La Cultura de la Impunidad y de la Desigualdad

El ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, ha continuado destapando la olla en el  escándalo que sacude a la política y que está excediendo la tipificación en los Casos Penta, Soquimich y Caval, para ratificar con sus denuncias  la sólida trama de  impunidad que por décadas ha protegido en Chile a los poderosos, incluidos grandes consorcios y políticos.

En efecto, Vargas ha contribuido a que con propiedad se logre establecer que en el país opera la Cultura de la Impunidad, de la Desigualdad y del Privilegio para quienes desde sus cargos o con su dinero persisten en constituirse en la casta inmune a las rigurosas normas, reglamentos y leyes que se aplican a “los chicos”, como denomina este profesional a los contribuyentes a los cuales se les aplica con severidad la norma tributaria, para diferenciarlos de los poderosos quienes han operado bajo el amparo de la    mano suave y benévola del SII que sólo les llama a rectificar y no  les procesa cuando  configuran el dolo tributario. 

Es en esa etapa donde se expresa la Cultura de la Desigualdad, como resultante del diferente trato, según la calidad de los contribuyentes.

Y ese es un antecedente curioso, porque en el Servicio de Impuestos Internos existe una División de Grandes Contribuyentes, destinada de manera exclusiva a revisar con acuciosidad a empresas y personas que por la cuantía de su patrimonio y actividad están sujetos a generar declaraciones de impuesto de mayor complejidad. Y por lo tanto, podrían dar curso a grandes evasiones.

Pero pareciera que- según la denuncia del abogado Vargas en extensa entrevista al diario electrónico “The Clinic”- hubo un abandono, descuido u omisión en esas tareas específicas. No obstante, según su relato emanado de la experiencia de 20 años de labor  en el SII, el trato indulgente lo generaron las presiones ejercidas desde el mundo político hacia un servicio que por la naturaleza de sus funciones debía ejecutarlas con autonomía.

Por tanto, siguiendo la línea de la denuncia- que de acuerdo con el abogado contiene los mismos antecedentes de la declaración que ya prestó a la Fiscalía- en Impuestos Internos no se cumplía la majadera muletilla- “dejen que las instituciones funcionen”- a que recurrían los políticos cuando comenzaron a ser sorprendidos en cuestiones inexplicables. El mismo estribillo que ya resulte impresentable continúen  utilizando.

Cuenta Vargas, en su conversación con “The Clinic”, cómo desde los años 90 comenzó a operar el entramado para que  a las grandes empresas, cuando eran sorprendidas en delitos tributarios, se les invitaba y permitía hacer las llamadas rectificatorias. Tal estrategia dio luz verde para que la evasión fuese una sistematicidad en la declaración de impuestos de algunos grandes conglomerados que  contaban con la certeza que si eran sorprendidos, simplemente debían corregir y pagar. 

En ese manto de protección proveniente del mundo político, Chile habría dejado de recaudar significativas sumas de dinero que se restaron a las arcas  fiscales para ejecutar programas sociales y cubrir necesidades ingentes que presenta el país.

Eso derrumba el discurso político de derecha, de centro y de izquierda que se está luchando contra la desigualdad y que ahora sí que sí, avanzamos hacia una sociedad más inclusiva, con mejor distribución del ingreso, mejor salud y educación y  con la eliminación de la pobreza, de campamentos, de la delincuencia.

Por el contrario, persiste la estratificación de clases sociales en que unos pocos gozan de grandes privilegios y otros muchos se mueven en medio de carencias irritantes  y con las  necesidades latentes ya mencionadas.

El ex subdirector jurídico explicó cómo entre los grandes casos  que el SII tuvo entre sus manos y que  pudo aplicar sanciones judiciales se cuentan los hermanos Calderón, asociados en la Cadena Ripley, cuya evasión tributaria- dijo-  era de mayor volumen que el Caso Penta. Ripley, al igual que numerosas otras instituciones, también hoy aparece implicada en  boletas irregulares por trabajos no ejecutados.

Citó también las sanciones aplicadas al Colegio La Girouette, plantel donde tradicionalmente se educan los hijos de políticos de  izquierda, los mismos que hoy tramitan con tanta torpeza una Reforma Educacional que no otorgará mejor formación a los primeros deciles, donde se sitúan aquellos que están a años luz de recibir una formación como la que reciben sus hijos en La Girouette.

En el caso de este plantel educacional, que  pudo ser tramitado, Vargas  reveló que llegaron mensajes desde La Moneda pidiendo explicaciones por tal proceso.

