Pandora Papers y Acusación Constitucional, ¿a quién favorece?

Creo que la Oposición se equivoca  al estar proyectando un nuevo festín de acusación constitucional, la segunda contra Sebastián Piñera en menos de 2 años. Aunque el resultado importa en un objetivo ya secundario. La primera imputación fue apenas a un mes de iniciado el estallido social, pero no prosperó al acogerse la cuestión previa. Esta segunda acusación tiene visos de fracasar, si es que se concreta, por eso, reitero,  poco interesa, porque la cuestión para  el sector de la izquierda más radical apunta hacia otro objetivo principal, el electoral, y ese es apuntalar a su candidato, Gabriel Boric.

Este segundo intento de acusación contra Piñera es a propósito del tema que se ha tomado la agenda política por la desclasificación de los Pandora Papers que en el caso chileno se vincula a otro polémico proyecto-Dominga en la IV Región- que hace  unas semanas tuvo luz verde a pesar de la férrea oposición ambientalista.

La vinculación del mandatario con los intereses en Dominga es una tercera cuota por el pago de esa venta, que establecía no declarar la zona patrimonio ambiental y eso es lo que le complica.

Según la defensa proveniente de la Moneda, todo lo relacionado con la causa es materia ya vista y fallada en el proceso que llevó a cabo el Fiscal Manuel Guerra y  se cerró en 2017 con el sobreseimiento de la participación y conocimiento de Piñera.

Pero ahora ha reflotado a propósito de los Pandora Papers (Pandora, emblemático nombre que hemos usado ya en estas páginas) porque la Oposición asume que la polémica tercera condición para cerrar el negocio en la venta de Dominga se desconocía públicamente.

Esto último deberá ser dilucidado y habrá que escarbar en documentación proveniente del sector judicial y de textos periodísticos.

Eso en lo probable, pero la Oposición puede también instrumentalizar, y lo sabe hacer muy bien, la fe pública bajo un argumento intangible y es el de no creer que el mandatario  ignoraba tal cláusula de mantener excluido de la restricción ambiental el polémico proyecto de Higuerilla en la IV Región.  En esa estrategia basta con insistir que no se le cree.

Tal cláusula será la punta de lanza para clavarla en el actual y álgido periodo electoral que más bien favorecerá al candidato de la alianza Frente Amplio/PC que perjudicar a los 2 candidatos que representan a la derecha.

Los esfuerzos, énfasis y focalización de la acusación constitucional podrían traspasar todo el periodo electoral- para fortuna de Boric y de nadie más- incluido el balotaje y más allá de quien sea el nuevo inquilino que llegue a La Moneda, porque los Presidentes chilenos responden hasta 6 meses después de expirado su mandato.

Toda una nueva telenovela, en pleno y extensísimo desarrollo, muchos frotándose las manos pero cabe preguntarse ¿Dónde queda entre los intereses parlamentarios el Chile profundo, del día a día, del ciudadano común y corriente saliendo de una pandemia con no pocos tribulaciones e incertidumbres?

A propósito de la distancia con que los congresistas observan el mundo ciudadano a que no sea para direccionar los sufragios, el otro elemento candente es el cuarto retiro de fondos AFP, tema que focalizó mi último artículo y que les invito a leer.

El Peor Negocio

Semanario “Tiempo” 24/09/2021

Si el sector político, y en particular el Parlamento, se sincerara, renunciando a plantear los argumentos con que habitualmente justifica sus equivocaciones,  convendría que asumir la senda del Populismo ha sido su peor negocio.

Pero lo lamentable es que el costo  mayor  de ese  peor negocio se lo lleva la ciudadanía que por tal conducta está recibiendo el impacto de los desequilibrios económicos derivados del retiro de los ahorros previsionales, para mencionar la garrafalada más descomunal adoptada por el actual Congreso.

Señalo esto a propósito de la reciente encuesta CEP que le toma el pulso a la percepción ciudadana y a la marcha del país.

Si bien los sondeos no han sido asertivos en resultados electorales, en materia de mediciones del clima cívico sí aportan señales.

El Parlamento se sitúa en el penúltimo lugar como institución de confianza entre los encuestados, con un 8% de adhesión y sólo superando a los Partidos Políticos que cierran la clasificación con un 4%.

El proceder legislativo ha incubado consecuencias nefastas para la marcha del país, algunas muy concretas como ha sido  una Oposición que ha instrumentalizado de manera muy negativa su amplia mayoría y ha inmovilizado la apremiante necesidad de avanzar en la superación de problemas profundos como lo es precisamente la Reforma Previsional. Los encuestados le mencionan en segunda prioridad como problema al que se debiera dedicar esfuerzos en su resolución.

Por el contrario, la izquierda avanza de manera resuelta hacia un cuarto retiro, pulverizando los ahorros de los cotizantes porque su propósito es destruir el actual sistema, aunque el costo para tal fin sean varias generaciones de pensionados condenados a la pobreza.

De tamaño sacrificio tampoco está exento de culpa  el sector de la derecha que ha contribuido con su votación a ese desastre.

Con todo, el 61% los participantes de la encuesta estiman el régimen democrático como el más propicio para el país versus el 13%  que opta por un sistema autoritario.

Y acaso ¿no ha habido cierto autoritarismo del Parlamento que ha despreciado el consenso en su labor legislativa?

El paupérrimo 8% de confianza  que le confiere la encuesta es una señal del profundo rechazo ciudadano sobre la gestión congresista.

Un declive significativo  también en la adhesión ciudadana es el que está experimentando la Asamblea Constituyente con sólo un 24% de confianza. Un 61% de los encuestados opinó que el organismo debe privilegiar los acuerdos aunque los constituyentes deban ceder para llegar a estos.

Pero como no se observa clima de consenso, va cayendo la percepción que una nueva Constitución podría resolver los problemas nacionales  y hasta aumentó de 6 a 15 %  la apreciación que una nueva Carta Magna empeore la situación actual.

La sordera con que  está legislando el Congreso y su rechazo debiera constituir una brújula para que los constituyentes  enmienden errores que ya se traducen en decepción ciudadana.