La Seguridad Ciudadana, ya muy debilitada, enfrenta con el Caso Ojeda su mayor Crisis

Esta es la gran respuesta que hoy necesitan los chilenos ante el violento secuestro sufrido por Ronald Ojeda, el exmilitar venezolano que se encontraba residiendo en el país en calidad de refugiado político.

Porque si se confirma la hipótesis que el secuestrado- sacado violentamente en la madrugada del jueves de su vivienda por un grupo que se identificó como de la PDI- aparece bajo cualquier forma -vivo o muerto- en territorio venezolano significa esto una abierta provocación y transgresión del Gobierno de Maduro a nuestra soberanía.

Eso por el lado de la dictadura venezolana. Del otro, nuestro Gobierno- hasta que no suceda el desenlace con este plagio- lleva a su punto máximo la vulnerabilidad de nuestras fronteras al mostrar extrema debilidad en el control fronterizo y eso facilitó la extracción de un refugiado político sobre el cual pesaba una amenaza  sobre su vida en su país de origen.

Si Venezuela estimó que el exmilitar cometió delitos políticos en su país, estos no están considerados para efectos de su permanencia en tierra extranjera.

De manera que en el caso de Ronald Ojeda ni siquiera procedía una extradición y debía ser respetada su libre circulación por el país que le amparó.

Así, si el Gobierno de Maduro logró regresarlo, está conculcando sus derechos y los de Chile. Comete una doble transgresión de carácter internacional..

Entendemos la necesidad de mantener la reserva que se tiene sobre las indagaciones que practican los organismos pertinentes para dar con el paradero del disidente.

No obstante,  el Gobierno no puede sino ocupar un plazo breve, prudente y acotado sobre lo sucedido y su resultado, fuera el que fuese.

Congruente con su gravedad y las implicancias que tiene en las relaciones internacionales, lo razonable hubiese sido la presencia del Presidente frente a un caso como éste que plantea un conflicto con otra nación. Por circunstancias menores, mandatarios anteriores han suspendido sus vacaciones. Pero las señales que llegan desde La Moneda son de un Gobierno sin la energía coherente con la gravedad del caso.

Venezuela ya cometió ilícitos similares con refugiados en Colombia y España, circunstancias que validaban una mayor protección del militar asilado en Chile.  

Estos últimos meses, en la proximidad de renovación del cargo presidencial al que por cierto Maduro se repostula y pretende correr casi en solitario consciente de su incapacidad para imponerse en elecciones libres, el Gobierno venezolano ha tensionado ya los mezquinos derechos que les resta a sus connacionales, particularmente la Libertad de Expresión y de competir en elecciones libres por cargos políticos.

Todo lo anterior consolida que la tesis más probable sobre el violento secuestro de Ojeda es la que se acerca a la mano gubernamental de la dictadura contra un disidente que se había mantenido activo en sus protestas.

La reacción del Gobierno venezolano frente al plagio ha sido muy equívoca. Diosdado Cabello, el segundo en jerarquía de esa Administración, comentó el secuestro de manera informal y se refirió en tono sarcástico y jocoso sobre el paradero de Ojeda. Eso ya es una señal que la dictadura venezolana no prestará colaboración alguna para saber el destino del exmilitar y tampoco muestra consideración alguna con las relaciones diplomáticas con Chile.

Así no se entienden los países que practican con respeto los acuerdos internacionales y nos preguntamos si nuestra representación o la Cancillería en Chile habrá presentado alguna reacción frente  a tal liviandad.

¿Quién es Ojeda, el disidente de quién muchos chilenos no cuentan con información?  Se trata de un militar que tras  oponerse a la dictadura en su país, sufrió un deshonroso despojo de sus Derechos, aquellos que justamente el izquierdismo apela con tanta frecuencia para justificar lo injustificable. Fue degradado, expulsado de las filas militares y luego detenido arbitrariamente. Encarcelado, en 2017 se fugó y solicitó asilo político en Chile, el que fue concedido a fines de 2023.

Su secuestro ha ocurrido quebrantando toda protección que merece un refugiado que había manifestado sentirse amenazado por el Gobierno de Maduro.

Sin embargo, sus secuestradores accedieron fácilmente a su departamento ingresando como supuestos funcionarios de la  PDI. Muy extraño que la acción se efectuase de madrugada, de manera indigna y que la víctima sobre la cual debió operar un protocolo de protección por haber advertido de las amenazas recibidas que resultase “limpia” en el sentido que no hubo obstáculo para extraer a la víctima.

Desde el inicio de este ilegal operativo, a Ojeda le falló el Estado chileno.

Pero no sólo está amenazada la vida del disidente. También está en juego el prestigio del país  porque si su desaparición permanece sin respuesta, en lo interno es una muy potente  señal de la inseguridad existente y a la que el Gobierno no ha logrado dar respuesta.

Si la víctima aparece tras la frontera chilena, el Gobierno dará muestra de una evidente debilidad en su sistema de Inteligencia y de su incapacidad para proteger su soberanía, aplastada y humillada por un secuestro que resultó exitoso a través de un Operativo burdo y hasta grotesco.

La única salida decorosa es encontrar al asilado, ojalá con vida, una condición difícil en un secuestro no extorsivo, sino claramente con fines políticos y de gran utilidad para el Gobierno de Maduro que, decíamos, aspira a ser reelecto en los próximos comicios para los cuales ya ha cometido ilícitos como la encarcelación arbitraria de su mayor competidora, la activista Corina Machado.

No es aceptable que nuestro Gobierno no llegue a establecer lo sucedido con el exmilitar, su actual paradero y no esté en circunstancia de otorgar una respuesta a la Ciudadanía.

Lo percibido en estas primeras jornadas es que La Moneda se está tomando este grave suceso con la mayor calma.

¿Será que los cargos de mando carecen de la apropiada pericia para proceder?