Parlamento se reconcilia una vez más con la política del Consenso

Luego de un largo periodo de condena a la hibernación y cuando  todos creían que debía desterrarse o bien fenecer los consensos en el mundo político  han resucitado en gloria y majestad.

Que yo recuerde, la última oportunidad en que se recurrió  a la mencionada estrategia para sacar adelante un proyecto fue para destrabar la Reforma Tributaria, iniciativa que  bochornosamente pasó “coladita”, sin ningún aderezo, por la Cámara de Diputados, pero que  en el Senado quedó atrapada en un cuello de botella.

En esa instancia, para disgusto de los más  fundamentalistas, la Nueva Mayoría “pololeó” con la Alianza y se obtuvo  el consenso para que el proyecto  recibiera la votación necesaria.

Ese consenso fue objeto de nutridas metáforas con las que a veces  nos sorprenden los políticos y Andrés  Zaldívar dijo que se había “cocinado” entre unos pocos chefs, en tanto que un empresario afirmó que la “guagua” tenía su ADN.

Sirvió también para vapulear al entonces  Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, por haberse servido un cafecito en la casa de un empresario donde al parecer se  armó otra cocina.

Lo anterior lo  recuerdo para  afirmar que llegar a consenso no tiene nada de monstruoso, pero  hay consensos buenos y malos, aseveración que también respaldo con la Reforma Tributaria, que   casi antes de gatear hubo que remendarla.

Posiblemente por eso es que tras  esa reforma, nuevamente el consenso   se envió al destierro, con su exilio bajo el paraguas del disenso se tramitó la Reforma Educacional que tuvo extenso debate en sus fases 1 y 2 y la “glosa” 3- gratuidad universitaria- está atorada.

Pero en estas últimas  2 semanas, el consenso está resurgiendo. ¿Cómo “una golondrina de verano”? ¿O un “Veranito de San Juan”?

Usando cualquiera de las  2 figuras ya el consenso se pasea por los pasillos senatoriales, porque  esta estrategia se está aplicando con la elasticidad de un contorsionista y ha surgido a propósito de los dos  nombramientos que  debieran resolverse la próxima semana.

Uno es el cargo de Contralor General de la República,  cuyo candidato, no alcanzó consenso en la primera ronda y el del Fiscal Nacional, para  cuya designación aún no hay  propuesta de parte de la Presidenta.

En el primer caso, el Gobierno se había planteado tomar un mes para “dar una segunda vuelta” a  su candidato, pero algo pasó, entre pasillos o vaya Ud. a saber en qué recóndito espacio, lejos de los establecidos por  la Ley del Lobby, y ahora al parecer el Oficialismo está pretendiendo que ambas designaciones  cuenten con la venia desde el Ejecutivo y el Legislativo.

En esa línea, este mismo Oficialismo está buscando trabajar al unísono con La Moneda, en una  estrategia para remontar las preocupantes cifras de desaprobación ciudadana,para dar una señal de unidad que entre las filas fraccionarias ha sido bastante esquiva.

Desde el Senado nunca se pronunció tanto la palabra “consenso” para referirse a ambos compromisos, mandatados por la Constitución.

Y habría que preguntarse  si al final la Nueva Mayoría está apuntando a la política de los consensos, al punto que la propia Presidenta del PS y senadora Isabel Allende dijo en el caso del nombramiento del Contralor, que “habría que respaldar lo propuesto por la Presidenta”, la “jefa”, como hubiese  expresado el ex ministro Peñailillo, ¿de qué sirve  entonces la independencia de los Poderes Constitucionales”.

Al parecer se perdió en alguna “cocina”.

Eso es  en cuanto a la bambalina tras estos nombramientos.

Otro aspecto de la misma preocupación política se relaciona con  las inhabilitaciones  parlamentarias para participar en la votación del nuevo Fiscal Nacional de  senadores que están siendo investigados por la Justicia.

Por tanto les corresponderá elegir a quien liderará el Ministerio Público y probablemente la continuidad del proceso del cual están siendo investigados.

