La Migración de sus Afiliados será clave en la Sobrevivencia de las Isapres

Con variadas esquirlas y muchos capítulos por concretarse se aprobó la Ley Corta de Isapres tramitada para impedir una crisis de proporciones en el sector sanitario. La normativa acordada al final del plazo perentorio que otorgaba la Corte Suprema para el cumplimiento del fallo en devolución de cobros indebidos a cotizantes le ha otorgado oxígeno al Sistema Privado de Salud y a toda la estructura de la Salud. No debe omitirse esto último porque si efectivamente hubiésemos contado con una institucionalidad Pública con el músculo necesario para atender a toda la población, el destino de las aseguradoras hubiese sido más aciago de lo que hoy se presenta.

De manera que no hubo ni salvatajes, ni heroínas, ni Gobierno benevolente ni considerado con los 3 millones- ahora deben ser menos- de personas dependientes del sector privado. 

La demora por 12 meses en dictar esta Ley corta pudo bien reducirse a un mes, si recapitulamos el meollo del acuerdo logrado: el sistema “salvado” con aumentos significativos por 4 años en los precios de los planes.  En rigor, fue un juego de hipocresía en que La Moneda revisó las cartas que tenía a favor para imprimir un fuerte golpe a las Isapres y resolver finalmente que estas compañías deben cancelar la totalidad de la deuda pero quienes deberán evitar su quiebra serán sus propios cotizantes.

Si el Ejecutivo hubiese tenido una consideración con los afiliados, debió aceptar el principio de mutualización que rebajaba el pasivo a US $ 451 millones y la deuda hubiese sido solo costo de las Isapres. Al final éste ha sido un castigo para los afiliados que verán reajustados de manera extraordinaria sus planes en 4 años consecutivos para llegar a costos onerosos.

Sin embargo, el Gobierno también perdió ya que no pudo- por ahora- cumplir su anhelo más apreciado, que era hacer desaparecer a las aseguradoras y conducir todo el rebaño al sistema público.

Eliminar las isapres estaba presente en el Programa del candidato Boric a la Presidencia. Sólo que pocos nos enteramos porque la gran mayoría llega a las urnas desconociendo qué pretende un aspirante a La Moneda hacer con el país.

Mire qué importante es y qué paradójico es que no nos interese.

Pero lo más probable que el Boric Presidente vino a enterarse  durante el debate de  esta crisis que no es posible eliminar estas compañías sin que el andamio sanitario se desplome  completo.

Eso da cuenta de lo feble que es el Programa Boric candidato con contenidos que se reducen a aspiraciones ideológicas sin sustento viable. Hacer desaparecer las Isapres es uno de esos titulares sin sustancia argumental.

Se enteró además el Presidente Boric que los pacientes del Fonasa se autoderivan al sistema privado, si sus ingresos se lo permiten, algunos endeudándose hasta el límite, para lograr una mejor atención en una prestación de tanta trascendencia como es la salud.

Pero  no obstante lo forzosamente necesarias que son las isapres, también perdieron en esta pasada, porque si hubiesen provisionado sus utilidades, no estarían expuestas como lo están ahora a una migración masiva de cotizantes. Y además con esta crisis fortalecieron el propósito del Gobierno de reformular el Sistema. Adicionalmente, con la ley corta les encarecieron los planes,  y no es muy desquiciada la tesis que el propósito sea descolgarles afiliados. Conjuntamente, ante el débil tinglado que a partir de ahora sostendrá a las aseguradoras y la  posibilidad que no sobrevivan a los compromisos financieros  aumentará la presión de  las clínicas y otros prestadores para cobrar la abultada deuda que mantienen impaga.

¿Y los usuarios? Fueron las víctimas del tira y afloja entre el Gobierno y la Oposición, bancada que debió sacar más personalidad para hacer prevalecer, por último, el principio de mutualización y que en rigor fueran las isapres quienes pagaran la deuda y haber tenido mayor soporte para su futura sostenibilidad.

Los afiliados pagarán el alto precio de evitar el quiebre del sistema en el corto plazo, pero su subsistencia sólida y sostenida es una interrogante de amplio espectro.

