Resumen Semanal ( 20 al 25/01/2025)

Fiscalía llegó hasta el círculo de hierro de Maduro por homicidio del militar, en tanto varios políticos deben dar cuenta de sus actuaciones en banquillos de distinntos pelajes y la Reforma Previsional entra ya al escenario de la revisión de los parlamentarios y su votación sobre la controvertida propuesta

Aunque aun en niveles informales en el Gobierno se está revisando la decisión de llevar el Caso del Teniente Ronald Ojeda a la Corte  Penal Internacional, tras llegar los organismos de investigación a la convicción que el Régimen de Maduro está directamente involucrado en ese alevoso Crimen.

La semana que finalizó,  el Fiscal Héctor Barros que lleva el caso, ordenó diversas diligencias que dieron con nuevos participantes en el secuestro y homicidio del malogrado militar que residía en el país en calidad de refugiado político.

Conjuntamente, el persecutor señaló que existen evidencias contundentes sobre la participación del Régimen en ese crimen, aseveración que generó diversas reacciones pero que mantuvo al Partido Comunista en incólume apoyo a la Dictadura.

Ya hay 16 delincuentes identificados como participantes en el asesinato.

En Estados Unidos se encuentra detenido uno de los cabecillas de este crimen y en esa nación comienza a configurarse la presencia de la banda criminal el Tren de Aragua, que Trump prometió indagar en calidad de terroristas, lo que eleva las penas a la que podrían ser condenados.

También anunció un Fondo y la colaboración con otras naciones para combatir el flagelo.

Otros acontecimientos de la semana fueron los banquillos de distinto calibre que ocuparon algunas autoridades del mundo político para dar cuenta de cuestionamientos e irregularidades diversas, en tanto la Reforma de Pensiones avanzó con algunos frenos que surgen desde sus 2 ángulos más riesgosos como lo señalamos la semana anterior: el Fondo que se creará sobre el forzado préstamo de los cotizantes para mejorar las pensiones de los ya retirados y la sostenibilidad fiscal en los ajustes que requieren el concurso de ingresos públicos.

Consignamos además como notable la labor que está cumpliendo la Controlaría al mando de Dorothy Pérez que ha continuado revisando programas en distintos frentes del aparato público.

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• A la Corte Suprema retornó el Fantasma Hermosilla con nuevas revelaciones del indiscreto celular y ha obligado una vez más al tribunal superior abrir un cuaderno de remoción para una magistrado de alta jerarquía, Verónica Sabaj, al tiempo que decidió la suspensión inmediata en su desempeño y mientras se extienda el proceso sumario.
• La senadora Isabel Allende y su sobrina, la ministra Maya Fernández, fueron muy cuestionadas por el concertado y desconcertante silencio con que enfrentaron a la Fiscalía que las interrogó en calidad de imputadas por la fallida venta al Estado de su propiedad heredada.
• La querella es interpuesta por un abogado militante del Partido Republicano por fraude al Fisco en la venta de la heredada propiedad del expresidente Allende. Si bien la reserva de silencio es un derecho de todo imputado, en el caso de ambas autoridades, el uso de esta prerrogativa ha sido fuertemente cuestionado y se interpreta como contradictorio con el reiterado anuncio del Gobierno para colaborar con la Justicia en procesos que involucra a su Gabinete. Además en la particular situación de la Ministra Maya Fernández no operó el llamado “criterio Tohá”, bajo el cual toda autoridad de confianza debe ser desvinculada una vez enfrente un proceso judicial, que se aplicó con rigor en el anterior director General de Carabineros, Ricardo Yáñez.
• Allende y Fernández podrían salir de la compleja circunstancia que enfrentan con la simple generosidad de donar la propiedad al Estado.
• El arquitecto, Sergio Larraín, quien durante toda su vida se dedicó a recopilar piezas arqueológicas valiosísimas y fundó el Museo de Arte Precolombino es un ejemplo. Douglas Tompkins y el Parque Pumalín, es otro.
• Una tercera autoridad, la ministra Ximena Aguilera también debió dar cuenta ante la Cámara que la interpeló por el inquietante aumento en la lista de pacientes que no han recibido las respectivas prestaciones médicas.
• A la pandemia y a un rezago de carácter mundial que generó esa catástrofe en la atención de pacientes atribuyó la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el aumento en las listas de espera. La secretaria de estado afirmó que han abreviado los tiempos de espera en las atenciones y su cartera ha liderado las Auditorías para sancionar las irregularidades detectadas en este Programa.
• Como muchas de sus afirmaciones pudieron ser objetadas y ello no ocurrió, porque estas interpelaciones son un interrogatorio, una vez más se observa la inutilidad y pérdida de tiempo de esta atribución parlamentaria. Por tanto, nada más que decir sobre esta actividad legislativa, aunque dejar registrado que un número importante de iniciativas en favor de la Ciudadanía aguarda y ha envejecido también en listas de espera, para dar paso a actividades como la cuenta rendida por la titular de Salud, que fue aprobada, sacó inmerecidos aplausos del Oficialismo y la ministra, los 4 ministros que le acompañaban, así como toda la Cámara malgastó su valioso tiempo.
• La diputada Maite Orsini debió explicar ante el Tribunal Regional de su Partido, el Frente Amplio, por cuestionado e indebido uso y abuso de su calidad parlamentaria.  El Comité Central del Frente Amplio resolvió no apoyar una eventual reelección de la diputada, tras revisar su cuestionada intervención en situaciones personales o vinculadas a su círculo más íntimo.
• La parlamentaria debió además presentarse ante el Tribunal Regional de su Partido por esos hechos. La instancia entregará su  decisión en 10 días y entre las sanciones contempladas está su eventual expulsión del Partido. Tal contingencia se estima improbable, ya que la diputada Catalina Pérez, procesada por una situación más grave- el Caso Convenios- pudo permitirse  renunciar a la colectividad para no perder la opción de postularse como independiente. Así nos ven a los electores, como perdona delitos y lograr ser reelegidos. El caso de la diputada Orsini fue un abuso porque la parlamentaria, haciendo mal uso de su cargo, llegó hasta altas autoridades de tribunales y policiales para abogar por causas personales, acción que no lograría un ciudadano corriente.