Ya se  autocensuraron para estos efectos los senadores Rossi y Moreira. Ena  von Baer y Jorge Pizarro anunciaron que no lo harían, pasando por encima de consideraciones éticas y sustentados que desde la legalidad pueden participar del proceso.

Pizarro no ha dejado de estar en el ojo del huracán, incluso antes de asumir la presidencia de su partido.

Mi impresión es que como ya no se postulará más a cargo popular tras 32 años anidado en el Congreso, está  “tirando toda la carne a la parrilla”, un gustito que se dan muchos cuando abandonan una institución. Lo hacen los propios Presidentes de Gobierno ¿por qué no Pizarro, si  el pecado cometido con su viaje a Inglaterra, es de marca mayor que el que participe en una votación que, si viene “cocinada”, da lo mismo que participe o se  abstenga.. a menos que la votación esté tan apretada que se requiera el concurso de los que pueden o no pueden.

El tema lo abordé en la columna que  el Semanario “Tiempo” hoy incluyó en su edición de los viernes.

Invito a los lectores de esta página a revisar el tema

Una Cuestión Ética

Publicado en “Tiempo” el 08/10/15

Aunque  el  Fiscal Chahuan dio su bendición legal, para que los senadores indagados por la Justicia voten en el nombramiento de su sucesor, sostenemos que  las consideraciones exceden lo jurídico y aquellos cuestionados por Penta, Soquimich e irregularidades diversas debieran inhabilitarse.

Estarían votando (rechazando o aceptando) por quien eventualmente les va a procesar, a ellos o familiares  cercanos.

Las inhabilitaciones parlamentarias se asumen con elástico. Y no es una cuestión que a los legisladores les  quite el sueño, ni a las que adhieren con plena corrección.

Recordemos: en la anterior Ley Pesca,  los hermanos Adolfo y Andrés Zaldívar no se inhabilitaron, a pesar de los intereses que les vinculaba a esa industria; la ex senadora Soledad Alvear se autocensuró en leyes educacionales al hacerse cargo de los vínculos empresariales de su cónyuge con una universidad privada, pero se negó a hacerlo al votar la acusación contra un ex ministro del sector; el actual ministro de Defensa, Juan Antonio Gómez, no se inhabilitó en el caso de la Universidad del Mar, a pesar de sus nexos con el plantel.

Casos sobran, muchos los ignoramos, toda vez que hoy se  indagan vínculos financieros de parlamentarios con sectores industriales objeto de normas y fiscalizaciones.

¿Quién hubiese objetado al Senador Orpis cuando votó la Ley Pesca, si recién hoy se sabe del financiamiento que le otorgaba esa industria?

Por eso, ahora apuesto a que habrá senadores que deberían inhabilitarse pero no lo harán. Aunque algunos ya han comenzado a descolgarse de la votación.

La nómina la integran los senadores von Baer, Moreira, Rossi, Orpis, Bianchi, Tuma y Pizarro.

Separamos de ese ramillete al senador PS Carlos Montes, quien hace meses  anunció ya su inhabilitación  en la designación del Fiscal por tener un hijo en esas funciones: lo aplaudimos porque ni siquiera se  invalida por haber cometido un “pecado”.

A la inhabilitación- como muchas otras flexibilidades parlamentarias- ningún parlamentario está obligado y cada vez que surgen estos cuestionamientos se anuncian reformas de la norma por la Comisión Ética.

Esta última es tan feble en la materia que para “recomendar” que un congresista se incapacite, debe ser denunciado por un tercer legislador…¿Ud. cree?

Pero los congresistas son rigurosos con otro Poder en materia de inhabilidades.

Una información del Diario “El Mostrador” de 2012 da cuenta que una bancada heterogénea de senadores  solicitaba a la Corte  Suprema un pronunciamiento por el ministro Pedro Pierry que no se inhabilitó en el Caso Hidroaysén.

El diario cita a Guido Girardi manifestando que “inhabilitarse es parte de una sociedad donde tienen que primar los principios”, agregando que “….más allá de la legalidad, acá hay temas  valóricos y éticos que deberían haber primado….”

Sus colegas debieran ser consecuentes con estas afirmaciones.