Vicisitudes de dos designaciones

El próximo nombramiento del nuevo Fiscal Nacional, que debería concluir  este jueves,  ha ratificado una vez más que la clase política vive en una burbuja: con sus propios códigos y decisiones de las cuales  destierra hasta lo políticamente correcto y muestra una gran indiferencia frente a la opinión ciudadana que es a la que al final se deben.

Señalo lo anterior no sólo por las inhabilitaciones a que debieran cohibirse aquellos que están en proceso persecutorio, el mismo que deberá continuar el propio fiscal que tienen ahora  la responsabilidad de elegir.

El tema ya lo abordamos en un artículo anterior, y a tal cuestionamiento se suman las polémicas entrevistas que en privado han estado sosteniendo los candidatos con algunos parlamentarios.

Tales reuniones exceden toda prudencia tanto de parte de los senadores como de los candidatos, aun cuando el actual Fiscal Nacional afirmó que es aceptable que esos acercamientos se produzcan y  no tienen nada de contraproducentes.

No obstante, en resguardo de la transparencia, hubiese sido recomendable que tales encuentros se realicen al interior del Parlamento y no en la residencia de los parlamentarios.

Hubiese deseado el Senado en pleno preocupados de escuchar  exposiciones públicas de los 5 candidatos ya seleccionados por la Corte Suprema, entre los cuales la Presidenta Bachelet propondrá un nombre para ser votado por la Cámara Alta.

Así, la totalidad de los congresistas que se sientan habilitados para pronunciarse con respecto al aspirante, podrán hacerlo en propiedad, ya que dispondrán de todos los antecedentes  necesarios para resolver.

Pero las entrevistas, algunas de las que han trascendido,  se han hecho en la reserva de una reunión privada, al calor de un cafecito, bipersonales y por tanto la ciudadanía ignora cuál fue el testeo parlamentario: ¿La idoneidad para el cargo? Hoy, cuando la opinión Pública se siente en la indefensión frente al escandaloso incremento de delincuencia y se requiere de un persecutor que aporte capacidades para  hacer una propuesta que fortalezca una labor debilitada en el combate al delito, los chilenos quisieran  constatar la acuciosidad de los senadores para indagar en los postulantes esas competencias

Una entrevista entre 4 paredes,  sólo a algunos de los candidatos y sin que la temática de lo conversado trascienda, no es lo más recomendable y a la Opinión Pública  le cabe sospechar una suerte de lobby al desconocer los asuntos tratados.

Otro trajín censurable en este proceso de designación del nuevo Fiscal han sido los vasos comunicantes entre el Oficialismo, desde el Poder Ejecutivo al Legislativo, con una ministra de Justicia, Javiera Blanco, oficialmente mandatada por la Presidenta Bachelet para sondear entre los senadores de la Nueva Mayoría, los nombres de los postulantes que concitaban consenso.

¿Y dónde queda la propia decisión presidencial y la autonomía del Legislativo para resolver en propiedad, en uso de sus atribuciones?

Posiblemente no quiere La Moneda atravesar por el “supuesto” bochorno que pudo haber significado el frustrado nombramiento como Contralor de Enrique Rajevic, pero el tal fracaso no hizo sino expresar el real ejercicio democrático de independencia de los Poderes Públicos.

Con el  sondeo de la ministra Blanco, la Moneda no hace sino trasgredir esta autonomía.

Ha sido igualmente  condenable en las negociaciones de este nombramiento las intenciones que hubo para combinar ambas designaciones que no hubiesen tenido otro fin que ajustar las votaciones de una  u otra nominación para alcanzar el quórum necesario en el caso de Rajevic.

Jefes de Partidos Políticos han  desmentido hoy tal intención y si la resolución del Senado así como la de la Presidenta fue finalmente separar ambos procesos no elimina tal sospecha.

Del mismo modo, ha sido criticada la decisión del senador Fulvio Rossi en momentos que está afecto a licencia médica para concurrir con su sufragio y otorgar el quórum en la elección de Rajevic.

En todas estas situaciones los parlamentarios han manifestado estar amparados por la legislación. Ergo, será necesario que revisen tan débil normativa. El problema es que el Parlamento es el dueño de las leyes y contamos con una Constitución que otorga enorme atribuciones presidenciales y un Parlamento enfeblecido por un dictador que apostó permanecer más periodo en el poder y que a los sucesivos gobiernos democráticos le ha resultado cómoda.

Tan confortable es que este cuerpo legal otorga luz verde para traspasar lo políticamente correcto y poder cometer todas las licencias  que  comentamos en este artículo.