Esto último a partir del extendido plazo de 13 años que se dispuso para hacer devoluciones a unos 650.000 acreditados.

Es casi una deuda hipotecaria en extensión, pero aun no está claro en qué “moneda” se devolverá. En ¿atenciones? ¿En excesos  pagados una vez al año? ¿Es deuda congelada, no devenga intereses? ¿Qué sucederá con las isapres que no resistirán estas nuevas obligaciones? ¿Los cotizantes serán acreedores balistas en caso de quiebra? ¿Qué sucede si por efecto de insolvencia, una aseguradora logra traspasar la cartera? ¿Se extingue la deuda? ¿La movilidad del afiliado también la extingue? ¿Las alzas extraordinarias en los próximos 4 años son a la base del plan o es un bono que se extingue tras el cuatrienio?

Como su nombre lo señala es una Ley Corta, para sortear la crisis, y como tal es sólo un esqueleto normativo que deberá ser implementado con precisiones para su operatividad.

En fin, por todo lo anterior,  no correspondía el abrazo triunfalista entre los ministros Elizalde y Aguilera tras una votación que nunca estuvo amenazada de caerse. Las advertencias de descuelgue eran solo oportunismo electoral, gárgaras de los diputados oficialistas.

Otro punto negativo que destacar fue el descarado  comportamiento de las Isapres que se sentaron a ver cómo les arreglaban el gazapo, patinazo, entuerto  derivado de su irresponsabilidad y la codicia para mantener cobros que estaban desregulados.

No hubo un aporte por parte de la industria en la solución de la crisis, un mea culpa, unas disculpas por lo que hoy es una incertidumbre que no sabemos cómo concluirá. Esperemos que los mayores ingresos que salgan de los cotizantes logren sostener el sistema, y para ello deberán esforzarse en no generar una migración importante de cotizantes. Las beneficia que  pertenecer al Fonasa no resulta atractivo y que los adultos mayores y pacientes cautivos contribuirán a su masa crítica. Pero también generan costos elevados y por lo tanto, no es tan descabellada la hipótesis levantada en cuanto a que ésta es una trampa del Gobierno para que, sin inmiscuirse, esté gestando la caída del sector.

Esta crisis  comenzó a incubarse en 2019 cuando sus capitalistas retiraron la totalidad de las cuantiosas ganancias dejadas por la inhibición de atenciones debido a la pandemia y no proyectaron que pasada ésta vendría una avalancha de una demanda contenida.

En simple y para rematar este artículo, diremos que esta Ley Corta será muy Larga porque aun le faltan muchos capítulos por enfrentar.

Les dejo con el artículo sobre el mismo tema. Está redactado sobre la marcha, con la ley recién evacuada de la Comisión mixta el miércoles pasado, pero afortunadamente logré coger los elementos básicos de este tortazo sanitario aun inconcluso.

La acorralada Ciudadanía

Semanario “Tiempo” 10/05/2004

Con un humo más bien gris que blanco, la Comisión Mixta Senado-Cámara logró a regañadientes un acuerdo en la Ley Corta de Isapres y concluir en una antesala al debate final el odioso capítulo, primero por miopía y codicia de las aseguradoras, y luego por persistente ideologismo del Gobierno, que mantuvo en vilo todo el Sistema de Salud.

Lo del humo gris es porque será mejor que los cotizantes practiquen realismo y comprendan que  el dinero saldrá por un bolsillo- habrá un reajuste extraordinario de los planes- y entrará por el otro, pero no en contante y sonante: será a 13 años y ya se precisarán las modalidades, una seguramente serán los excesos.

Se dirá que se salvó el Sistema y en eso nos referimos a TODA la infraestructura sanitaria.

Desde nuestra perspectiva, creo que la veremos caminando por una cornisa, porque en las esquirlas dejadas,  observamos un debilitado sistema Fonasa- recibió una migración desde isapres que lo complica –  y a unas Isapres, con una estela de deudas, además de los débitos a cotizantes.  Con prestadores privados a marzo de este año tiene comprometido el emblemático monto  de $ 666.000 millones y presenta ahora una migración consecuencia de esta crisis.

