, independiente de que fue una falta al contrato por parte de ellos (ICAL). Ustedes se adelantaron a la auditoría y a la luz de los antecedentes que pudimos comprobar nos parece que lo correcto es terminar el contrato con ICAL.

La parlamentaria comunista calificó la situación como grave: “esto incluso puede mermar mi labor como parlamentaria al momento de legislar. Yo expresamente había pedido rigurosidad en los contenidos contratados con ICAL. No vamos a exigir que todo lo que se entrega sea de elaboración propia, pero lo mínimo es que si se ocupa información de otros se cite como corresponde. Yo apenas supe de esto en la mañana me puse en contacto con ellos y pedí explicaciones. Me dijeron que no era así, que no había plagio, pero a mí me parece que está claro. Por eso, independiente de lo que ellos quieran declarar ante la opinión pública, nosotros vamos a terminar el contrato”.

LOS INFORMES DE NOGUEIRA

Los ocho informes de la diputada Claudia Nogueira (UDI) que registran plagio fueron recibidos por la legisladora entre marzo de 2014 y noviembre de 2016. Los documentos fueron elaborados por distintos asesores. Dos de ellos aparecen firmados por Álvaro Lavín Aliaga, socio del esposo de la parlamentaria, el ex alcalde Gonzalo Cornejo, en el Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos. Esa es la una de las sociedades que emitió boletas que fueron rectificadas por Corpesca, la pesquera del Grupo Angelini, porque sirvieron para financiar ilegalmente la política. Lavín Aliaga, además, fue el administrador municipal en Recoleta mientras Cornejo era el alcalde.

CLAUDIA_NOGUEIRALos dos informes de Lavín Aliaga pagados en marzo y abril de 2014 ($720 mil por cada uno) son curiosos, tienen una extensión de una página y media y allí se presentan “minutas” de proyectos de ley, cuyos párrafos fueron copiados de los proyectos originales. Además se adjunta una breve descripción de reuniones a las que el asesor habría acompañado a Nogueira, aunque no hay ningún documento que compruebe esos trabajos.

Nogueira tiene además otros tres informes cuestionados, los que fueron firmados por Lily Zuñiga en abril, mayo y junio de 2014. Según declaró Zuñiga ante la Fiscalía, se trató de asesorías fantasmas que justificaron desembolsos por $4,2 millones. La parlamentaria suma además informes con plagio parcial de la Fundación Jaime Guzmán y de Pablo Urquizar Muñoz.

Consultada respecto de los informes que registran plagio, la diputada señaló: “Eso es una asesoría, es conversar, es analizar, es revisar textos, tomar parte de los textos originales. No son informes en derecho, no hay robo de nada, el trabajo se hace desde la posición política que uno tiene y por eso los asesores tienen la misma afinidad política” (vea además la respuesta de algunos de los asesores que elaboraron los informes para la parlamentaria).

En 2010 la diputada Nogueira fue formalizada por la Fiscalía luego que se comprobara que desvió $28 millones destinados a asignaciones parlamentarias a una cuenta personal que posee con su marido (el ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo). De ese entuerto solo logró zafar llegando a un acuerdo con el Ministerio Público que implicó la devolución del dinero.

LEÓN Y LAS ASESORÍAS DEL CELAC

Del grupo de diputados que conforman la muestra que CIPER analizó, hay uno que constituye un acápite aparte: Roberto León (DC), el congresista por Curicó pagó al menos cinco informes con plagio. Todos son de 2014 y fueron elaborados por el Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías (Celac).

ROBERTO_LEÓNEl informe de julio de 2014 de Celac para el diputado León, por el que la Cámara pagó $2,1 millones, es una copia de principio a fin de un documento elaborado por Sergio Gómez publicado en 2002 por la Revista Austral de Ciencias Sociales, de la Universidad Austral (UACh), denominado “Organización campesina en Chile: reflexiones sobre su debilidad actual” (revise aquí el informe de Celac y aquí el artículo original).

