Los mitos en distribución de platas fiscales en las universidades

¿En qué universidades se gastan las platas fiscales?

Que el Gobierno privilegia a las universidades estatales en la distribución de dineros públicos, que las universidades privadas asociadas al Consejo de Rectores están recibiendo un trato inigualitario en  ese acceso financiero y que los estudiantes retroceden en aportes provenientes de la misma fuente son 3 mitos que  han instalado quienes pujan por obtener recursos de Papá Fisco. Tales mitos  se derrumban con la cuenta  que todos los años entrega la Contraloría General de la República.

Por el contrario, las 9 universidades del CRUCH reciben proporcionalmente más fondos que las estatales y los estudiantes en el reparto integral de la torta presupuestaria se llevan más del 70% del total.

Que hoy se estructura en forma de crédito, por cierto, pero eso va en vías de modificarse con la gratuidad que es de esperar llegue efectivamente a quienes careciendo de recursos se hacen merecedores de ingresar a un plantel universitario.

Y eso debiera ser en condiciones  igualitarias para todos los planteles que queden seleccionados  en esta primera etapa de gratuidad.

A qué universidad se dirigen las platas de todos los chilenos  es un tema de plena vigencia este 2015, a propósito que el mes  próximo comienza a ser debatido el proyecto sobre gratuidad universitaria promesa de campaña electoral, y porque su discusión se hará en medio de un bloque oficialista muy tensionado en sus fuerzas internas, con un ajuste presupuestario que ha reducido la universalidad de este compromiso, con presiones provenientes de  todos los estamentos de la Educación Superior, con estudiantes movilizados y planteles paralizados en su quehacer.

Nada muy auspicioso para este tema que es complejísimo, porque supone considerar una multidimensionalidad de criterios, una confluencia de factores, acciones y enfoques que deberán armonizarse de manera correcta para llegar al fin  deseado que es lograr que todo el sector terciario de la Educación se constituya en activo y válido referente en la estrategia del desarrollo país. Explicar eso  de manera simple hacia la opinión pública es complejo. 

Desde ya, estimo que las universidades estatales debieran alzar la voz muy fuertemente para advertir cómo  las decisiones que el Gobierno adoptó ya a partir del Presupuesto 2015 restó dineros a las fiscales para realizar el histórico rol articulador que han protagonizado en la formación de las nuevas generaciones de profesionales, y en su dinámico aporte en la investigación, en la innovación y en el desarrollo cultural del país.

Tareas  todas las mencionadas que se observan como una gran omisión en las universidades privadas, fuertemente focalizadas en  el pre y post grado que han estructurado, en la gran mayoría  de estos planteles, con la estrategia de un negocio.

Circula una declaración de académicos pertenecientes a universidades estatales  que manifiestan en vísperas del debate que generará el proyecto sobre gratuidad, su preocupación por estas materias y particularmente por la pérdida de este rol esencial de las universidades como activas participantes en la estrategia socio-económica del país en el largo plazo y en la recuperación también de un Chile pensante y de mayor fortaleza cultura. Esto último, sustento básico en el progreso de Chile y preocupante que esté en retroceso como movilidad social y aporte a la Democracia.

Hicimos este preámbulo porque no es un tema menor el retroceso que experimentan  las universidades estatales en materia presupuestaria- foco de este artículo- en contraposición a las mayores obligaciones para cumplir compromisos y normativas que a las privadas no se les exigen.

Tal asimetría sitúa a los planteles públicos en una desigualdad preocupante, en tanto avanzan las presiones de centros privados para requerir  dineros del Estado, paradojicamente bajo la premisa de una igualdad inexistente y que va en detrimento de las universidades tradicionales.

Así se concluye tras la lectura del siguiente informe, elaborado a partir del completísimo documento de la Contraloría, del cual destacamos sus elementos base.

Agregar antes de desglosar el informe, y a riesgo de dispararme en los pies por mi condición de académica universitaria, precisar con justicia que en la distribución de fondos, estos privilegian a las universidades que en 2014, el periodo que analizaremos, se llevaron el 76% de los fondos  en tanto los Institutos Profesionales (IP) y los Centros de Formación Técnica (CFT) se quedaron con el 24% del total asignado.