En definitiva, no hay nada que celebrar, es un juego de suma cero, todos pierden y donde los cotizantes fueron los maltratados en esta batalla campal del Gobierno que creía ver la oportunidad de hacer colapsar a las isapres y unas aseguradoras hacer una muy mala apuesta y luego se sentaron a contemplar cómo les solucionaban el tropezón.

Estas compañías primero apostaron  en 2019 a desestimar la rebaja de la tabla de factores para el cálculo de planes. Perdieron al ser ratificada por Tribunales la devolución del diferencial que en estos 5 años ha acumulado la sideral cifra de US $ 1.589 millones, que hoy deben devolver.

El Gobierno, ante el inminente colapso del sistema, debió dejar pasar la oportunidad del quiebre de las aseguradoras. Una ocasión que hubiese sido una vía fácil y directa, sin costos políticos ni tener que enfrentar un Congreso sin mayoría y sin una Oposición obstruccionista.

Terminar con las isapres está en el programa, ese que nadie revisa para decidir su voto, de Boric candidato presidencial.

El que hoy debiera desistir de hacerlas derrumbar demuestra que su programa carece de una mirada integral del complejo sistema sanitario que tenemos.

Las aseguradoras de salud forman parte de una concatenada estructura en  contratos y servicios, donde cumplen un rol sustancial dada la debilidad del otro sistema- el Fonasa- en el otorgamiento de la atención a pacientes en todos sus niveles.

No entremos en disquisiciones. Prefiero en las restantes líneas destacar el abusivo maltrato a los cotizantes, tanto del Gobierno, que instrumentalizó esta crisis a su favor ideológico, como de las isapres, que aprovechó su rol esencial en el funcionamiento integral en el sistema.

En crisis, siempre el aportillado, el acorralado, será el usuario que esta vez vivió 18 meses de angustia.

Otras Noticias

En escalada ha ido el Caso Putre y su trágica marcha de conscriptos que concluyó con un recluta fallecido, un segundo con una de sus manos amputada y un tercero en estado grave. No obstante, La Moneda ratificó en el cargo al Comandante en Jefe del Ejército, General Javier Iturriaga, y desestimó la presión desde los Partidos Oficialistas para que se le removiera. La Moneda explicó su permanencia ante la necesidad de continuar con la investigación de este casi Antuco y para no incrementar el clima de intranquilidad existente. El militar ya relevó a 8 oficiales y suboficiales por su responsabilidad directa en la organización de la letal marcha.

En la indagación están participando el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría. La Fiscalía designó una Ministro en Visita que ha estado trabajando en terreno y el Instituto de Derechos Humanos anunció también una querella por esta tragedia.

El letal ejercicio llevó además a la renuncia del servicio a 114 conscriptos voluntarios. De acuerdo a los testimonios se habrían cometido una serie de excesos, incluidos abusos en el trato y eventuales apremios ilegítimos en los jóvenes. Hubo además omisiones en controles y certificaciones médicas que respaldaran la instrucción militar en zonas de altura y de rigurosidad climática.

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Poco feliz fue el calificativo de “coñete” que aplicó el Presidente Boric a la banca nacional.

La semana próxima redactaremos un artículo de mayor extensión sobre esta reacción presidencial.

Primero precisar que no me declaro en absoluto defensora de la industria bancaria. Por el contrario, y desde una traumática experiencia personal, digo que los bancos nos aman cuando les confiamos nuestros ahorros y nos abandonan al menor tropiezo que ´pueda significar un descrédito institucional, aun cuando el riesgo del cliente fuese responsabilidad al interior de la empresa.

Planteada esta precisión, diremos que el Jefe de Estado no comprende las implicancias del ejercicio bancario y las normas nacionales e internacionales que lo rigen, y que involucran resguardarse de riesgos y proteger los depósitos de ahorrantes.

Entender además que la “coñetería” a que se refiere el gobernante podría explicarse como una simplicidad en la prevención que debe hacer la banca para no elevar los índices de morosidad. Comprender además como opera la tasa de interés cuando el país presenta dificultades para controlar su inflación que son las circunstancias actuales.

