Pavoroso balance de catástrofe Zona Norte

A dos semanas de ocurrida la  gran catástrofe que azotó al sector norte de Chile, calificada  como la mayor de las últimas 8 décadas,  el país deberá enfrentarse  al pavoroso  balance que aun no tiene punto final porque a las 29 víctimas, cuyos cuerpos e identificaciones están formalizados,  hay familiares de 150 desaparecidos que les buscan infructuosamente entre los vestigios del lodazal que constituye la principal barrera para dar con ellos.

Ignoro si en ese conteo se incluyeron a  los 4 tripulantes de una avioneta  que sucumbió, de un bombero y otro voluntario que también  fallecieron mientras prestaban los primeros auxilios a esta zona devastada.

A éste, el más trágico saldo, se suman 29.741 damnificados según informe de la Onemi hasta el día  7 de abril, de los cuales  unos 2.500 permanecen en albergues.

Una gran mayoría de estos damnificados no cuentan además con hogares ya que  la misma organización dio cuenta de 2.071 viviendas totalmente destruidas y más de 6.000 con daños mayores, léase inhabitables.

Sumemos que  los centros  urbanos y poblados más al norte de la Región de Atacama no dispondrán por mucho tiempo de agua potable porque hay kilómetros de cañerías destruidas que  deberán  reponerse.

Agreguemos una grave situación sanitaria porque  tampoco funciona la disposición de excretas y el resecamiento del lodazal  levantará polvillo altamente contaminado.

En esa línea también hay un tema de alta incertidumbre, porque entre la población  existe una percepción que también podría emanar contaminación provenientes de metales pesados, situación que se estudia. La minería es la principal actividad de esa zona y su geografía presenta una cantidad considerable de relaves  vigentes y otros en desuso, sobre los  cuales hubo preocupación.

Una actividad que  genera tantas utilidades ¿habrá tenido la precaución de dotar a esos relaves de cercos de seguridad? En naciones desarrolladas, disponer de esas estructuras es una  obligación porque los relaves se sitúan precisamente en áreas  muy vulnerables a eventos como el  catastrófico que nos  ocurrió.

No es posible realizar aun el catástro del sector  agrícola, que es  un segundo eje económico de la Región de Atacama. Este cataclismo les sorprendió en plena etapa de  envío de primores al exterior, que generan un buen rinde en divisas.

El entorno económico  debe ser seguramente sombrío para la gran cantidad de  Pymes instaladas en una zona  minera que  genera ese tipo de clusters.

35.000 escolares en la región permanecerán por varios meses sin concurrir a su colegio: hay planteles totalmente destruidos y otros que funcionan como albergues.

El pavoroso escenario que describí no termina ahí: proyectemos también en  la situación económica a centenares de trabajadores  que perdieron su fuente laboral, ya sea como dependiente o independientes.

Se trata de  chilenos que, bien o mal, tenían sus vidas  estructuradas, pero eso se lo llevaron los aluviones.

Aplaudimos la decisión del Gobierno de  financiar 3.000 puestos de trabajo entre los mismos residentes para que se sumen en actividades de despeje de su región.

La ayuda fiscal y privada deberá provenir en diversos frentes. Quedarán liberados por ejemplo algunos recursos financieros que algunas empresas derivaban a políticos. Que fluyan ahora hacia quienes  realmente lo necesitan. No he escuchado de una ayuda sincronizada- tal vez lo hacen con bajo perfil- de parte de las multiples asociaciones de  grandes y medianos empresarios del país.

Eso, en los actuales tiempos de natural y explicable desconfianza, resultaría  reconfortante escuchar.

Chile no sólo ha sido golpeado por la naturaleza. También el resto estamos pidiendo una explicación y una transparencia con respecto a prácticas que van directo al corazón de la democracia.

A propósito de ambas catástrofes, escribí para el Semanario “Tiempo” la semana pasada un artículo que da cuenta de los primeros traspiés para atender este cataclismo.

Les invitó a revisarlo.

Chile desbordado (03.04.2015) Semanario “Tiempo”

Qué duda cabe que estamos desbordados y desde hace  tiempo. Por la furia de la naturaleza y por la codicia de algunos, tema al cual ya hemos dedicado varios artículos.

Hoy nos preocupa el desborde del agua en el norte y del fuego en el sur que deja en duda el axioma sobre el que nos pretenden convencer: que las instituciones funcionan.

Porque el lamentable rigor de la realidad muestra los reiterados y cuantiosos testimonios aportados por los damnificados  del norte quienes han dado cuenta, aun trascurrida una semana,  de la orfandad en que continuaban tras haber perdido absolutamente todo.

Es cierto, la magnitud de esta debacle sobrepasa con creces la inmediatez para resolver la multiplicidad de requerimientos existentes en las regiones septentrionales, pero en la fase inicial, la institucionalidad participante en esta emergencia ha mostrado debilidad en la organización, coordinación, información, lentitud y la distribución de la asistencia primaria.

Persiste además  la duda si operó con oportunidad la alerta temprana, con respecto a la cual el Servicio Meteorológico y Onemi mantienen una controversia con opuestas versiones.

Despejar  hoy dudas sobre esta discusión, en medio del dolor y la desgracia, resulta inoficioso, pero no podemos menos que retroceder al recuerdo del tsunami del 27-F, cuando en Chile se instaló similar discusión sobre la oportunidad de  la alerta.

La consecuencia de esa imprevisión dio por resultado un mayor número de víctimas. Hoy estamos frente a una circunstancia similar de una cuantía importante en pérdidas humanas. Nuestra proyección es que sobrepasará el centenar.

Si no se hizo la advertencia a la población de la magnitud del siniestro, estaríamos una vez más registrando una lección no aprendida. O peor: una omisión inexcusable.

Una segunda omisión inexcusable es el letargo del proyecto para modernizar el Sistema de Emergencias, que descansa hace más de un año, en el Congreso, a pesar de la seguidilla de desastres que  se ha registrado en ese lapso.

La iniciativa fue replanteada por la actual Administración y ha sido reflotada por los legisladores post tragedia. Porque esta tragedia demostró  a los congresistas que los desastres no esperan por mitigaciones, simplemente se presentan.

No nos olvidemos del Sur, aun bajo el dominio del fuego. El balance de Conaf  daba cuenta esta semana de nada menos de 89 incendios vigentes. Entre los más relevantes, Conaf consigna 3 reservas (China Muerta, Malleco, Ñuble), además del Parque Nacional Conguillío.

Entre 2014 y 2015,  el país registra una superficie quemada de  casi 26.000 hectáreas.

Por eso  titulé este artículo “Chile desbordado”. No sólo se  desbordaron los ríos. Estamos desbordados por una institucionalidad inoperativa y por la inexistencia de una infraestructura, equipamientos y recursos humanos necesarios para mitigar estas catástrofes, tema que abordaremos en otra columna.