La misma situación se repite en agosto de 2014, cuando nuevamente León recibió un informe completamente plagiado. Otros $2,1 millones del erario público fueron a parar a la contabilidad de Celac por un documento copiado a la misma Revista Austral de Ciencias Sociales. Esta vez el afectado fue Darío Menanteau, quien entonces era profesor y director del Centro de Sociología Rural de la Universidad de Minnesota y académico de la UACh. Su artículo “Impactos socio-políticos de la globalización en América Latina” aparece tal cual en la asesoría enviada por Celac a León (revise aquí el informe de Celac y aquí el artículo original).

Los informes que Celac entregó al diputado León en junio y septiembre de 2014 también son plagiados. Un quinto informe, el de octubre de ese año contiene páginas copiadas desde otros documentos. Hasta el cierre de este reportaje, el diputado León no había respondido los requerimientos de CIPER para obtener su versión.

La situación judicial de León es especialmente delicada: está siendo investigado por cohecho y delitos tributarios en la indagatoria por los pagos irregulares de SQM, luego de que la Fiscalía detectara millonarios traspasos de recursos de la minera a su hijo y la existencia de “favores” de León al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse (vea reportaje de CIPER “Los hitos de la relación con SQM que comprometen al diputado Roberto León).

DIPUTADOS SORPRENDIDOS

Seis son los informes que encargó el diputado Carlos Jarpa (PR) por los que la Cámara pagó un total de $13 millones. Los documentos son casi exclusivamente copias de textos disponibles gratuitamente en internet.  Todos tienen una misma autora: Consuelo Ramírez EIRL.

Jarpa señaló que cuando revisa el trabajo de su asesora no puede saber cuáles son las fuentes que utilizó: “Solo veo el resultado y a mí me sirvió. Uno procesa la información no solo del informe, sino también conversando con el asesor, sobre todo en mi caso, porque tengo una limitación visual seria. El tema de fondo es la utilidad que los informes tienen para mí. El único error que podría haber es no saber de dónde venía la información”.

¿Y de quién es ese error?

– Eso no me corresponde a mí decirlo. Yo no soy juez.

– ¿Le parece correcto que se paguen informes plagiados con recursos públicos con un valor superior a los $2 millones?

–No me corresponde a mí hacer ese juicio. Eso le corresponde a la Cámara de Diputados.

CARLOS_JARPADesde la oficina del diputado Marcos Espinosa (PR) se informó a CIPER que en mayo y junio de 2016 el parlamentario tomó conocimiento de presuntos plagios en tres informes de su asesor Pedro Zapata. Por lo mismo, en octubre pasado decidió cesarlo en sus funciones “hasta que una investigación aclare en profundidad si efectivamente esa adulteración es efectiva”.

Sobre los informes elaborados por la asesora Consuelo Ramírez (la misma asesora del diputado Jarpa), la oficina de Espinoza explicó: “Este es un trabajo especialmente importante toda vez que se trata de una recopilación de materias tratadas en las comisiones en las que se desempeña el diputado, otras en las que tiene especial interés, y el avance de los proyectos de ley de autoría propia”.

El diputado Gustavo Hasbún (UDI) señaló a CIPER que no iba a comentar sus informes. Esto a pesar de que en su caso de los seis informes detectados con plagio, tres son copias textuales de otros documentos. En total, por estas seis asesorías la Cámara desembolsó $11,4 millones. En cinco de los seis informes el autor es Cesar Patricio Ampuero Cortés, quien actualmente se desempeña como juez de policía local en Vitacura. En 2009 aparece ocupando el mismo cargo, pero en Estación Central, la comuna por la que Hasbún fue alcalde hasta 2008.