Pero- también en rigor a la objetividad, digamos que los IP y los CFT constituyen un universo heterogéneo en cuanto a calidad y pertinencia de las carreras que ofrecen, así como en su infraestructura y equipamiento. En particular los CFT logran concentrar alumnos de bajo nivel socioeconómico, cuyas familias con enorme esfuerzo les financian carreras, algunas de  dudosa demanda en el mercado laboral, así como los IP y CFT de  mayor calidad resuelven la especialización de jóvenes con efectivas oportunidades de empleos.

Compartimos por tanto que en estos planteles, y también en las universidades, debiera exigirse por  parte del Estado niveles básicos de calidad para acceder a dineros públicos, particularmente, en  las circunstancias que ha  sincerado el Gobierno sobre limitación presupuestaria que obliga a aplicar criterios para la entrega del beneficio.

Tampoco a los estudiantes  el Gobierno les exige mayor compromiso, como puede ser  el rendimiento aceptable en sus preparación y que en definitiva los recursos que se les otorga no signifiquen una pérdida de dinero que proviene de todos los chilenos.

También ellos por paradoja, han  protagonizado hasta ilegítimas presiones, como lo es la ocupación de los planteles  para impedir el desarrollo de las labores  propias de una universidad, en demanda de  crecientes fondos Ahora han sumado presión por una participación en el destino integral de estos centros de estudio.

Esto último, que es un complejo asunto pendiente, debiera ser enfrentado desde la perspectiva responsable en la preocupación por el desarrollo de los planteles, pero preocupa que la mirada estudiantil sea asumida desde la lógica de espacios de poder  por sobre el estamento académico.

Un plantel universitario no representa un laboratorio de práctica en el ejercicio del poder político- cualquiera sea el tinte ideológico que conlleve- Por el contrario, la comunidad académica debiera confluir hacia un espacio de deliberación armónica en beneficio de una correcta gestión administrativa y académica.

Desde esa perspectiva, bienvenida sea la gobernanza compartida. 

Preocupa que el Gobierno aun no se pronuncie sobre esa materia, a pesar que está siendo motivo de  conflicto al interior de las universidades y eso ha sido muy irresponsable de parte de la actual Administración del país. 

Informe de la Contraloría

Nuestro artículo se concentra exclusivamente en el análisis del uso de dineros  públicos en  las universidades. Hemos excluido las  glosas de los IP y CFT para mantener un eje conductor del tema enunciado.

Para  contextualizar,  la información siguiente, precisemos que  son 60 los planteles de enseñanza universitaria del país, desglosados en 16 estatales, 9 privados pertenecientes al Consejo de Rectores y 35 creados a partir de la privación de la Educación Superior.

La clasificación  de Privados pertenecientes al Cruch no es antojadiza ni personal: llama la atención que es la propia Contraloría así los denomina a partir del Informe 2014  y asume por tanto que efectivamente se trata de 9 planteles privados, 7 de los cuales  su  origen  está vinculado a la Iglesia Católica.

La cuenta de Contraloría tiene la virtud de la objetividad porque nos nutre de información cuantitativa del destino de los presupuestos fiscales en Universidades en cada ejercicio anual.

Todo lo que se diga en contrario, para la tele, los diarios, las radioemisoras y las redes  sociales, lo desmiente este informe, desprovisto de toda intencionalidad política.

El de 2014 reitera el retroceso a que aludíamos de las universidades  estatales en la obtención de recursos, realidad que  se contradice con el discurso político de privilegiar a  la educación pública.

Tal afirmación- a nuestro juicio- es sólo funcional como eslogan proselitista y no se ajusta a la realidad, tal como es posible concluir  del balance contralor.

Los fondos fiscales destinados a la Educación Superior representaron el 4,2% del total del gasto fiscal 2014 con un aumento  del 12,6% en relación al ejercicio anterior.

El informe contiene  dos glosas fundamentales: 1) aportes dirigidos a estudiantes y 2) recursos que se entregaron a las instituciones.

