Nota de la Editora

Las frases estandarizadas para bajar el perfil de los escandalosos sucesos que vinculan una relación espuria en el desplazamiento de dinero desde  el sector empresarial hacia la clase  política nadie ya las acoge.

“Dejen que  las instituciones funcionen” ya no sólo resulta majadera y repetitiva.

Lo primordial es que el enunciado no es coherente con la  realidad y sólo da cuenta de un intento desesperado para detener la investigación que toda la ciudadanía aguarda.

Y no sólo eso, los chilenos debieran demandar que las investigaciones fuesen  tan acuciosas, con las disponibilidad de todos los recursos, de la disposición de las autoridades y de la voluntades políticas y de los organismos controladores para llegar a una verdad. Y que ésta se informe.

Porque lo que debiéramos cautelar es que la libertad de expresión funcione. Esa libertad de expresión implica  tener acceso a la información para luego ser comunicada a la ciudadanía.

Conjuntamente con que cada uno de quienes han incurrido en un delito reciban su correspondiente sanción.

La resistencia de políticos así como de organismos fiscales como el Servicio de Impuestos Internos, y de empresas renuentes a ser investigadas, como Soquimich, y de Tribunales como el Constitucional cuyos acuerdos  resultan insultantes por la  protección que están prestando a quienes deben ser investigados,  y de políticos como Jovino Novoa que  se han negado a  declarar, no hace sino elevar las sospechas sobre prácticas irregulares.

En la columna publicada la semana pasada en el Semanario “Tiempo” nos referimos a estas argucias, artimañas, tretas, estrategias y maniobras para evitar que el peso de  la ley llegue a los poderosos bajo la vacía frase “dejen que las instituciones funcionen”; nadie ya la cree.

Por eso, en esa columna planteamos:

Dejen que la Democracia funcione

Demos  una vuelta de tuerca a la ya falaz frase “dejen que las instituciones funcionen”, porque eso no ocurre. Propongo un enunciado más realista y de mayoritaria aspiración: “Dejen que la Democracia funcione”.

El abrumador  rechazo de la ciudadanía hacia algunas  instituciones se sustenta, precisamente en que no  funcionan. No lo hacen como  debieran hacerlo o no se ajustan a la ley.  El 80% de rechazo al Parlamento radica en el descontento de cómo lo están haciendo. Incluidas consideraciones éticas y legales.

Pedir al ciudadano que sobre ese oscuro escenario confíe en que las instituciones funcionan, es pedir demasiado o asumir que somos todos ingenuos o bobos.

Y si las instituciones no funcionan, tampoco funciona la Democracia. Y si no funciona la Democracia, tampoco es operativa la equidad.

La aplicación de medidas cautelares a empresarios y ejecutivos del Caso Penta  dio la sensación que la Justicia se está también impartiendo también para quienes cometen delitos de cuello y corbata.

Este escándalo, aun en etapa preventiva, representa la equidad en los procesos judiciales. Que quienes cometen grandes delitos  provenientes del sector ABC1, hasta con sustracción del dinero de todos los chilenos, no sea tratado con guante de seda en tanto que quien vende música pirateada en la calle se vaya a la cárcel. A cada cual su justa  sanción.

Porque, en definitiva, ¿No es la Justicia la llamada a ser la más igualitaria?

Sin embargo, esta semana hubo pésimas señales. La ciudadanía ha percibido que cuando la ley iba tras políticos de todos los colores, habrían comenzado a cerrarse las puertas para obstaculizar la tarea expedita de los fiscales. En esa categoría cayó la sospecha sobre el SII. Y eso sí que es grave: porque de confirmarse su protección a Soquimich,  se nos dispara la evasión y la elusión. Tendríamos que exigir entonces la igualdad y que el recaudador de impuestos nos proteja a todos de eventuales fechorías.

Recordemos quien es Soquimich: una empresa fiscal privatizada en dictadura y fuente de enriquecimiento de la familia Pinochet, liderada por su ex yerno. Involucrada además en el escandaloso Caso Cascada que nos  esquilmó dinero de nuestra previsión.

¿Es esa la empresa que pretendía proteger un organismo fiscal del actual Gobierno? Aplaudimos entonces el ultimátum que hizo la Fiscalía.

En la misma línea, la decisión del Tribunal Constitucional para impedir la investigación sobre esa empresa no tiene otra explicación que dilatar y dificultar el acceso a la información

¿Así se practica la  equidad, tan cacareada por todos los Gobiernos hasta ahora sin resultados? Y mucho menos se ejercita la Democracia. La misma que  los políticos se ufanan  haber recuperado. Es la misma  democracia que ellos están demoliendo tras  los  escandalosos últimos acontecimientos ocurridos en el país.

Dejemos entonces que la Democracia funcione.