• Muy positiva es la tarea emprendida por la Contralora General, absolutamente empoderada de su cargo. Esta semana, la organización autónoma reflotó el fallido Programa “Gas a Precio Justo” y envió a Fiscalía los antecedentes sobre el millonario derroche del Registro Civil en instrumentos no usados y que sólo dificultaron el servicio a usuarios.
• La entidad fiscalizadora ordenó a la Subsecretaría de Energía restituir a Enap el monto de $ 517 millones correspondientes al fallido plan que el Gobierno intentó organizar hace 2 años denominado “Gas a Precio Justo” que propició el entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. La propuesta prometía vender gas un 40% más barato beneficiando a 100 mil personas. Terminó alcanzando a 3.000 usuarios y el informe contralor acusa un sinfín de falencias en su implementación. El contralor instruye que además se establezcan responsabilidades de esta fracasada iniciativa.
• También la Contraloría  denunció que durante el trienio 2020-2023, el Registro Civil utilizó más $ 7.000 millones en adquirir software que no se utilizaron.
• El documento fue remitido a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado para que tomen las acciones que sean necesarias.
• En el texto se señala que varios de estos programas resultaron fallidos en su implementación afectando a usuarios que vieron retrasados los trámites requeridos.
• La actividad política ha estado focalizada en la Reforma de Pensiones con un debate que desde Oposición y Oficialismo ha ralentizado su avance. Pero por sobre la discusión política, tras el informe del Consejo Fiscal Autónomo que instaló varias luces amarillas sobre el Proyecto obligó a una nueva revisión de la iniciativa.

Las  pensiones, la ley que las regula y los cambios que se establecen en su Reforma generó un informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). De carácter técnico y cuya labor es cautelar el manejo responsable de la Política Fiscal, el CFA no otorgó completa luz verde para esta iniciativa y formuló 11 advertencias  sobre amenazas implícitas que conlleva el proyecto y que podrían desequilibrar las Finanzas Públicas o no tener sustento en el largo plazo.

A esa materia nos referimos en nuestro artículo del Semanario “Tiempo” y también sobre los riesgos en la obligación que impone la Reforma al llamado “préstamo” del 1,5% de los ahorros de cotizantes para concurrir con una “caja” que financie mejores pensiones para los actuales retirados. El CFA justamente formula varias observaciones sobre ese Fondo, cuya tentadora acumulación de recursos podría seducir a futuros Gobierno con dificultades fiscales como el actual o a afiebrados ideólogos de estatizar cuanto organismo esté bajo su dominio. No es una tesis: declaraciones de una diputada del Frente Amplio ratifica lo sustentable que puede ser esa sospecha.

Efectivamente, la aprensión se hizo palpable en el transcurso de la semana, no sólo con la apresurada intención de la propia ministra del Trabajo para avanzar de inmediato en reformar la ley y hacer desaparecer las AFP. La diputada Gael Yeomans  (Frente Amplio) aseguró a propósito del préstamo que “se pueden ir corriendo los cercos” para que ese 1,5% permanezca como Seguro Social. Claro, la parlamentaria pretende  dar un “manotazo” a los ahorros de cotizantes, y una vez más, esta “intención” da cuenta que para la nueva generación es un juego el compromiso enunciado en las leyes,  relativo, fugaz y de altanería, al pensar que disponen de atribuciones para atropellar los logros y esfuerzos ciudadanos y lo dispuesto en ley. Nuestro país se caracterizaba por el respeto que se tenía por las normas vigentes. Hoy eso parece ser que lo estamos perdiendo con la anomia que estarían perfilándose las generaciones emergentes.

