Isapres y Gobierno mantienen inquietante indiferencia frente a eventual colapso de la salud privada

Pese a la magnitud del desastre que significaría la caída de las Isapres- que se han declarado incapaces de responder financieramente al fallo de la Suprema que les obliga a devolver una billonaria suma a sus usuarios- las mismas aseguradoras y el propio Gobierno guardan irresponsable silencio frente a la catástrofe sanitaria que eso significaría.

El Ejecutivo se tomó todo el semestre que el tribunal otorgó para cumplir la sentencia y sólo a días de vencer ese plazo presentó un cuestionado proyecto que no otorga salida a esta crisis y deja en manos del Parlamento una eventual resolución, limitándose a pronunciarse sobre la necesidad del cumplimiento del dictamen.

Las Isapres, en similar actitud, sólo se han circunscrito a vocear su incapacidad para el cumplimiento financiero del fallo y es así como estas últimas semanas el conflicto sigue latente y no se avizora una salida para un conflicto que no afectará sólo a sus 3 millones de usuarios sino al sistema  completo de Salud  Pública y Privada.

Ese fue el tema de mi último artículo publicado en Semanario “Tiempo”: la incertidumbre de pacientes pero también de chilenos sanos, ambos con el derecho  de contar con la certeza de prestaciones frente a una necesidad vital, la salud, cuya importancia quedó superlativamente demostrada recientemente con la Pandemia.

Pero al parecer el Gobierno y la industria de las Isapres les resulta indiferente lo trascendente que es para sus usuarios y familias.

Una vez más, los chilenos y sus vicisitudes resultan de nula importancia cuando se mal entrelazan los intereses  doctrinarios del Gobierno con un manejo financiero de organizaciones que desafiaron las leyes incumpliendo fallos e incurriendo en cobros irregulares que ahora declaran no poder devolver.

Les invito a leer esta columna.

Con la Salud no se Juega

Publicado en Semanario “Tiempo” el 26/07/2023

Sin salud, no somos nada. Fue la gran enseñanza de la pandemia porque comprobamos que frente a agresiones masivas sanitarias,  se desmorona el tejido social de trabajo, economía,  recreación, sociedad y la libertad para desplazarnos.

Aún estamos recibiendo los impactos del estrago provocado por el coronavirus con centros asistenciales hoy presionados por inmanejables listas de espera; fallecidos y pacientes que llegaron o llegan tardíos al tratamiento. Ignoramos otras consecuencias que se manifestarán en el largo plazo.

Pero como señalé en columna anterior, tropezamos con la misma piedra. Olvidamos esa tragedia y sus millones de muertos.

Lo anterior se ratifica con que el Gobierno haya adoptado posición sólo presencial tras el fallo de la Corte Suprema que  obliga a  las Isapres devolver una billonaria suma a sus usuarios y que las aseguradoras afirman no contar lo que generaría en su caída un efecto dominó en todo el sistema de salud.

Con su eventual desplome no sólo se derrumba la estructura asistencial de los 3 millones usuarios de esa red.

También se desplomarían las clínicas y con ellas la asistencia complementaria que éstas prestan a asociados al Fonasa- otros tantos millones de personas. Colapsa además la misma institucionalidad pública, ya comprimida por años y hoy también coaccionada por el impacto de la pandemia.

Por eso, resulta inexplicable la actitud pasiva del Gobierno ante tamaño desastre. Por su magnitud no puede limitarse a enviar una ley corta carente de una proposición que brinde solución al conflicto.

El derrumbe de las Isapres tendría la calidad de un sismo de muy alta intensidad, porque compromete el bienestar físico de los chilenos. Por su magnitud, el Ejecutivo debe participar como incumbente. Es un deber constitucional y también ético participar de su solución.

No estoy planteando una condonación para una industria como las isapres que fueron irresponsables al incumplir la aplicación de una normativa que les obligaba a rebajar los aranceles en los planes de salud.

Al igual que el Gobierno, las propias Isapres han tomado palco frente al problema que generaron, una reprochable actitud de Isapres y Gobierno.

Se ha especulado que una caída de las aseguradoras permitiría despejar el camino para las pretensiones legislativas del Gobierno de generar un fondo común con las cotizaciones de los trabajadores.

Y que la asistencia privada se financie con un seguro adicional, un nuevo impuesto indirecto que recaería ¿en los ricos de este país?

Se equivoca el Ejecutivo y se sorprendería con la condición socio-económicas de quienes tienen que recurrir al sistema privado para salvar sus vidas.

La incertidumbre de la gran mayoría de chilenos frente al futuro de las Isapres tiene muchas aristas, y en esta columna abordamos los  3 primordiales: el rol del Estado, la magnitud del eventual colapso y la indefensión de millones de chilenos cuando Gobierno e Isapres juegan con su salud.