La Calidad Educacional:

El Ingrediente que deben aportar los propios planteles

De no existir esa exigencia, será dinero dilapidado y un botín difícil de  distribuir

Desde todos los  flancos se anuncia el inicio de una “gran batalla” con el ingreso hoy lunes  del proyecto  de Reforma Educacional que en definitiva se circunscribe al ámbito de la Educación Superior, y más acotado aún, a las universidades.

No se precisa ser clarividente para formular tal afirmación, porque en rigor esa contienda está ya en su apogeo  antes del nacimiento del proyecto,  cuyo fundamento es la distribución de dineros fiscales. La Calidad que supone un proyecto de envergadura que lleve el título de Reforma, es casi tangencial, además de resistida por los planteles que no se han sometido al escrutinio de  pares evaluadores.

Hasta dudo que si esta iniciativa hubiese sido contra proyectos que apuntara a la calidad, tendría tantos agentes de presión en la escena  opinando sobre sus propios merecimientos para asignarse estos recursos.

Lo anterior es sólo simple ficción personal, porque la Reforma está atada a circunstancias más terrenales como es el vil dinero que mueve más emociones y pasiones que  “La Roja”.

El hecho que los dineros fiscales vayan a  financiar los aranceles significa un dinero “dulce” que todos los planteles quisieran capturar, y por tanto me parece bien que hoy el Gobierno reitere que el aporte estatal debe ser para quienes demuestren al menos rangos básicos en  Calidad. Es hacia ese objetivo que debe  revertirse la cultura del sector privado que gestionó la Educación bajo la inspiración de un negocio, desde sus inicios en 1981.

Eso significó que los planteles  privados nacidos bajo el amparo del Decreto N° 3.541  omitieron varias  acciones vinculadas al generar y difundir el saber y se focalizaron sólo en funciones de fácil y generosa rentabilidad.

Hoy el Gobierno ha reiterado que los dineros de arcas fiscales destinados a las universidades estarán condicionados a la validación de los  planteles en procesos de acreditación.

Este es un requisito del cual nadie debe escandalizarse, bajo la trivial argumentación que con ello hay una pretendida estatización. Un deber de todos los Gobiernos es cautelar el uso de recursos públicos, y principalmente le asiste la obligación ética de resguardar la calidad de la formación  que se imparte en materia educacional, aun cuando ésta se imparta desde el sector privado.

Sin embargo, retornando a la prevista y anticipada batalla campal por las platas destinadas a universidades, al Gobierno le será muy difícil sacar este proyecto desde la calle, aún cuando hoy ingresó al Parlamento, por una razón simple: es una propuesta que nació en la calle, tras el irreflexivo grito de “Educación Gratuita para todos”  que  en rigor se incubó en la presión a que  fueron sometidos los bolsillos de miles de familias de clase media, agobiadas por los elevados intereses bancarios.

No hubo sensibilidad de ningún Gobierno democrático, para identificar el drama de endeudarse que significaba a jóvenes y padres para  lograr  un título profesional.

Al igual que la Ley de Inclusión tramitada el año pasado, cuyo costo fueron movilizaciones estudiantiles y de profesores y de movimientos  que aun se mantienen, esta Reforma, que hoy inicia su trámite legislativo, hará un complejo y heterogéneo peregrinaje: en la calle, en el Parlamento, en el ámbito académico, en las familias.

Nos suscribimos plenamente a la postura gubernamental para que los recursos  fiscales no fluyan hacia planteles que no cuentan con barreras de entrada, como son los puntajes,  y que  carecen de otros requerimientos garantistas como es la acreditación.

Desde otra perspectiva, resulta casi sibilino que uno de los grandes cuestionamientos a la iniciativa gubernamental sea que se otorgue “trato preferente” a las  universidades estatales.

Claro,  fue muy desafortunado el concepto acuñado por La Moneda, porque el “trato preferente” no es sino el razonable  financiamiento que el aparato estatal debe brindar a las instituciones propias. En esos planteles- un total de 16- es donde tradicionalmente se ha cultivado un espíritu de pertenencia social, ética y de compromiso con la comunidad, y son los mismos que históricamente han recibido menores ingresos, en tanto se incrementan las exigencias en su quehacer.

