El AFI y su desAFInidad con la Igualdad en Educación
Si la educación fuese igualitaria en Chile- que no hubiese profundos contrastes entre recursos y contextos que intervienen en los resultados y generan el diferencial en el rendimiento de niños y jóvenes- nos hubiésemos evitado el quiebre del Consejo de Rectores de las universidades tradicionales chilenas, el denominado CRUCH, enfrascado hoy en una discusión por la distribución de los dineros fiscales a propósito de la Reforma que otorga Gratuidad a los alumnos de menores recursos.
Una de las manzanas de la discordia ha sido el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), con que se premiaba a las universidades que logran captar los 27.500 mejores puntajes PSU.
Tal asignación se eliminó a contar del presente año y 2015 fue el último periodo en que se mantuvo en un 100% porque el anterior se redujo al 50% de la cifra histórica que no era menor, bordeaba los 26.000 millones de pesos.
Este Aporte era el más recesivo de todos los entregados por el presupuesto fiscal, ya que mayoritariamente favorecía a los postulantes del nivel socio económico más alto y así los recursos se concentraban en universidades privadas.
De esta forma iba en dirección contraria a los discursos y propósitos de una sociedad más igualitaria que han prometido los sucesivos Gobiernos y que aun no asoma.
Por eso también, si la Educación fuese equitativa, no estaríamos aplaudiendo- como lo hacemos- la desaparición del AFI, porque a igualdad de calidad educacional, el AFI hubiese recompensado el esfuerzo y rendimiento propio de los alumnos y no hubiese premiado, al fin y al cabo, los “entornos” que determinaron el mayor rendimiento de algunos jóvenes en una prueba de medición de conocimientos que por este diferencial de “entornos” dejó al margen de ese beneficio a jóvenes de ingresos deprimidos.
Tal vez el AFI careció del componente socioeconómico, esto es, retribuir con su asignación sólo a los postulantes que procediendo de sectores de clase media y marginada, hubiesen logrado puntajes de ingreso por sobre la media.
Porque vaya cuanto esfuerzo significa un buen rendimiento cuando se debe lidiar con escasez de recursos, y ambientes familiares, de vivienda, de recursos y tecnológicos adversos
La Educación es tal vez el proceso más eficaz para licuar la gran desigualdad existente en el país y si pretendemos emprender con voluntad una estrategia que nos conduzca hacia una sociedad más homogénea, menos segregadora y excluyente, la clave se sitúa en una política educacional con tales metas.
El AFI no tenía esos objetivos, simplemente era un instrumento para hacer competir a los planteles que funcionó en la lógica mercantilista que nos ha dominado en las últimas décadas. Los mejores puntajes se dejaban seducir por las universidades, que usaban sus estrategias de marketing, cuando aun no se incorporaba el elemento de la acreditación y en años en que aun no se cuestionaba la calidad de universidades investigadas por irregularidades que hoy han dejado al garete a sus alumnos.
No estamos planteando que los mejores puntajes no fueran seres pensantes al momento de decidir su ingreso a la universidad, pero tampoco es válido asumir que el único criterio de elección – argumento que plantean los defensores del AFI- está ligado al prestigio académico, porque ello significa entrar al terreno de las descalificaciones, un nivel que no es muy presentable en el mundo académico.
La decisión de los mejores puntajes de optar por determinadas universidades en rigor estuvo entrecruzada por factores entre los que cabe citar una cultura centralista, elitista, de creencias, oferta de carreras, y por tanto el prestigio académico es una entre otras motivaciones.
Tampoco la calidad de “públicas” de las universidades privadas constituye argumento válido para aspirar a fondos fiscales, como lo han demandado los planteles del G-9. Lo “público” en el sector privado se remite a un compromiso ético de una institucionalidad contribuyente en políticas nacionales conducentes al desarrollo del país.
Distinto es acceder a fondos fiscales por concursabilidad en propuesta de proyectos pertinentes a políticas públicas, donde sí tiene cabida el sector privado.
