El Abandono de las Universidades Estatales

Difíciles momentos pasan las Universidades Estatales en víspera del debate sobre gratuidad arancelaria

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, ha dicho ayer que “siempre debió haber un estatus especial para las Universidades del Estado”.

Ni estatus ni privilegio, como lo señaló en su oportunidad el anterior Ministro de Educación,  para lograr fondos fiscales, sino que  derechamente el dinero que el  Estado invierta en educación universitaria debiera concentrarse preferentemente  en  los planteles fiscales. Sólo así se logrará lo que plantea el Rector Vivaldi: estatus que ahora no lo tienen.

Las universidades fiscales son aquellas a las cuales se les prohíbe el lucro, se le exigen determinados estándares, se les aplica normas  restrictivas a su gestión, se les demanda transparencia y deben ejecutar todas las  líneas de acción que configuran una real academia.

Todas estas imposiciones son  privativas de las universidades estatales, en tanto las Corporaciones Privadas gozan de una ventajosa libertad que les permite flexibilidad en su gestión y poder atraer mayores recursos.

Por eso, provoca desazón que el planteamiento existente a  nivel de Gobierno, de Parlamento y la Opinión Pública sea que los fondos provenientes del erario nacional estén compartidos con las universidades privadas.

No me estoy refiriendo a aquellos que se les asigna a los estudiantes, sino los fondos que van a dar directamente a las instituciones, los denominados IES, con los cuales los planteles  deben desarrollar una serie de actividades, además de la docencia.

Tal vez, si quisiera interpretar a Vivaldi, se refería a estas asignaciones, porque si los fondos concursables y de desempeño deben ser compartidos con el resto de las privadas- entre las cuales hay que considerar las 9 afiliadas al Consejo de Rectores (CRUCH)- ¿dónde está el fondo que en exclusividad hace la diferencia en los planteles estatales y la compensación por la restrictiva gestión fiscal?

En estas mismas páginas elaboramos un informe sobre cómo los planteles fiscales obtienen  menos dinero del Gobierno y  la mayor proporcionalidad de recursos que va a parar a las universidades privadas afiliadas al Consejo de Rectores.

Ese artículo- sustentado en la cuenta que difunde la Contraloría General de la República- lo elaboramos todos los años y no ha registrado variación en los menores ingresos que proporcionalmente reciben los 16 planteles fiscales y los mayores  recursos de 9 privados, 6 de los cuales  responde al grupo de Universidades Católicas, con apoyo de la Iglesia Católica.

Adicionaremos en este texto otros desgloses de ese mismo informe que no incluimos en el anterior.

El 82,6% de fondos  fiscales dedicados a la educación terciaria fue asignado a universidades, incluidas las fiscales y las privadas, y consideradas la demanda estudiantil y las asignaciones a planteles.

De ese total, las corporaciones privadas (Cruch y no Cruch) recibieron el 49,9% y el restante 32,7% lo compartieron las universidades estatales. 

La glosa IES, fondos directos a instituciones, el 15,5% fue captado por las instituciones fiscales y el 12,4% por las privadas.

Es en esta glosa donde se observa la gran predominancia de colocación en las universidades privadas Cruch, apenas un total de 9, que reciben  el 11,2% de esos dineros en tanto el 15,5% ya aludido debe ser compartido por los planteles públicos.

De los 9 privados del Cruch, 6 son confesionales católicas y por eso el rector Vivaldi aludía ayer a los Fondos desde el Vaticano, privilegio que también hemos hecho notar en nuestros reiterados informes al respecto.

Todo lo que hemos expresado derrumba el discurso del Gobierno en cuanto a su pretendido interés por privilegiar la Educación Pública.

Por el contrario, los dineros fiscales están siendo dirigidos a planteles  privados y tampoco se observan esfuerzos en los proyectos reformistas por recuperar la calidad de la educación en sus anteriores niveles.

Las carencias en dominio de contenidos, en lenguaje oral y escrito presentan una dificultad en los alumnos de primeros años en las universidades, y esta realidad demanda de los académicos realizar esfuerzos extra programáticos para superar tales vacíos, particularmente en universidades estatales, donde ingresan mayoritariamente los jóvenes  a quienes tales dificultades representa un obstáculo en el avance de sus estudios.

En el debate sobre el proyecto de gratuidad universitaria se está observando un pretendido pauteo desde las universidades  privadas del Cruch hacia el Gobierno en el destino de los dineros considerados en  esa propuesta.

Esa estrategia la lidera el rector de la Pontificia  Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez, quien ha tenido la osadía de plantear que  el Gobierno debiera postergar hasta el 2017  esta reforma.

También hoy se hizo eco de esta misma “recomendación” el DUOC UC, plantel  afiliado al área confesional católica.

En el mismo informe a que aludo, entre las 30 Corporaciones que la propia Contraloría General de la República, rankeó como las instituciones que reciben más recursos fiscales están TODOS los planteles privados del CRUCH, y por tanto todos los Católicos, y también el DUOC UC, que supera a muchas de las universidades regionales fiscales en la entrega de recursos estatales.

Las señales entregadas por La Moneda- que ha modificado su propuesta de gratuidad en 4 oportunidades, ya nos referiremos a esos vaivenes en otro artículo- ha planteado una escisión en el Consejo de Rectores.

En buenahora resultaría que se concretara tal división y que se sincere de una vez que las privadas no deben participar de ese Consejo,bajo el sustento y apelación  a una nostálgica  tradición e historia (¿?) en este conglomerado.

Y que eso signifique que el Estado  genere fondos y/o asignaciones exclusivos para las Universidades Estatales en retribución en todos los criterios, limitaciones y dificultades que hemos señalado en este artículo

Porque quienes en propiedad realizan sus mejores esfuerzos en la formación profesional de los  chilenos de menores recursos son las estatales y cuando se está dirigiendo proporcionalmente los dineros  hacia el G-9 se  entrega a alumnos que pueden obtenerlo a través de becas y otras asignaciones, por último proveniente del mundo privado. Es cuestión de revisar las donaciones dirigidas desde el sector privado a universidades.

Un capítulo aparte en la política de distribución de recursos fiscales a universidades es la aún más difícil situación con que operan las universidades regionales fiscales.

Hemos planteado reiteradamente que  éstas debieran gozar de una asignación especial sólo por hacer soberanía a través del país y constituiría una señal que  el Gobierno otorgue para avanzar en la prometida y siempre postergada descentralización.

A su vez, los estudiantes de  universidades regionales debieran reconsiderar sus estrategias de movilizaciones, abandonando  las muy cuestionadas ocupaciones de los campus.

Tal estrategia termina confiscando su rendimiento, impidiendo la labor académica y haciendo el trabajo sucio para que los planteles metropolitanos privados obtengan el mayor beneficio. Es ganancia cero y sí representa mucha pérdida para las comunidades universitarias que aportan al desarrollo en las postergadas  regiones.

No hay explicación ni justificación para que las demandas presentes en movilizaciones signifiquen respetar el normal desenvolvimiento de la academia.

Mañana publicaré un  nuevo artículo sobre el proyecto de gratuidad universitaria que ha ido de tumbo en tumbo antes de siquiera iniciar el debate.

Será el tema que también abordaré en la próxima columna  del Semanario “Tiempo”