Entre los 10 planteles  que captaron mayores recursos, comprendidos fondos  estudiantiles e institucionales,  se benefican sólo 2  universidades fiscales (UCH y USACH). El restante Club de los más privilegiados con recursos fiscales lo integran 4 Privadas asociadas al Consejo de Rectores (de Concepción; Pontificia Universidad Católica; Católica de Valparaíso y Federico Santa María) y otras 3 Universidades Privadas (Andrés Bello, San Sebastián y Santo Tomás)

¿Dónde está el “privilegio” para instituciones estatales? No lo capto ni lo leo.

Asimismo derribemos el mito de estudiantes como estamento desfavorecido- alegoría que prevalece en la Opinión Pública- porque el documento contralor da cuenta que, por el contrario, el 71,3% de los fondos  lo reciben los alumnos.

En materia de aportes directos a las instituciones, los planteles se quedan con el 28,7% restante.

Aportes a Estudiantes

En cuanto a entrega de  créditos estudiantiles, proporcionalmente lideran la captación de  fondos las Universidades Privadas del Cruch, (UPCRUCH) que siendo sólo 9 y con una matricula del 11,9% del total, reciben el 15,9% del total destinado a Créditos con Aval del Estado (CAE).

Las 16 estatales, con  un 15,5% de  la matrícula, logran el 14,4% de esos mismos  recursos, en tanto los 35 planteles privados se  llevan el 51,3% para un universo estudiantil del 31%.

Por tanto, el liderazgo proporcional de captación de recursos se sitúa en las Privadas CRUCH.

En Fondo Solidario, que se reparte sólo en  los planteles agrupados en el Consejo de Rectores, se produce similar concentración porque el 53,1% de esos dineros los reciben las 9 universidades privadas, en  tanto las 16 estatales- casi el doble- se quedan con el  46,9%.

Otros elementos que es posible inferir de este informe en lo correspondiente a  las glosas de aportes a estudiante es que 7 universidades privadas (A. Bello, San Sebastián, Sto. Tomás, Las Américas, Mayor, Diego Portales e Inacap);  3 Instituto Profesionales (DUOC UC, AIEP e Inacap), además de  dos Centros de Formación Técnica (Inacap y Santo Tomás), superan los aportes a estudiantes de 8 de los 16 planteles públicos.

En el ranking de los 10 con mayores aportes, tras el liderazgo que mantiene la Universidad de Chile, son dos privados los que se sitúan en segundo y tercer lugar: Universidad de Concepción y PUC.

Entre los 30 planteles beneficiados con los mayores aportes, hay 5 privados, y de gran “pedigree” ( A. Bello, Los Andes, Adolfo Ibáñez, Diego Portales y del Desarrollo).

La Contraloría advierte que entre las 30 instituciones rankeadas con mayores dineros fiscales se sitúa la Universidad de las Américas, cuya acreditación venció en octubre de 2013 y que 17 centros de carácter particular que accedieron a estos fondos no cuentan con esta certificación que acredita condiciones básicas de calidad.

Becas de Arancel

En becas de arancel, una información relevante es el significativo incremento experimentado en entrega de fondos fiscales, un 20% con respecto a 2013 y del 56% en relación a 2012, considerando el conjunto de  10 diferentes asignaciones  nominadas bajo el concepto de becas, incluida una nueva que es asignación exclusiva para alumnos de la Universidad del Mar y que se  otorga a la reubicación en otros planteles de estudiantes proveniente de este negociado.

Las Universidades privadas del Cruch a su vez lideran el subsidio becario titulado “Vocación de Profesor” destinado a estimular alumnos de buen rendimiento en la carrera docente.

El Instituto Aiep sobrepasa en montos de becas a 15 de 16 universidades estatales y el Centro de Formación Profesional de Inacap supera a 14 de los 16  planteles públicos.

Aportes Directos a Instituciones

En aportes directos a instituciones, que reciben sólo los planteles CRUCH,   el 54,8% se destina a las universidades estatales, en tanto que en las Privadas CRUCH se concentra el 39,7%, favoreciendo  a estas últimas nuevamente la proporcionalidad.

Destaquemos que  del total de esta glosa, sólo dos planteles metropolitanos- la Universidad de Chile y la Católica-  recogen el 34,7% del total.