No es posible además cuestionar la responsabilidad financiera de los Gobiernos con sus planteles estatales, ese es un deber y competencia irrefutables.
Sería lamentable tener que resucitar el AFI. La Pontificia UC está liderando tal objetivo, es la más dañada con su eliminación, y ha presentado un recurso legal porque argumenta que tal instrumento nació por un Decreto que no ha sido derogado.
No constituiría la primera desprolijidad de las abundantes ya cometidas por el Ejecutivo y el Legislativo y tal vez el rector Ignacio Sánchez quiera hacer prevalecer el lema nacional “Por la Razón o por la Fuerza”. Está en su derecho.
Les invito a leer la columna que de este tema publiqué la semana pasada en el Semanario “Tiempo”, texto sobre el cual estimé necesario redactar este preámbulo. Contiene la explicación que no pude plantear porque los artículos en medios de comunicación tienen una extensión, una cantidad predeterminada de palabras y ese es un tirano al cual hay que obedecer.
Les dejo con la columna:
Déjenlo Morir
Publicado en Semanario “Tiempo” el 06/01/2017
Piadosa frase pronunciada cuando ya no hay vuelta atrás, con un agonizante que además está sufriendo.
Lo mismo solicitamos desde esta columna para el Aporte Fiscal Indirecto- el polémico AFI- asignación estatal que recibían instituciones de la Educación Superior por captar los 27.500 mejores puntajes PSU.
El AFI feneció en 2016 y aunque nos acusen de impía, lo aplaudimos, porque era el más recesivo recurso, además fiscal, con que se premiaba a los universitarios más pudientes.
La PSU era el único parámetro para que universidades, incluso no acreditadas, accedieran a estos dineros. No se requieren condiciones ni de pitonisa ni de analista para inferir a qué planteles mejor retribuía este aporte.
Simplemente invito a revisar el informe de Contraloría, para constatar que el 41% de Fondos AFI en 2015 se lo llevaron las 9 universidades privadas tradicionales (G-9); las 16 estatales, se quedaron con un 33,1% del total y un 24,8% lo captaron planteles privados. El 20% de los dineros entregados al G-9 se lo adjudicó la PUC.
La Pontificia, por tanto, recibió la quinta parte del Presupuesto AFI 2015 entre 60 universidades. El 65% se quedó en planteles privados.
Las cifras hablan por sí solas de las razones que tuvo el rector de la PUC- médico- para internar el AFI en la UTI y practicarle transfusión de sangre, respiración boca a boca y electroshock para resucitarle.
Los intentos por suprimir estos fondos datan de hace 2 décadas. Mantenerlos no es presentable, si queremos ser consecuentes con criterios básicos en igualdad.
La equidad en Educación es un tema particularmente sensible. Representa la oportunidad para jóvenes- a quienes la igualdad ni les ha rozado- de acceder a un título y abrirse paso- ellos y su familia- a una mejor calidad de vida, en todas las dimensiones de ésta.
Mantener el AFI significaría que dineros estatales seguirán llegando a jóvenes que, por efecto de un modelo económico absolutamente inequitativo, han sido subsidiados desde su nacimiento.
Por eso, no soy yo la impía por aplaudir el fin del AFI, sino aquellos que pretenden revivirlo, acción liderada por la PUC que busca apoyarse a una ley supuestamente no derogada- ese sería un nuevo error del Gobierno- para recuperar un aporte que hoy se integró a los dineros destinados a la Gratuidad de los estudiantes más vulnerables.
La premisa del rector Sánchez es básica. Plantea que dejará de percibir fondos para financiar sus programas y además pierde un aporte histórico.
Es el mismo argumento de quien ha trabajado por décadas y enfrenta el drama del despido.
¿Qué hace ese cesante?
Se las ingenia para rascarse con sus propias uñas, eliminar suntuarios y buscar otras vías de ingreso.
Eso debería hacer la PUC- quizás pedir más plata al Vaticano- y todas las universidades privadas que le están acompañando en el duelo.
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