Por sexta vez, el  Ministerio de Educación ha  desplazado el proyecto que lleva a desmunicipalizar la educación básica y media  fiscal, tras el anuncio de la propia Ministra del sector para que el proyecto se continúe socializando, antes de ser llevado al Congreso dentro de 2 meses.

Nuestra estimación es que tratándose de un proceso complejo, el Gobierno no desea adicionarse  más  problemas de los que ya tiene y ha optado por priorizar iniciativas  de mayor adhesión ciudadana como la  Ley Pro-Aborto, que ya analizaremos.

Del mismo modo quedó  postergada la Evaluación Docente, a propósito del prolongado paro del profesorado, que significó 2 meses de  confiscación del Derecho a la Educación de los niños con  menores recursos del país.

El balance de ese movimiento lo analizamos en una columna publicada en el Semanario “Tiempo”. En el artículo dimos cuenta de lo infructuoso que significó para el país y todos los involucrados en particular en esa movilización.

Dejamos ese análisis a disposición de nuestros lectores.

Ni pírrica ni suma cero

Artículo publicado en Semanario  “Tiempo”  el 31 de julio de 2015

Por fin sonó la vieja campana- que ahora la remplaza un anodino timbre- y  los niños pobres reiniciarán sus clases, tras dos meses que los profesores detuvieron su labor  para oponerse al proyecto docente que hoy se debate en la Cámara Baja. La movilización no logró botar la propuesta que el Gobierno presentó como la segunda fase reformista.

La pelea que dio el magisterio resultó por tanto infructuosa y de altísimo costo donde una vez más estuvo ausente la preocupación por la calidad educacional o como quieran denominar al proceso que otorgue mejores  e igualitarias oportunidades a las nuevas generaciones.

Ni victoria pírrica ni juego de suma cero hubo  tras esta movilización que sólo sumó perdedores, y entre los principales por cierto fueron los niños de más escasos recursos a quienes se les expropió por 60 días su derecho a la educación.

¿Cuántos otros caídos hubo en el campo de batalla? Todos los restantes actores: los profesores, que aunque lograron modificar el proyecto inicial, han insistido que no están conformes con el proyecto que ahora examina el Parlamento.

También la estructura y cohesión gremial de  los maestros quedó profundamente dañada, con un sector disidente que terminó llevando la batuta de la movilización y un presidente que no logró aglutinar a su organización en la demanda, tras demostrar vaivenes entre la calle y La Moneda.

El propio Gobierno  es un gran vencido porque ha enviado a  discusión parlamentaria una propuesta que no ha logrado sintonizar y cohesionar  entre su propio conglomerado y  por tanto inicia ahora una ruta incierta y compleja en el hemiciclo.

Los propios padres y apoderados- tras la paralización de dos meses- estarán aún más convencidos que no es una opción atractiva matricular a sus hijos en el sector municipal.

Convertir a la educación estatal en un eje pivote y de mayor fortaleza debió ser un objetivo prioritario superior en esta cruzada reformista. Significaría recuperar un sector que a muchos nos brindó una educación de excelencia. El Gobierno no planteó este propósito como una primacía y este prolongado movimiento terminó por poner la lápida a tal posibilidad. La propia Ministra de Educación cuantificó la deserción desde planteles fiscales en 1.590 alumnos como consecuencia de este paro.

Esta movilización concluye por tanto en un clima crispado, de gran incertidumbre, desconfianza e  insatisfacción, todos calificativos que  desfavorecen el buen término a que debe arribar esta segunda etapa de la Reforma Educacional que requiere el país.

Y particularmente persiste en muchos la duda sobre si los cambios que se pretenden alcanzar beneficiarán a niños y jóvenes cuyas oportunidades están sólo cifradas en una buena educación.

Esto último conecta con el objetivo final, que es avanzar hacia opciones igualitarias para el sector de menores recursos del país.