De los informes elaborados por Ampuero Cortés, tres son copias íntegras. Por ejemplo, el informe de junio de 2016 tiene seis carillas. Los primeros dos párrafos los copió y pegó de una noticia de El Mercurio, luego adjuntó párrafos textuales de un auto acordado de la Corte Suprema, de un proyecto de ley presentado por otros diputados, y a modo de conclusión copió un pronunciamiento de la Corte Suprema (revise aquí el informe de Ampuero Cortés para Hasbún).

Una fórmula similar se repite en los informes de julio y diciembre de 2016. En este último se copiaron 11 páginas de un proyecto de ley presentado por el gobierno para regular los servicios de Uber y Cabify, luego incorpora un análisis del mismo proyecto, pero que en realidad es una nota de El Mercurio y finalmente parafrasea una minuta de la Cámara sobre el proyecto (revise aquí el informe de Ampuero Cortés correspondiente a diciembre).

Otra asesoría encargada por Hasbún, de enero de 2016, lleva la firma de la empresa Visión Legislativa  y Parlamentaria, por la que se pagaron $$883 mil. El documento presenta un plagio parcial.

Uno de los socios de Visión Legislativa y Parlamentaria, Carlos Fairlie señaló a CIPER que las columnas escritas por el abogado Alejandro Leiva y que él utiliza para esos informes corresponden a material preparado por ese profesional para su estudio: “El es un abogado pagado por mí y cuando él escribe en La Tercera lo hace pagado por mí”, sostuvo.

GUSTAVO_HASBÚNEste año la diputada Andrea Molina(UDI) comparte ruta con el diputado Hasbún en dos carreras: ambos intentan saltar de la Cámara al Senado y los dos aparecen entre los parlamentarios que pagaron informes plagiados. Claro que el caso de Molina es más escénico: ella recitó en el hemiciclo párrafos copiados.

Parte de la asesoría que Andrea Molina contrató con Francisca Navarro en 2016, consideraba elaborar los discursos e intervenciones de la parlamentaria. En al menos dos de ellos, CIPER identificó plagio a intervenciones de otros parlamentarios. Por ejemplo, el discurso incluido en el informe de asesoría de junio, incluye cinco líneas copiadas de la intervención de Cristina Girardi (PPD) en la sesión del 9 de marzo en la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, que ambas parlamentarias integran (vea aquí el discurso y la intervención de Girardi).

El mismo informe de junio incluye otro discurso para Andrea Molina en que el autor copia cuatro párrafos completos de una intervención hecha en la sala por el senador Iván Moreira un mes antes (vea aquí el discurso y la intervención de Moreira). Contactada por CIPER, la diputada Molina señaló: “Es un error puntual de no haber puesto la fuente. No hay delito, ni uso indebido. Aquí no hay una empresa, ni una triangulación sino que el hecho de que mi abogada no citó la fuente y ella eso lo reconoce y por eso le pedí que fuera más rigurosa”

En el caso del diputado Osvaldo Andrade (PS), cinco informes de su asesor Patricio Riveros Villegas revisados por CIPER mezclan plagio con reproducción textual de información gratuita publicada en Internet.

El diputado Andrade fue uno de los primeros que reaccionó cuando esta semana Radio Bío Bíoreveló que el senador y candidato presidencial de su coalición, Alejandro Guillier, había comprado con dinero del Congreso cuatro informes copiados de internet a la sociedad Beltrán Asociados. “Tendrán que dar una buena explicación”, señaló Andrade en esa ocasión.

Consultado por CIPER, Andrade se mostró sorprendido y aseguró que “los informes me han servido mucho, así que desde el punto de vista de la idoneidad, estoy completamente conforme con ellos. Ahora, si hay algunos que no señalan fuentes, no cabe duda de que ahí se cometió un error”, precisó.

En un segundo contacto con CIPER, Andrade señaló que había conversado con su asesor y que descartaba que hubiese plagio en sus trabajos.

En el informe de abril de 2016, el asesor Riveros copió sin citar parte del análisis macrosectorial publicado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) durante el mismo mes. Consultado por CIPER, Riveros argumentó que el texto es de su autoría, ya que trabaja en la ODEPA. Sin embargo, el autor que figura en el documento no es él, sino Alfonso José Traub Ramos.

