Nota de la Editora:
¿Qué sentido tiene una nueva Comisión para combatir la la Corrupción si tras designada, los acontecimientos muestran que aquellos mismos que hacen promesa de desterrar tal práctica y los organismos encargados de fiscalizar establecen una barrera para que se sepa la verdad en hechos claramente vinculados a actos de corrupción?.
Eso se preguntarán los chilenos cuando la justicia que va tras los actos punitivos se está estrellando contra muros y dilaciones para entorpecer la entrega de la información requerida.
En la columna, publicada el pasado fin de semana en el Semanario “Tiempo” manifesté pesimismo sobre la utilidad de esta nueva Comisión que viene a sumarse a otras también de muy bajo rendimiento.
Las recientes encuestas han expresado rechazo por sobre el 70% de la utilidad de esta nueva instancia, porque las Comisiones mientras vayan en paralelo a instituciones que no funcionan y poderes fácticos que presionan para que no se sepa la verdad y queden al descubierto las relaciones irregulares entre Empresas/Políticos no tendrán ningún destino.
La sospecha que se cierne sobre el Servicio de Impuestos Internos afianza cada vez más la necesidad de que este organismo tenga carácter autónomo, aun si es efectivo si hoy está recibiendo ordenes de sus superiores o si no es así.
Si queremos transparencia, eliminemos entonces toda eventualidad de sospecha sobre organizaciones fiscalizadoras.
Las conjeturas han trascendido el país y el consorcio canadiense socio de SQM ha procedido a retirar a sus representantes del directorio pues no comparte la negativa de los ejecutivos para entregar la información.
Les invito a leer la columna titulada “Déjà Vu” donde me refiero las expectativas que pueden esperarse de una nueva Comisión que intenta enmendar aquello que debe hacerse por la vía de la institucionalidad, de prácticas correctas y de fortalecer e independizar los organismos controladores.
Déjà Vu
Esta expresión francesa (ya visto) fue acuñada para identificar la sensación de haber ya experimentado lo que en ese momento se está viviendo.
Es la que tenemos frente al flamante “Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencia y Corrupción”, rimbombante título, surgido como remedial para que ¡nunca más ocurran! los sucesivos escándalos presentes en la política, en lo público y en lo empresarial. A partir de la convocatoria presidencial se puso punto final al “1,2,3..¡Momia es¡” que estaban practicando los políticos apabullados por la contundencia de las investigaciones que dan cuenta de las promiscuas relaciones política y empresa y que les había dejado mudos, momificados, sin pronunciar mayor frase condenatoria, una vez comenzó a aflorar la percepción que en las reprochables prácticas estarían incluidos políticos de todo el espectro.
¿Cuántos serán los Consejos Asesores que funcionan en Chile para que todo siga igual? Mencionemos 4 importantes: Educación, Previsión, Trabajo, Energía y todo sigue igual, o apenas con escasos avances.
Este nuevo Consejo da la espalda a nuestra institucionalidad, donde debe estar el real énfasis en la reparación de una orgánica que es lene y feble y no correspondiente para una efectiva reparación a faltas cometidas que han permitido el statu quo de la Cultura del Abuso y del Poderoso.
Revisar las penas y sanciones establecidas, otorgar reales atribuciones a superintendencias y organismos como el Sernac y el Servel, reforzar el aparato controlador e igualar la prosecución de procedimientos para todos los chilenos debieran estar presentes en la voluntad presidencial y legislativa, si se pretende aplicar políticas de equidad y evitar delitos de cuello y corbata.
Hoy las normas laxas y permisivas impiden la aplicación de una ley igualitaria y que el trato entre poderosos y el resto de los chilenos sea simétrico.
Añadamos que deben eliminarse privilegios irritantes para los legisladores y que sus Comisiones Investigadoras realmente funcionen.
Una evidencia: revisé en la Cámara Baja la Comisión Investigadora sobre el Caso Penta, SII, Servel y SVS y encontré lo siguiente:
Citación día 09 de marzo: citado el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, por tanto con obligación de concurrir. Invitados: los jefes de campaña de Presidenta Bachelet y de los senadores Ena von Baer, Moreira y otros 3 del ala derecha y por tanto, sin obligación de asistir.
¿Quién concurrió? Sólo el representante del CDE. El resto se sentó en la indiferencia.
Y sobre los procedimientos. ¿Por qué el allanamiento a la casa de Dávalos Compagnon se efectuó en sigilo, diferenciado a otras intervenciones mediáticas? y ¿Por qué el texto de la denuncia que hizo estallar este caso, se mantiene en reserva?
¿Ve, que un Consejo Asesor no borra con el codo aquello que continúa practicándose de la peor manera?
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