Encuesta Cadem reprueba actuar de Encapuchados

88% de  los consultados pide ley para reprimirlos

Endurecer el actuar de Carabineros,  tramitar una Ley Antiencapuchados y un sorpresivo apoyo a las fuerzas policiales  son algunos de los resultados de la Encuesta Cadem difundida ayer.

 El sondeo se focalizó en los violentos  hechos ocurridos en Valparaíso el pasado 21 de mayo y auscultó sobre responsabilidades y  atribuciones que se estiman necesarias para controlar la  ocurrencia de movilizaciones que culminan con estos excesos.

Un 69% de los participantes manifestaron una desencantada expectativa con respecto a la erradicación de la violencia y atribuyó

una mayoritaria (69%) responsabilidad al Gobierno por lo sucedido en  esa jornada.

La sorpresa en esta consulta fue el respaldo del 64%  a la labor de Carabineros y esa cifra se eleva a un 84% cuando se  les  consulta por la labor que cumplió en esa jornada del Cuerpo de Bomberos.

Desde nuestra opinión si la encuesta   hubiese  focalizado  la muestra en Valparaíso, no cabe duda que el guarismo adhiriendo a bomberos hubiese sido mayor. Es una ciudad permanentemente amenazada por el fuego y  aún está en la memoria colectiva la devastación ocurrida en 2013.

Agreguemos a eso que los dos incendios,  producto del vandalismo desatado el 21 de mayo, fueron en una avenida que ha ido sistemáticamente perdiendo su patrimonio arquitectónico y  esta vez el carácter intencional que tuvo el fuego, sólo en  un afán destructivo.

Un 44%    estimó  que en futuras  celebraciones del 21 de mayo el Gobierno no debiera autorizar estas manifestaciones, en tanto que un 88%  apoya la tramitación de una Ley Antiencapuchados.

Un 67% cree que  Carabineros debe endurecer su gestión y un guarismo similar piensa que poco, nada y algo de lo sucedido es de responsabilidad de Carabineros.

54% considera que las fuerzas policiales carecen de los soportes y capacidades para controlar a los manifestantes y  un 57% también estimó que no cuentan con el apoyo del  Gobierno para reprimir los actos de violencia.

Por último, un 77% adhirió a la propuesta gubernamental sobre Control de Identidad, de reciente aprobación en la Agenda Corta Antidelincuencia.

Estos resultados son expresiones ciudadanas que los movilizados, en especial los estudiantes, debieran  tener en consideración para revisar la estrategia de llevar sus consignas  al espacio público  porque la intervención de enmascarados las deslegitima  ante la Opinión Ciudadana

El control de la calle y la mantención del orden responden a un derecho básico para asegurar a chilenos la libre circulación sin que existan temores a ser sobrepasados por  violentistas y poder desplazarse con seguridad.

Ese fue el tema abordado en la columna que redactamos para el Semanario “Tiempo” la semana pasada y que  les invito a  revisar.

¿De quiénes son las calles?

Semanario “Tiempo” al 27 de  mayo de 2016

Muy simple, de quienes se  han ganado el derecho a circular libremente.

Eso es tan prístino, que a quienes delinquen, la ley los priva de  libertad; culpables de accidentes pueden perder su licencia; peatones en estado de intemperancia, son sacados de circulación.

El ciudadano “cumplidor”, quien modestamente aspira a desplazarse sin temores, retrocedió en este constitucional derecho, el mismo que invocaron algunos parlamentarios PS y PC para  objetar el ya aprobado control de identidad en la Agenda Corta Antidelincuencia.

Las calles se las toman los manifestantes y no tendría nada de reprochable si el resto de los chilenos pudiese compartir el libre desplazamiento sin el temor a ser dañado por estas marchas.

Pero la estrategia que ha cobrado fuerza en grupos organizados es hacer relevantes sus consignas generando el caos para la circulación.

Tal táctica fue anunciada ya por estudiantes; taxistas se apoderaron hace unos días del acceso al aeropuerto y usuarios  hasta perdieron vuelos y lo más grave fue el vandalismo que campeó en Valparaíso  el 21 de mayo con una víctima fatal.

Las autoridades tienen el deber de  asegurar la tranquilidad nacional que va de la mano con el control adecuado, normado, de estas manifestaciones, que no las censuramos, pero sí están  contaminadas por una ilegítima confiscación del libre desplazamiento.

 Al Ministerio del Interior, Intendencias y Carabineros les compete garantizar a los chilenos en todos los sectores y barrios que nadie se apoderará de su entorno para protagonizar desmanes, robar, destruir, incendiar, atentar contra propiedad pública y privada y poner en riesgo la vida de las personas.

A excepción de Carabineros que admitió estar inhibido para actuar en protestas, nadie se ha hecho responsable por lo acontecido en Valparaíso. Ni de este sinceramiento policial, que plantea mayor inseguridad al ya manifiesto retroceso  ciudadano para transitar libremente.

Además parece que se olvidó que los encapuchados tienen- por ley- vedada su libre circulación pero en cada manifestación comprobamos cómo se apoderan de sectores para  destruirlos.

Peligrosamente esta estrategia está siendo imitada por grupos pacíficos que también se han dedicado a  bloquear rutas vitales de circulación.

Corresponde en rigor al “jefe” de  Carabineros- el Ministro del Interior-  otorgar las pautas para que la fuerza pública actúe con orientaciones precisas y no contradictorias.

 Esta cartera ministerial tiene en este ámbito otras  dos grandes deudas pendientes: la paz en la Región de la Araucanía- tema al cual no se  dedicó una línea en el mensaje  presidencial- y el combate a la delincuencia que, junto al vandalismo, han coartado el legítimo  derecho de los verdaderos dueños de  las calles: el ciudadano que cumple con todas las de la ley.

Y recuperarlo es  prioritario a si se aplica o anula el control de identidad.