El resto de la asesoría, que consta de ocho páginas, y que costó más de $1,8 millón, está compuesto por información sobre distintos indicadores económicos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Banco Central. Esta información, a pesar de que está atribuida a la fuente, no es más que una copia textual de boletines que ambas instituciones suben a su página web y que son replicados por la prensa. El único contenido de elaboración propia son los dos párrafos de conclusiones al final del texto.

SERGIO_OJEDAEl diputado Sergio Ojeda (DC) figura con cuatro informes, casi todos íntegramente extraídos de trabajos académicos, al igual que en el caso de su correligionario Roberto León el proveedor es el Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías (Celac). En la asesoría correspondiente a marzo de 2014, la Cámara desembolsó $916 mil por el informe solicitado por Ojeda. Las  19 páginas que lo componen están completamente copiadas del texto “El debate de lo público y lo privado en servicios sociales”, del profesor Manuel Medina Tornero (revise aquí el informe de Celac y aquí el texto original). Algo similar ocurre con otros informes de Celac para Ojeda, de agosto y septiembre de 2014. Un cuarto documento (abril de 2014) presenta 15 de sus 18 carillas copiadas.

Gabriel Silber  es otro parlamentario falangista que pagó por cinco informes sacados de internet, entre marzo de 2014 y abril de 2015. Cuatro de ellos son del Centro de Estudios y Gestión Ambiental (Cegades), ligado a la DC, y uno de Antonio Saavedra Veas. En total, la Cámara gastó $5 millones en esos informes. A pesar de que CIPER contactó a la bancada de diputados de la DC para obtener la versión de los diputados Rincón, León, Ojeda y Silber, no hubo respuesta.

El actual presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), también aparece pagando informes con plagios. Espinoza registra cuatro documentos comprados al Instituto Igualdad por un total de $1,2 millones. En su caso de trata de copias parciales, pues los documentos contienen transcripciones de párrafos publicados en notas de prensa, en textos de la Universidad Alberto Hurtado y del académico Cristian Bellei. El diputado Espinoza no estuvo disponible para conversar con CIPER, pues se encuentra en Indonesia.

El chequeo  de los informes arrojó hallazgos sorprendentes, como la minuta pagada por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) para que le informaran sobre proyectos de ley en materia de derechos humanos. En febrero de 2016 le pagó $777 mil a Cristián Gallardo, quien le entregó un documento de 12 páginas que contiene copias de párrafos sin ningún orden lógico de dos proyectos de ley (boletines N°9005-17 y N°8133-17). La única modificación que hace es omitir o cambiar la palabra “dictadura” cada vez que se menciona y agregar un párrafo propio con recomendaciones al final de cada proyecto.

Además de los parlamentarios mencionados en este reportaje, CIPER también halló informes plagiados de los siguientes diputados (la mayoría de ellos en ejercicio, aunque también hay algunos del periodo pasado que registraron informes plagiados a inicios de 2014): Aldo Cornejo (DC), Carlos Vilches (UDI), Christian Urízar (PS), Cristián Campos (PPD), Cristina Girardi (PPD), Daniela Cicardini (PS), Felipe de Mussy (UDI), Fernando Meza (PRSD), Fuad Chahín (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Iván Flores (DC), Javier Hernández (UDI), Jorge Sabag (DC), Karol Cariola (PC), Loreto Carvajal (PPD), Marcela Hernando (PRSD), Marco Antonio Nuñez (PPD), María José Hoffmann (UDI), Marta Isasi (Ind), Maya Fernández (PS), Miodrag Marinovic (Ind), Pablo Lorenzini (DC), Paulina Nuñez (RN),  Pedro Araya (Ind DC), Pedro Pablo Álvarez Salamanca (UDI), Sergio Aguiló (Ind) y Vlado Mirosevic (PL).