Parlamentarios de Chile Vamos aseguraron. Después del cierre de la columna que redactamos- que todas las advertencias del CFA fueron incorporadas al proyecto así como las sugerencias para que los Fondos “préstamos” tuviesen nuevas fórmulas garantistas para resguardarles.

Les invito a revisar la columna:

Flancos Abiertos

Semanario “Tiempo” 24/01/2025

No trascurrieron 24 horas para que la ministra del Trabajo diera la espalda a su propio proyecto estrella- la Reforma de Pensiones- llevando al límite de lo inaceptable el  sello  que tiene el actual Gobierno:  introducir inestabilidad en distintas áreas de las Políticas Públicas insistiendo en sus propias convicciones doctrinarias.

La secretaria de Estado precisó que el fin de las AFP es una aspiración pendiente,  aunque en el acuerdo final se establece la continuidad de la capitalización individual bajo administración privada.

 Y esta contradicción e incomprensible insistencia es lo que hace reprochable la pretensión ministerial, aun comprendiendo que su aspiración de eliminar las previsoras sea  legítimo y coherente con su militancia comunista y su ideal doctrinario anticapitalista.

Porque como titular del Trabajo, con flamante firma en la negociación que demoró mas de 2 años en lograrse, le resta seriedad  al pretender borrar con el codo lo que subscribió como acuerdo de punto final a la Reforma.

Al propósito ministerial de horadar  la reciente negociación se sumó  el Frente Amplio que presentará en marzo una iniciativa para crear un inversor público previsional,  sincerando también su propósito de hacer desaparecer el sistema privado. Contribuye así a imprimir inestabilidad a una ley que aun no se tramita.

Para nada simpatizo con las actuales previsoras. Los políticos están atrasados décadas en haber introducido cambios significativos a la modalidad en favor de los cotizantes por la vía de introducir mejoras en competencia,  rebaja de comisiones y aplicar rangos etarios reales en el cálculo de pensiones. La industria previsora se ha beneficiado de tal situación.

Pero no comparto que el Estado- un pésimo Administrador- sea el gestionador de ahorros frutos del esfuerzo laboral.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA)- asesor de los Gobiernos en sostenibilidad de las Finanzas Públicas-en su análisis del proyecto identifica 11 advertencias de riesgo en el proyecto y una mayoría apunta al controvertido Fondo Autónomo de Protección Fiscal que administrará un ente público así como hace observaciones  en la sustentabilidad fiscal del proyecto.  Tal informe debería poner freno a la celeridad con que se pretende aprobar.

Pero también hay que advertir que el CFA hizo cero alusión al sistema privado, el mismo que la Izquierda ahora quiere dejar como otro flanco abierto, uno más de los que han generado incertidumbre en el país.

Ese ha sido un permanente hostigamiento mediante un discurso gubernamental de retractarse de lo acordado e insistir en proposiciones  que imprimen incertezas.

La insistencia para dejar abierta el cambio de Constitución a pesar de los 2 plebiscitos; mantener aun viable la Reforma Tributaria y proyectos que aun no son leyes  en materia de Seguridad forman parte de una estrategia incoherente con  el apenas un año que resta para que concluya la actual Administración

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En un vuelo chárter fueron expulsados 37 extranjeros rumbo a Bolivia, Ecuador y Colombia en la primera remesa del año. Se trata de ingresados ilegales y otros por órdenes judiciales.

Por cierto, la cifra es mínima para la cantidad de irregulares que han llegado y continúan arribando al país.

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En las indagaciones que se siguen para desaforar a la diputada (FA) Catalina Pérez por su implicancia en el Caso Democracia Viva, se llegó a la conclusión que la parlamentaria borró todas las conversaciones sostenidas con el Seremi de Viviendas de Antofagasta desde donde emanó el proyecto que no se concretó y cuyos fondos se esfumaron.

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El comportamiento contradictorio de la ciudadanía en torno al comercio ambulante quedó de manifiesto en una encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio que indagó entre los consumidores las opiniones que tienen sobre esa venta informal

Pese a que el 68% de los sondeados estiman que éste es un comercio unido a ilícitos, una segunda conclusión da cuenta que 1 de cada 3 personas se provee de esta oferta. La principal razón está en el menor precio de los productos ofrecidos.

Estamos entonces lejos de erradicar el comercio ilegal porque la herramienta más eficaz sería que los consumidores se abstuvieron de adquirir sus productos.

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Hasta aquí nuestro recuento, la semana próxima haremos una revisión sucinta de la tregua en Oriente Medio y tal vez otro tema antes del receso veraniego. Necesario

Se agradece lectura y difusión a contactos