También denunció de cómo  cuando surgió el Escándalo Penta, no hubo problema en procesar a su ex gerente, Hugo Bravo, pero fue a partir de que la indagatoria del SII cayó sobre “los Carlos”- los dos socios  de Penta- que comenzaron a operar las presiones desde La Moneda para que el SII se inhibiera de hacer su trabajo y colaborar en traspasar a la justicia  la extensa nómina de empresarios y políticos involucrados en la emisión de boletas por trabajos no realizados.

El ex funcionario jurídico asimismo delató cómo tuvo enormes dificultades para conseguir la carpeta de SQM Salar, relacionada con el  holding Soquimich, que permitiría  indagar  más empresas asociadas en el financiamiento de la política.

Hasta la fecha, tras el traspaso a la Justicia de Carlos Délano, Carlos Lavín y Pablo Wagner, el Servicio de Impuestos Internos, salvo la excepción de Jovino Novoa, a quien  sin embargo se le permitió  una rectificatoria, se ha inhibido de tramitar más causas y no ha presentado nuevas denuncias que colaboren con las indagatorias que realiza la Fiscalía.

Es justamente a partir del Caso de Wagner- ligado al Gobierno de Piñera que- según el ex subdirector jurídico- comenzaron a ser más explícitas las presiones desde La Moneda, provenientes del gabinete del ex Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Y ese fue un comportamiento bastante atípico: ¿Por qué al Gobierno de la Nueva Mayoría podría interesarle que un representante de la tienda política opositora no fuese procesado?

La respuesta es que el proceso a Wagner llevó a enlazar los Casos Penta y Soquimich, que el ex ministro del Interior tenía claridad podrían vincularle, como así sucedió.

La desidia en la colaboración que debió prestar el SII a la indagatoria del Fiscal Nacional se mantiene: no se ha dispuesto acción alguna para denunciar los hechos irregulares y para el Gobierno han resultado irrelevantes las denuncias formuladas por este subdirector jurídico, y también las formalizadas por el propio ex Director del Servicio, Michel Jorrat, una vez ambos fueron exonerados.

En la misma línea, La Moneda no ha mostrado voluntad ni ha dispuesto acción alguna para pedir que se instruyan sumarios internos y aclarar estas graves denuncias que colocan en entredicho y erosionan la confianza ciudadana en la institución.

No hubo tampoco explicación para el despido de Vargas del SII y sus denuncias han sido justificadas por el vocero de Gobierno, el ministro Marcelo Díaz, como “propias de una persona que se va”, insinuando que es consecuencia del resentimiento. Que un portavoz oficial remita los hechos denunciados a tan paupérrima explicación da cuenta plena  de la falta del voluntad del Gobierno por sumarse al interés ciudadano para que se indague hasta las  últimas consecuencias.

El miércoles, sin embargo, se  abrió una luz  para avanzar en el proceso de los involucrados, a pesar del oscuro entramado que pretende impedir dejarlo al descubierto, porque una resolución de la Corte de Apelaciones permitirá que sea procesado el ex vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, uno de los políticos que está siendo investigado.

Tal resolución judicial- según  señala el Diario electrónico “El Mostrador”-  permitirá además formalizar a 172 contribuyentes que obtuvieron pagos de SQM sin respaldo y no se precisará de las esperadas denuncias del SII que nunca se formalizaron.

No obstante, precisemos que todos los logros para que avancen las investigaciones han sido tras buscar torcer la nariz a enormes presiones como las denunciadas por el ex director jurídico, Cristian Vargas, a quien los poderes fácticos, sin ningún pudor, le troncharon su carrera funcionaria, simplemente por pretender hacer su labor.

Contó al respecto que surgieron veladas amenazas con descubrir su pasado como miembro del Mir.

Siempre los poderosos van a operar con impudicia para imponer sus abusos y ocultar sus suciedades.

 Concluyamos este texto que da cuenta de la Cultura de la Impunidad y de la Desigualdad, con una breve referencia al Caso Caval, que sigue enlodando a La Moneda, tras conocerse que el computador que ocupaba el hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, fue  formateado y se borraron todos los archivos.

Al respecto, el ministro vocero de Gobierno ha precisado que este hecho está amparado por  normas administrativas, pero eso resulta altamente sospechoso porque en este caso en particular, era evidente que se trataba de información que debió ser traspasada a Tribunales.

Un nuevo hecho para ratificar cómo operan los tentáculos del Poder.