LOS INFORMES INÚTILES

Si bien no son técnicamente informes plagiados, pues señalan las fuentes desde las que se extrajo la información, CIPER halló varios documentos que a primera vista no parecen ser útiles para la labor parlamentaria. Los hay de todo tipo, algunos que solo son un par de hojas con recortes de los diarios y otros que buscan reforzar la presencia de los parlamentarios en las redes sociales.

En el caso del diputado Enrique Van Rysselberghe (UDI), encargó una asesoría a Guillermo Verbakel durante todo 2016 para que le manejara sus redes sociales. Su estilo es poco político: “La medida del amor, es amar sin medida”, es una de las frases que el asesor comparte a través del Facebook del parlamentario. “El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”, es otra idea-fuerza que el asesor viraliza en nombre del parlamentario gracias al dinero que la Cámara destina para las asesorías externas.

enrique van rysselberghe la medida del amor

Asesoría comunicacional pagada por el diputado Enrique Van Rysselberghe

La asesoría, en todo caso, no se limita a las frases. También comparte videos del tipo “Bebé Leo ve por primera vez a su madre y su reacción es imperdible”. El estilo Buzzfeed de las redes del diputado le ha dado réditos: según los informes de su asesor, es el político con mayor cantidad de seguidores en Facebook, luego de la Presidenta Michelle Bachelet. Por 12 informes mensuales de ese tipo, el legislador pagó $15,7 millones en 2016.

El diputado Fuad Chahín (DC)tiene varios informes cuya utilidad es cuestionable. CIPER encontró tres: uno de abril de 2016 firmado por la Sociedad de Profesionales Jurisdicción, la que cobró $980 mil por un documento de dos páginas donde solo se enumeran supuestos trabajos realizados, pero de cuya ejecución no hay constancia. Del mismo estilo es el de mayo de 2016, elaborado por el Centro Democracia y Comunidad, ligado a la DC, y que costó $1 millón: en dos páginas comunica que el asesor asistió a comisiones y coordinó el trabajo parlamentario. El informe de agosto de 2014, confeccionado por la Sociedad de Profesionales Jurisdicción, es un documento de cinco páginas donde se acumulan recortes de diarios. Se pagaron $3 millones por ese trabajo.

Nicolás Monckeberg (RN) canceló $6,4 millones por cuatro informes casi vacíos. Elaborados por la Constructora e Inmobiliaria Manresa Chile entre septiembre y diciembre de 2016, tienen entre dos y cuatro páginas en las que solo se anuncian minutas y oficios elaborados para el diputado, pero no se adjunta ninguna, por lo que es imposible saber si efectivamente se realizaron.

En diciembre de 2016, Monckeberg le encargó al Grupo Electa medir su desempeño en redes sociales. El documento, que tiene diez páginas, solo contiene una descripción del diputado y hojas en blanco con un bloque rojo que anuncian su presencia en redes como Twitter o Facebook, pero donde no aparece ningún dato. Solo en las últimas dos páginas hay un plan de trabajo para 2017. Por ese informe la Cámara pagó $2,4 millones.

Susana Pozo Pizarro, es Periodista (UCh), Magíster en Información Económica. A nivel profesional ejerció en formatos de Televisión, Radio, Periódico y Revista. También se desempeñó en Comunicación Corporativa y culminó su carrera como Editora y Columnista del sector de Economía en Diario “El Mercurio” de Valparaíso. Hoy es columnista del Semanario “Tiempo” de La Serena y maneja este sitio para analizar la actualidad así como otros temas de interés. No estamos acercando a 1.800 seguidores en twitter y un número significativo que nos siguen a través del contacto directo y de correos. Nuestro interés es otorgar análisis independiente y acogemos co9mentariods que pueden observar enfoques distintos y opuestos al nuestro.

Susana Pozo – who has written posts on Agenda Alternativa.


Agregar un comentario