La dura realidad de chilenos, tras la muerte de Eduardo Lara

FOTO: RAÚL ZAMORA /AGENCIAUNO

Tal como sucedió con los hechos y circunstancias que significaron su muerte, el guardia  de la Municipalidad de Valparaíso, Eduardo Lara, fue despedido  ayer  por familiares, amigos y compañeros consistoriales, sin que las autoridades de  mayor nivel se hicieran presentes.

Debían estar presentes porque les asiste responsabilidad en su deceso.

El pasado 21 de mayo, a este modesto trabajador le falló la institucionalidad y además fue víctima del vandalismo y de las señales contradictorias que  el Gobierno central y parlamentarios han enviado en el accionar de la  Fuerza Pública.

“Entendemos” la decisión de los Gobiernos  Central  el no confraternizar con hijos y deudos del Sr. Lara en la ceremonia de despedida: no desean acusar la responsabilidad que tienen por su deceso, donde  hubo una  falta por omisión.

Si Carabineros había recomendado no autorizar  las manifestaciones, si  las autoridades se desentendieron de tal sugerencia y  si no generaron un clima hacia la  ciudadanía llamando a respetar una ciudad patrimonial y consecuentemente la seguridad de las personas quedó al libre albedrío de amenazantes circunstancias, hubo efectivamente una falta por omisión e incumplimiento del deber.

Su inasistencia a las exequias de Eduardo Lara es consecuente con que nadie ni del nivel central ni  del regional ha pronunciado un mea culpa por el descontrol existente el pasado sábado en las calles de Valparaíso.

Algunos de estos hechos comentaremos en nuestra columna del viernes en el Semanario “Tiempo”, así como  plantearemos que está conculcado el derecho de los ciudadanos pacíficos a circular con seguridad y sin el creciente temor  al sentirse amenazados por  la delincuencia y el vandalismo, porque han internalizado que la autoridad está mostrando incapacidad para resguardar la seguridad como deber inherente, una  de las tareas prioritarias del Ministerio del Interior, si pretendemos vivir en democracia.

El Partido Socialista fracasó en su intento de reunir las firmas necesarias para recurrir al Tribunal Constitucional  e impugnar el ya aprobado control de identidad invocando el principio constitucional de libre circulación.

Curiosamente, ninguno de los parlamentarios se ha percatado que hace bastante la  Ciudadanía tiene expropiado el circular con tranquilidad, que  muchas familias deben ocultar su sector de residencia porque está estigmatizado, que hay barrios donde  hasta las fuerzas policiales  se inhiben de ingresar y que otros tantos construyen verdaderas cárceles particulares en torno a sus casas y lo mismo sucede con pequeños comerciantes que abastecen a esos sectores.  Y, por último, que  los hijos de esas familias viven en medio de la amenaza de un clima de permanente violencia, donde además a la vuelta de la esquina está la oferta de la droga.

Apocalíptico escenario es el anterior, pero real, existente y las autoridades con o sin Tribunal Constitucional, está cometiendo- reiteramos- el grave pecado de omisión e indiferencia ante tan dura cotidianeidad, tan lejana de las zonas de residencia de autoridades y parlamentarios y por ello invisible e ignorada.