Nota de la Editora:

Ese artículo fue publicado hace un par de semanas en el Semanario Tiempo en víspera  de la aprobación del Presupuesto Fiscal 2015.

Erario en que las universidades públicas fuimos en retroceso, a  las que el Gobierno aplicó tijera presupuestaria  por aquí y por allá a distintos ítems, a pesar de la promesa ministerial y del Ejecutivo de favorecer a sus planteles estatales. Ese compromiso se fue al tacho de la basura.

¡Cuán fácil es en este país hacer promesas y luego incumplirlas sin ninguna explicación!

Explico por qué afirmo que una vez más las universidades públicas fuimos  las más desfavorecidas. Un monto importante de  dineros fiscales  en el ítem Educación Terciaria (de formación) se destina a las llamadas  universidades tradicionales que integran las Casas de Estudio fiscales- un total  16- y otras que NO SON PÚBLICAS,  sino que se gestaron historicamente al amparo de Fundaciones privadas ( por ejemplo la Universidad Federico Santa María) o por convicciones confesionales, citemos a  las 5 católicas, que en un total  de 9 planteles son mayoritarias. Eso en el sustento de  ser  historicamente colaborativas con la formación de profesionales y  de  generar investigación.

Estas universidades que decíamos suman un total de 9, y a pesar de ser numericamente minoritarias, captan mayores recursos que las  públicas.

Esta última no es una apreciación antojadiza- soy  rigurosa para no incurrir en ello- sino que lo demuestran todos los últimos informes de la Controlaría General de la República que  son cifras y más cifras sobre gasto en educación terciaria. Este  Informe está a disposición de todo ciudadano, les  invito a  informarse sobre esta materia. El último documento-correspondiente a 2013- el organismo contralor es explícito en advertir que proporcionalmente, quienes más  se adjudican fondos del Estado. son  estas universidades que sinceremo, son  y funcionan como privadas. Con todas las libertades que  las  instituciones privadas pueden  funcionar en este país.

Eso, a diferencia de los organismos públicos y particularmente las universidades públicas, que  recibimos mayoritariamente estudiantes de los primeros  deciles, es decir de  más escasos recursos (y en buenahora), que debemos por tanto, mayoritariamente también,  hacernos cargo de  las deficiencias provenientes de la educación pública primaria y secundaria (esa que está en segunda  prioridad en la Reforma Educacional) y que, aunque felizmente cumplimos  un gratificante rol social, debemos redoblar los esfuerzos para sacar adelante a nuestros alumnos.

¿Y como lo hacemos? bailando con la fea, porque como instituciones fiscales estamos limitadas por  el burocrático, complejo y mezquino aparataje fiscal que nos demanda resultados en plazos que no responden a la lógica de la base con que muchos de nuestros  alumnos llegan a los planteles, con magros fondos y con sistemas como Chile Compra, que sólo dificultan la gestión.

Las Universidades Tradicionales No Estatales (UTNE) léase por tanto PRIVADAS,  el también llamado G-9, iniciaron toda una cruzada de lamentos y llantos para lograr aun más recursos que  los ya asignados, y reclamaron una irracional lógica de  la igualdad de recursos con los planteles  públicos. Y finalmente se  apoyaron en el lobby, en la  Iglesia, en lo confesional y en los políticos, cuyo discurso  de estar con los más pobres, necesitados, lo público y sus regiones, son  sólo fuegos artificiales a la hora de  conseguir  votos. Duran sólo la euforia de  un fuego artificial.

¿Ve que los poderes fácticos están en su apogeo?

El Estado ¿respalda a sus Universidades Públicas?

El Gobierno no sólo asignó reducidos reajustes en las principales glosas presupuestarias para el 2015. También el Ministro Eyzaguirre no cumplió su cacareada promesa  de otorgar trato preferente a  las universidades fiscales.

Un suplemento para corregir los  menguados aportes iniciales,  los 16 planteles públicos han debido compartirlo con las Universidades Tradicionales No Estatales (UTNE), el llamado G-9, que integran 5 universidades católicas y otros 4 planteles, que  funcionan bajo el cómodo y flexible patrón privado.

Entendemos su labor docente y de investigación que habilita al G-9 en acceso a algunos  fondos públicos, pero su pretendida y lograda aspiración de igualarse con fondos para planteles estatales no es justificable toda vez que disfrutan del amparo institucional del  Vaticano y otras organizaciones que las favorecen con sus aportes.

Para acceder a  mayores recursos gubernamentales las UTNE se apoyaron en el lobby de la bancada DC que preside el diputado Matías Walker, que terminó por  quebrantar la promesa ministerial de fortalecer a las universidades públicas, como  deber prioritario y ético del Estado.

Eyzaguirre nunca  debió entrar en explicaciones en este incumplido compromiso de focalizar la inversión en planteles  públicos porque es connatural a todo Gobierno hacerse cargo de “sus” universidades, aquéllas que deben lidiar con las normativas, la burocracia y las limitaciones del aparataje estatal; a las que somete a variadas  exigencias que se suman versus un presupuesto que cada año es regresivo.

Debiera ya quedar atrás la presión por un  reparto “equitativo” y “no discriminatorio” que reclaman las UTNE ¿Qué es eso?

¿Qué diríamos si mineras, isapres, salmoneras, afp pasaran el platillo en La Moneda?

Los parlamentarios tampoco se desvelan por el financiamiento de los planteles públicos. El padrinazgo de la bancada DC hacia el G-9- que la entendemos como un gesto de afinidad confesional-  se  hizo bajo el amparo de la tradicional demanda de los congresales oficialistas en los preámbulos del diseño final del Presupuesto de la Nación 2015.

Nos  hubiese gustado que el diputado Walker hubiese priorizado y ocupado sus contactos para lograr mayores recursos para la única  universidad estatal de “su”  región, la ULS.

La “inequidad” a que apeló el G-9 para presionar por  más fondos  fiscales no es tal. Por el contrario, la Contraloría, en su último Informe sobre financiamiento terciario, es explícita en señalar que proporcionalmente el G-9 es el sector que recibe más aportes  procedentes de todos los chilenos.

¿Y la promesa ministerial de trato preferente con universidades fiscales?: Eyzaguirre la escribió con la mano y la borró con el codo.

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Claro que no, respondo al tiro. Especialmente los  planteles regionales: somos cola de ratón. Lo decimos a propósito de los recursos asignados para  el 2015.