Sigue la Encrucijada en Educación Superior

En un artículo anterior- hace un par de meses-  dije que las universidades públicas están aproximándose al año 2016 jugando a la gallinita ciega en materia  presupuestaria.

Hoy que ingresamos al último trimestre del año, cuando  los planteles debieran contar con más adecuadas señales para  planificar su próximo periodo lectivo en tanto habrá reformas en los aportes,  siguen jugando a la gallinita ciega.

Ignoran cuantos recursos van a recibir, bajo qué modalidad, cómo operará el anticipado anuncio de gratuidad. Sumemos que tampoco conocen si vendrán nuevas imposiciones del nivel central como podría ser el congelamiento de matrículas y carreras. Al parecer, porque aun no está establecido, la gratuidad permanecerá vigente sólo para los años de duración de la carrera. 

Un eventual congelamiento de matrículas y carreras– propuestas que ya  ha planteado el Gobierno- proyecta un preocupante horizonte para los planteles  superiores del sector público porque los deja en un nuevo y desmedrado  nivel de competencia en relación a las privadas que cuentan con toda la autonomía para su gestión, desarrollo y renovación.

para el actual ejercicio se cercenaron algunas glosas presupuestarias ¿Cómo vendrá la mano para el próximo año? Oscurantismo total, tras las expectativas que la propia ministra de  Educación, Adriana del Piano, generó sobre el anuncio que haría anoche la Presidenta Bachelet.

Pero sucede que la gobernante no aclaró nada y se limitó a  informar que 1 de cada 4 pesos en materia de expansión presupuestaria 2016 estará destinado a educación. Tal afirmación no despeja nada. Y reiteró la última de las  5 enmiendas  del proyecto de gratuidad que ya se  conocía: la propuesta favorece a 200.000 alumnos, provenientes del 50% de los quintiles de menores ingresos, está destinada a planteles que cuenten con acreditación superior a 4 años y que dispongan de participación estudiantil en la gestión.

Esta última condición es la que más complica a las autoridades de universidades privadas, conscientes que puede ser fuente de conflicto, al igual que lo que está ocurriendo en el nivel terciario estatal.

En efecto, la participación estudiantil en la gestión, lamentablemente está siendo  entendida por los dirigentes como una cuota de poder sobre las decisiones en la administración terciaria.

No es la participación el problema, como ya hemos señalado: ésta sería bienvenida si marcha al unísono del compromiso por el desarrollo institucional y de tolerancia en las ideas que emanen de los restantes estamentos.

Pero, en tanto  los alumnos  asuman la participación como un poder de carácter político para imponer su idea de gestión, sí que inquieta.

Y en esa línea, habría que deplorar que los jóvenes  repliquen el estilo de hacer política de los políticos en término que en ellos ha predominado  la defensa de sus cuotas de privilegio y no en cautelar preferentemente el desarrollo del país.

En materia de participación estamentaria, resultaría irresponsable que no proviniese un reglamento desde La Moneda, pero  me asisten mis más oscuras sospechas, en tanto  cuando la Presidenta  Bachelet anunció la derogación del DFL 2 que prohibía la participación estudiantil, expresó que cada plantel deberá resolver las tasas de participación de los respectivos  estamentos.

La Jefa de estado no ha dimensionado las consecuencias de  dejar al libre albedrío tal materia, o simplemente no ha querido dimensionarlo, siguiendo con el estilo de  complacencia para contener y frenar movilizaciones.

Se equivoca la mandataria: esta indecisión presidencial será cultivo de futuras protestas y efervescencia.

Hoy, un rector de universidad privada que también es columnista, difunde un artículo que arremete contra el requisito de participación estudiantil y opina que genera una suerte de discriminación para que los alumnos de planteles particulares accedan a la gratuidad, si están en igualdad de condición socio-económica que jóvenes de universidades públicas.

lo cierto es que nada les impide aplicar la modalidad de co-gobierno. Y si es un requisito tan fácil de adoptar, habría que preguntarse ¿Por qué las rectorías de universidades privadas no se abren a la participación estudiantil, en lugar de  estar quejándose a través de columnas?

La respuesta a esa pregunta es simple: la discriminación es al revés. Son los planteles públicos los que tendrán menor capacidad de autonomía por la imposición de este requisito. No es lo mismo administrar y gestionar desde el púlpito de la omnipotencia que desde autoridades colegiadas donde chocan intereses antagónicos

Muy incorrecto  lo que plantea el Rector Carlos Peña: porque se parapeta tras los alumnos para calificar de discriminación un requisito que  ellos están renuentes a adoptar.

Peña tampoco planteó la otra cara de la moneda de la desigualdad existente entre planteles públicos y privados. La escasa autonomía de gestión que ya aún sin participación estudiantil y de funcionarios asumen las universidades públicas debido a que deben encajarse en normas, disposiciones y supervisiones inexistentes para el sector privado, el que además  goza de las simpatías de empresas para  acceder a donaciones.

Decir por último a propósito de este columnista que no debe estar en  cuestionamiento la acreditación como requisito para acceder a la gratuidad: ese proceso asegura al menos niveles de calidad en la educación impartida, infraestructura y programas  ofertados, versus que  la oferta  terciaria en muchas universidades privadas  se nutre exclusivamente de profesores  hora y no contribuye en absoluto en áreas importantes  de un plantel superior realmente inserto en el país: Investigación, Extensión y Vinculación con el Medio.

Simplemente desarrollan programas que han gestionado- muchas instituciones aún- como un negociado en que lamentablemente la lógica de la máxima rentabilidad puede no ser compatible con la necesaria  calidad de un servicio educacional.

El Gobierno haría bien en despejar la interrogante existente en distribución de los recursos a universidades. Pareciera que, como en muchos otros aspectos de la Reforma Educacional, una vez más La Moneda está en un zapato chino  y no logra dar con una propuesta que  convenza a estudiantes y políticos en materia de gratuidad.

Y eso ocurre porque las expectativas del beneficio se impulsaron a través de una irresponsable promesa de campaña de gratuidad para el 70% de los alumnos más vulnerables;  luego, alguien con mayor nivel de imprudencia instaló el concepto de gratuidad universal y ya  el beneficio es para el 50% de los estudiantes de menores recursos de  planteles que reunan algunos requisitos.

La insatisfacción que tal involución ha generado ha llevado al efecto indeseado para el Gobierno: los jóvenes en la calle, escena que se repetirá el próximo  día 15, ya muy avanzado el año lectivo y cuando el foco de los estudiantes debiera ser su preparación en el aula.