Todo ese razonamiento descalifica el adjetivo presidencial.

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A propósito de Inflación, vamos a ese tema.

Su alza sorprendió al mercado; a mí no. El “sorpresivo” 0,5% mensual fue 2 puntos más arriba de lo esperado.

Y además por variables que golpea el bolsillo de los más vulnerables, porque corresponden al rubro de los alimentos básicos y el transporte, por el alza del combustible. ¿Cómo escapan los pobres del precio del pan, con una muy significativa alza, y del transporte que son gastos que a diario deben asumir?

Con estos guarismos, la inflación acumulada en 12 meses llega a un 4% y se distancia de la meta del Banco Central que es de un 3%. Los siguientes meses serán de durísimo esfuerzo para alcanzar ese objetivo propuesto.

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Una muy buena noticia en el sector económico es que el precio del cobre está imparable y ha llegado a los mejores valores de los últimos 2 años. El comportamiento está unido a las señales desde China- nuestro principal comprador- que emprenderá una nueva fase muy activa en su desarrollo. No sucede lo  mismo con la producción del metal rojo que este año ha tenido una caída importante. Este desplome menguará la incidencia del cobre en el PIB anual.

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A los 2 meses avanza la paralización del Puerto de Coronel, donde el grupo de los trabajadores denominados piqueteros- eventuales- bloquean el acceso a las faenas.

La inmovilización de este terminal marítimo está significando pérdidas por más de 1 millón de dólares diarios por las naves que no han podido ser atendidas y las críticas ya recaen en el Gobierno y su pasividad ante este conflicto que significa una gran pérdida económica para el país.

Desde La Moneda, hasta con indiferencia, han precisado que se trata de “un problema entre privados”, sin tener en cuenta que el traslado de producto al interior y fuera de país se circunscribe en una actividad estratégica para los intereses nacionales. Las pérdidas de las navieras que mantienen contratos con este terminal será un tema que seguramente las compañías llevarán a la Justicia, al margen que podría significar la suspensión de los compromisos para ser atendidos en otros terminales.

Lo insólito es que los trabajadores- que no son los contratados impedidos de trabajar- reclaman por la puesta en marcha de un nuevo reglamento en el control del consumo de alcohol y drogas, medida que se adoptó luego de un grave accidente en faenas.

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Hasta el 41% más caro habrían pagado los hospitales públicos en pleno periodo de pandemia por la provisión de gases medicinales como consecuencia de la colusión en que incurrieron las empresas Linde e Indura, productora de gases industriales.

El escandaloso acuerdo lo indaga la Fiscalía Nacional Económica. Las empresas habrían concretado el cartel entre fines de 2019 y se mantuvo hasta comienzos de 2021, con mayores precios y mantención de su cartera de clientes.

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El temporal de lluvia la semana reciente dejó en evidencia la negligente recuperación por parte del Gobierno de la zona y familias amagadas por el incendio en Viña del Mar.

El temporal fue un nuevo golpe para los damnificados que aun permanecen en carpas a 3 meses de la catástrofe. Y también a quienes han recibido las viviendas de emergencia que se llovieron.

Conjuntamente, la Oposición levantó recriminaciones para la vocera de La Moneda Camila Vallejo quien a su inexplicable nombramiento ahora suma su renuncia en medio de cuestionamientos como autoridad de enlace.

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 El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó al líder mapuche de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, a 23 años de cárcel por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, hurto y atentado contra la autoridad.

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Sorpresiva resultó la absolución del excomandante en jefe del Ejército, el general en retiro Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), y su esposa, Ana María Pinochet, en una de las aristas del llamado Caso Milicogate. Según se señaló, la Fiscalía no logró acreditar con rigurosidad las pruebas que inculpaban a la pareja de lavado de activos y para quienes  solicitaban 15 años de presidio. El veredicto  se sustenta en no contar con los antecedentes para acreditar las imputaciones. Hubo de parte de la jueza un fuerte cuestionamiento al trabajo de la Fiscalía y sobre la rigurosidad en el peritaje de las pruebas

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