Hay 2 aportes exclusivos para la Universidad de Chile (UChile y Onemi).

Una de las finalidades en el otorgamiento de la beca exclusiva Universidad de Chile es el desarrollo cultural, como el apoyo a su Orquesta y otras actividades de extensión. Una justificación que  estimamos más valida para universidades regionales, como un gesto de voluntad para desconcentrar y permitir el mayor desarrollo cultural en regiones.

Lo cierto es que esta  Beca se observa como un odioso y centralista privilegio.

En asignaciones dedicadas a la investigación nuevamente lideran las 9 privadas del Cruch, con  47,1% del total, seguidas por las 16 estatales, con un 46,8% del total. El 6,1% restante se lo adjudicaron las privadas que nunca han dado muestra de  vocación por la necesaria investigación como un aporte al desarrollo del país. El plantel destacable en el segmento privado es el Andrés Bello, que supera con asignaciones a 4 privadas del Cruch y a 13 de las estatales.

Fondo de Desarrollo Institucional

En Fondos  de Desarrollo Institucional (FDI) cuya finalidad  es el mejoramiento de la gestión y de la calidad académica, una vez más  se concentra en las 9 privadas Cruch, con un 44,4%  en tanto  las 16 fiscales reciben el 26,2%.

En Fondos basales, dirigidos a renovación con cumplimiento de resultados, el 57,5% se los llevan los centros públicos y  el 42,5% es para los 9 privados del Cruch.

Gobierno Regional

En aportes de Gobiernos Regionales (Gore) digamos que la Universidad de La Serena recibió un 1,6%, guarismo que no se sitúa como uno s poco dadivoso en aportes de la propia región a su universidad. Mayor fue el aporte recibido por la Universidad de Chile, que resultó favorecida con un 7,4% del Fondo GORE.

La danza de cifras del acucioso informe de Contraloría es mayor a lo desplegado en este texto.

Adicionar más información generaría confusión porque  mucha de la documentación omitida  corresponde a subglosas y/o fondos menores.

Recomiendo, a quienes deseen conocer mayores detalles, ingresar a la página de la Controlaría y obtener el documento para una mayor visión integral con la lectura de gráficos del ejercicio fiscal en materia de Educación Superior.

Pero como en años anteriores,  reiteramos la conclusión en cuanto a que no son las universidades estatales quienes captan los mayores fondos como en reiteradas ocasiones lo han promovido a través de medios de comunicación principalmente los planteles privados afiliados al Cruch.

Hemos escrito sobre el particular y les adicionamos los link:

http://agendalternativa.cl/perdon-ahora-si-se-puede-leer/   

http://agendalternativa.cl/discriminacion/

Son entidades que se benefician de cuantiosos recursos privados. Cuentan además con la flexibilidad suficiente para una gestión financiera autónoma, a diferencia del traje a la fuerza que oprime a las universidades fiscales en la administración de sus recursos.

Desde ese contexto, estas asimetrías plantean una distribución inigualitaria, pero hacia los planteles fiscales, en contradicción a lo divulgado hacia la Opinión Pública.

El debate sobre gratuidad puede imponer nuevas  normas a los planteles fiscales, como la prevista regulación arancelaria.

Agreguemos que estos planteles concentran los estudiantes más vulnerables y provenientes de la educación municipalizada.

Otro elemento que debiera ser revisado se vincula a la labor que cumplen las universidades estatales regionales, donde se forman aquellos profesionales que luego prestarán servicio en su zona. No existe beca, reconocimiento, asignación ni nada parecido que premie tal labor: un criterio que debiera considerarse en el postergado proyecto de descentralización.

Esa es una tarea pendiente en la denominada bancada regional del Parlamento.

En el Informe Contralor hay elementos suficientes que pueden servir de insumo para que el Gobierno y el Parlamento legislen en propiedad y hacer realidad esa consigna aun carente de contenido: que “la Educación es un Derecho”. Mientras las oportunidades no sean igualitarias y los dineros públicos no se asignen en las necesidades correctas, ese eslogan seguirá siendo una frase de falaz marketing.