En el Pedir no Hay Engaño

La disyuntiva es el costo que se debe pagar

Distribuir dinero abundante entre pocos demandantes no es problema; hacer lo mismo para muchos demandantes y recursos limitados es una disyuntiva compleja y erogar recursos  restringidos entre demandantes de diversas categorías, ese sí que es un dolor de cabeza.

Es el atolladero que enfrenta el Gobierno frente a la gratuidad en la Educación Superior.

Además de dilema económico, es también político porque generará  movilizaciones, insatisfacciones y frustraciones tras  las mayores expectativas que  instaló la campaña presidencial para atraer votos y que chocan ahora con 2  realidades: la escasez del recurso en tiempos de vacas flacas que perdurarán y la irresponsabilidad de  no haber  presentado durante la campaña un proyecto realista, bien diseñado, planificado y sin promesas impracticables.

Las  iniciativa ha  experimentado sucesivas enmiendas  que dan cuenta de una imprudente improvisación.

En el hasta ahora formato  matriz de la iniciativa se han reducido los beneficiados y las instituciones que reúnen las condiciones para acceder al beneficio.

Por cierto que era utópico el  eslogan carente de fundamento de educación gratuita para todos y aterrizar esa expectativa era responsabilidad del Gobierno.

La frustración se ha extendido además a las 2 otras categorías del sector terciario de la educación: los Institutos Profesionales (IP) y los Centros de Formación Técnica (CFT)

Es en estos 2 niveles- aunque me dispare en los pies como académica universitaria- donde anidan los estudiantes de menores recursos y con quienes se cometería la mayor discriminación.

Ambos, además de ser la institucionalidad terciaria quitada de bulla, casi invisible, presentan un serio problema para acceder a la gratuidad porque no ha habido mayores exigencias en la calidad de su oferta y recién ahora tendrán un  incentivo para acceder a la acreditación.

Presentan una  grandilocuente oferta y hay un grupo no menor de  IP y CFT donde  familias y alumnos terminan pagando elevados costos por  carreras que no tienen correlato en el mercado laboral y son una estafa: doble porque se ha despojado monetariamente a los más modestos y se  han generado esperanzas de una futura movilidad social.

No pretendo estigmatizar al sector. Hay IP y CFT  de  muy buena calidad, acreditados  y otros con una calidad heterogénea a los  cuales los demandantes ingresan sin mayor orientación. Mejorar esta oferta representa además  una necesidad trascendente en el desarrollo del país, que  requiere fortalecer el recurso humano técnico y operativo

Una minoría que no supera los 20 planteles de ambos sectores terciarios han comenzado a tener representación al agruparse en una asociación que está  haciendo presente su derecho a la gratuidad.

En materia educacional, hay además un sector que “levita” en un punto ciego: son los desempleados, porque el subsidio Sence se otorga a través de empresas, para el trabajador inserto en el mercado.  

No hemos escuchado sobre una política de gobierno que apunte  con una sistematicidad e institucionalidad potente para emprender un adecuado programa de inserción laboral a través de la re-calificación de un gran sector de desocupados que no logran encontrar trabajo por no contar con los soportes que les permita acceder a la oferta.

Planteadas estas reflexiones, la contingencia actual en el debate de la glosa presupuestaria con la cual La Moneda abordará la anticipada  gratuidad universitaria da cuenta de un sector de planteles que ya están asimilando la imposibilidad de acceder al beneficio y otros a los cuales no les resulta conveniente incorporarse.

Es el caso de la PUC, cuyo rector, bajo la justificación y también atendible discriminación y el condicionamiento de la autonomía, ha declarado no sumarse en 2016 al proyecto.

Claro, se trata  de un plantel que recepciona alumnos de nivel socioeconómico modesto pero de buen rendimiento académico, a quienes puede beneficiar con becas propias y así no complicarse con las exigencias estatales.

Como el proyecto está incorporado como glosa en el Presupuesto 2016, la  claridad total podrá conocerse a partir de diciembre próximo, y sólo el martes próximo el Mineduc comprometió una simulación presupuestaria por plantel sobre la base del arancel regulado.

La Oposición (UDI)  ha amenazado recurrir al Tribunal Constitucional del cual requerirá un  pronunciamiento sobre la glosa presupuestaria que permitiría finalmente anticipar a contar del año próximo la  gratuidad para el 50% de los estudiantes más vulnerables matriculados.

Con criterio más academicista,  los rectores de las universidades privadas comparten esta crítica en tanto si adscriben a la gratuidad en las condiciones que se establecerán  con una partida presupuestaria que es transitoria, se estarían “cazando” para comprometer un programa que en la mayoría de los casos excede el quinquenio.

Pero  esa  no es la única aprensión de las universidades privadas, algunas de las  cuales  como la PUC ya han anunciado marginarse este año del beneficio, y han  sostenido que  las condiciones que impone el Gobierno para acceder a la gratuidad compromete su autonomía, crecimiento y planes de desarrollo integrales.

Claro que sí, a las universidades estatales  les sucede lo mismo, sólo que  las máximas autoridades de  instituciones particulares no se han dado cuenta que el peso de todas esas desventajas son históricas en Ues estatales. Las perciben ahora que se les exige como condición para la gratuidad.

Aunque los rectores privados no lo explicitan muy directamente, el principal  reparo que plantean a tales  exigencias es la participación universitaria, que lo ven como el primordial freno a su autonomía.

Esta semana el rector de la PUC, Ignacio Sánchez con respecto a la  participación estudiantil recordó que  siempre se “les ha escuchado” pero defiende que la administración sea privativa de las autoridades y la academia.

Esa es la diferencia con las universidades fiscales que deberán enfrentar un co-gobierno, apertura que los alumnos tienen como bandera de lucha para alcanzar la triestamentalidad.

Lo cierto es que el co-gobierno hace mucho tiempo que se impuso en los planteles estatales, desde que la ocupación de los campus ha sido instrumentalizada en las  movilizaciones estudiantiles como la presión más violenta para imponer sus posturas.

Claro que de paso han lesionado las restantes actividades académicas, han comprometido su propio rendimiento, han dañado la imagen institucional y han avasallado el necesario diálogo y el derecho al trabajo del resto de la comunidad universitaria.

Por tanto, sigo sosteniendo que cuando los planteles privados, muchos de los cuales alberga a un reducido número de alumnos afectos a la gratuidad, acusan de discriminación arbitraria en beneficio de las estatales, no cabe sino responderles ¿en qué planeta viven?

El país completo fue irresponsable al ilusionarse con una  gratuidad que es utópica, sesgada, porque se mira a sí misma como la única actividad existente en un  país con múltiples carencias.

Tan ilógico ha sido además que se asignen insuficientes recursos para que la educación básica y media  de los  más pobres mejore en calidad.

Lo que ocurrirá es que con matrícula restringida en las universidades con gratuidad, el beneficio se movilizará inexorablemente a un sector que podría pagar por su formación.

Tema complejo el de la educación, sobre el cual  he escuchado apenas susurros de los ex dirigentes estudiantiles  que hoy  ocupan un sillón en el hemiciclo como resultado que llevaron a la calle- sin mayor reflexión- el eslogan de gratuidad universal.