Todos los años hemos analizado las frías pero objetivas cifras revisadas  por la Contraloría que demuestran cómo los dineros fiscales van hacia planteles con autonomía de gestión, beneficiados  con otros caudales y donde  se educan mayoritariamente jóvenes de los deciles superiores.

Ha habido una campaña de auto-victimización de los planteles privados: tradicionales y no tradicionales y un encarnizado ataque hacia  los planteles estatales.

Un ex rector no se quitó ni el alza-cuello sacerdotal para calificar a las universidades fiscales de “cartel”, en tanto una segunda  autoridad se atrevió a decir que al privar a los planteles particulares de algunos  ítems, como postula el proyecto, “nunca más se  verá a universidades chilenas en ranking internacionales”.

No sé a qué clasificación se refería, porque nunca hemos escalado más allá del más que discreto puesto 120, pero resultaría interesante que las instituciones particulares  emprendiesen per se un quehacer integral que otorga  en rigor el sello de Universidad, tras el cual es posible ascender en rankings internacionales.

En  nuestra última columna publicada en el Semanario “Tiempo” analizamos hacia donde fluyeron los dineros estatales en universidades en 2015, según el informe contralor.

El documento ratifica lo acontecido en ejercicios anteriores: los mayores caudales se los llevan los estudiantes y las  universidades del llamado G-9- una nomenclatura propia del capitalismo- que integran las 6 universidades católicas y otras 3 privadas históricas (pre-1981).

Les invito a leer ese texto:

Las parientes pobres

Publicado en Semanario “Tiempo” el 01.07.2016

Como ha ocurrido  todos los años- en víspera del debate presupuestario fiscal y este año en el contexto de la Reforma-  las universidades privadas pertenecientes al dorado círculo del G-9- han salido a reclamar.

El G-9  que lo integran las 6 universidades privadas con la aureola de Pontificias- más otras 3 no confesionales- Federico Santa María, Concepción y Austral-, alegan una vez más que se las  discrimina, no obstante el gran aporte que hacen al país y que- asumen- les otorga el carácter de públicas.

Claro, son públicas, en tanto forman parte de todas las instituciones que desde los más diversificados sectores contribuyen al desarrollo del país.

Desde el “raciocinio” del G-9, también deberíamos declarar el carácter de públicas a Isapres y AFPs.

Después de todo, cumplen  igualmente una  labor importantísima: acceso a la salud y a la previsión.

¿Y alguien estaría de acuerdo con que se les otorgara recursos estatales?

Pero el G-9 sí los recibe y cuantiosos; proporcionalmente mayoritarios a aquellos que se distribuyen entre las 16 universidades estatales, cuya gestión queda encasillada en rígidas normas financieras.

El G-9, que goza de autonomía en sus manejos presupuestarios, accede a fondos estatales a través de aportes a sus estudiantes y a las instituciones, más el respaldo financiero proveniente de fuentes privadas incluido el Vaticano.

Sumemos el “lobby” proveniente de padrinos con acceso al Gobierno. Por ejemplo, el padrinazgo de la Democracia Cristiana para todas las Pontificias, teniendo en cuenta que la DC integra el conglomerado oficialista.

El Informe  2015 de Contraloría General da cuenta que las universidades del G-9 fueron las “regalonas” de los Gobierno Regionales, y se llevaron una  buena proporción de Fondos Gore, también estatales.

Las becas, y ahora la Gratuidad, les otorga el privilegio de matricular alumnos con elevados puntajes. Adicionalmente, de los 23 fondos o aportes fiscales que van directamente a la institucionalidad universitaria,  el G-9 recibió dineros desde 15 ítems. En 2015, de todos los dineros públicos otorgados al sector terciario, incluidos  Institutos Profesionales y Centros Técnicos,  el 39,7%, fueron para los planteles del G-9.

El informe contralor muestra que en la distribución de dineros fiscales, el G-9 fue el David contra Goliath, porque apenas  9 planteles  se llevaron la mayor tajada entre 50 universidades.

La auditoría  contralora derrumba la teoría de la discriminación que ha asumido como bandera el G-9. Esa información la desglosaremos en nuestra próxima columna.

Ese documento enjuga todas las lágrimas y demuestra que  quienes  se sitúan como las parientes pobres en la distribución de dineros fiscales son  las universidades estatales, particularmente los planteles de carácter regional.

Donde se educan y forman los más pobres de este país.

Como siempre, la torta está  mal repartida.