(del 10 al 15/06/2026)

Si el Resumen de la semana anterior estuvo lamentablemente escorado hacia lo negativo, en el actual sucede lo contrario por la trascendencia de los menos pero gratificantes anuncios. El mejor, es el internacional, aun cuando no sea éste el objetivo de esta página, pero la información con las voluntades de Estados Unidos e Irán expresadas en haber llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra, opaca cualquier hecho local.

Las responsabilidades de los líderes mundiales que debiesen preservar los acuerdos por sobre las armas en zonas cuya puesta en conflicto es de impacto mundial debiera ser una lección que queda de este primer anuncio que esperamos prevalezca en los 6 meses estimados de conversaciones que debieran culminar con la negociación final.

Todavía hay un nubarrón pendiente tras este anuncio conjunto y no es menor. Al cierre de este resumen no se ha escuchado la opinión de Israel sobre este acuerdo. El domingo, cuando se aproximaban los detalles del pacto hubo una incursión de Israel sobre el Líbano.

Con todo, al sólo anuncio, las bolsas estallaron en euforia, el dólar se hundió y el petróleo se desplomó por bajo los 100 dólares llegando a 85. No es esperable alcanzar de inmediato los niveles pre-conflicto porque se deben recuperar instalaciones petroleras y barcos de transporte, estimándose que la normalidad demorará unos 6 meses.

Si bien Chile no se abastece de la zona amagada, participa del mercado internacional, pero la política de shock aplicada por el Gobierno para contener el alza del combustible causó un daño menor al evitar el sobrecosto y su impacto en los esmirriados recursos públicos que presenta el país para imprevistos de esta envergadura.

También será una gran lección el avanzar a paso más raudo en el uso de  energía más limpia, de menor costo y menos dependiente de un recurso contaminante y conflictuado por  continuas acciones bélicas.

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El Gobierno ingreso indicaciones al Proyecto de Sala Cuna Universal, estimado necesario para enfrentar el desempleo femenino. Un  optimismo que lo asumimos con discreción,  porque hay otros factores que inciden en la menor ocupación formal de la mujer.  

La pandemia asentó el trabajo en casa, con el uso de habilidades que unido a la promoción por redes sociales puede a muchas mujeres resultarles como actividad remunerativa más cómoda y atractiva que la ocupación formal.

Sacar a trabajadores menos calificados de la informalidad será una gran tarea, particularmente las mujeres que valoran la libertad horaria, mayores ingresos, y la independencia, sin tener en cuenta que impacta de forma negativa en la protección que otorgan las leyes sociales.

Podría ser una contundente y preocupante herencia a futuros Gobiernos en un universo masivo de subsidios en salud y otros asociados a la vejez.

La iniciativa de Sala Cuna Universal propone una gradualidad de 4 años para que esté en régimen completo de mujeres trabajadoras, incluidas independientes y también papás que tengan la tutela de sus hijos.

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En lo político, la Izquierda menos radical ha realizado discretos encuentros de reflexión sobre su presente y futuro. No lo han expresado, pero debe preocuparles que como Oposición, aun unida a los sectores más radicales- PC y FA- no ha logrado capitalizar réditos en la Opinión Pública y la Ciudadanía adhiere a las propuestas del Gobierno.

Al cierre de este Resumen se abrieron a “dialogar” sobre el proyecto de Reconstrucción. Pero esperan plantear propuestas de lo que ellos estiman debe hacerse en materias de Economía, Seguridad y Migración. Y advierten que quedará en “stand by” la alternativa de ir al TC, pero será  una opción que podría activarse  si se mantiene el proyecto como se ha propuesto. Por último, plantean que aceptan como interlocutores sólo a los ministros Alvarado y García Ruminot

¿Eso es “dialogar”?

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Nuevos pasos cumplieron los parlamentarios que auspician la Acusación Constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda al designar por sorteo la Comisión Revisora de las causales que la respaldan. La instancia la integrarán tres parlamentarios de Izquierda y 2 de Derecha. Esta semana esa Comisión comenzará la ronda de exposiciones, principalmente de economistas, argumentando sobre la sustentabilidad o injustificación de la AC.

Según se ha informado, varios economistas se han restado de la convocatoria y hasta este lunes sólo se ha inscrito el exministro de hacienda, Mario Marcel. Claro, a él le asiste un deber moral llegar hasta el hemiciclo.

Según Parisi, los diputados del PDG estarían alineados para favorecer la acusación, postura que permitiría aprobarla en la Cámara Baja.  Tal eventualidad ha exacerbado el mal clima existente a nivel parlamentario y la Izquierda está amenazando con una suerte de revanchismo con una futura acusación contra  el actual titular de Hacienda.

Quien trazó una línea roja en las cuestionables amenazas fue Darío Quiroga, el exasesor de Jeannette Jara, quien comparó al titular de Hacienda, Jorge Quiroz. con Portales, y agregó una virulenta frase, “pero murió asesinado, eso sí”, parafraseo que generó críticas desde todos los sectores.

La AC hacia el exministro Grau lo juzgará como el principal responsable en el descalce existente en las proyecciones presupuestarias 2026 que dejó el Gobierno anterior y que ha generado un descalabro en las proyecciones económicas del país, aun cuando el pleno responsable es el extitular de la cartera, Mario Marcel.

Para la Izquierda, las diferencias  presupuestarias se presentan en todos los balances y no reconoce la magnitud en el desfinanciamiento del actual ejercicio. Los patrocinantes de la AC, en contraste, sustentan que hubo una gestión ineficiente y algunos señalan que podría argumentarse un  dolo, si se considera lo cuantioso de los gastos no informados y  compromisos impagos sin respaldo que permitieron finalmente un presupuesto muy desequilibrado para este año e incurrir en mayores recortes.

Su antecesor en la cartera, Mario Marcel, a quienes muchos culpan de la mala gestión en los 4 años de Boric, se despercudió de la responsabilidad  afirmando que la actual Administración es la que debe hacerse cargo del problema. Eso, como si no tuviese incidencia alguna hacia el presente año y el futuro el paupérrimo “legado” económico que él mismo contribuyó a generar.

Como sea, este nuevo reto de AC entre Oficialismo y Oposición, se rechace o se apruebe el libelo, los daños han sido para el país, los contribuyentes y los chilenos de menos recursos que reciben el impacto de la estrechez económica.

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Y si continuamos con los costos fiscales por errores políticos, esta semana ha sido debate  el cobro que está haciendo el Gobierno a deudores de Créditos con Aval del Estado, Cae, a través de la Tesorería que procedió a embargar las cuentas corrientes de los morosos.

Hay que precisar que Tesorería está facultada por 3 normativas- la última tramitada en el Gobierno de Boric- para disponer el embargo por deudas fiscales.

Pero este movimiento de la TGR debe entenderse como un llamado a deudores que pueden pagar el crédito, en condiciones blandas por lo demás, a acercarse para repactar con la entidad recaudadora.

Según Quiroz, la TGR está ejecutando a morosos renuentes con ingresos por sobre los $ 3 millones 500 mil. Si es así, no se trata de familias de escasos recursos, sino  una de ingresos acotados pero con capacidad de pago.

En el debate, la Izquierda menos radical ha reconocido que hubo un error en las promesas de campaña que sin ningún respaldo hizo el expresidente Boric. El exgobernante nunca sinceró la imposibilidad de su cumplimiento porque le interesaba mantener una importante base electoral, aunque generó severo daño a los propios deudores y al país.

Y ahora sale a inculpar a la Derecha, omitiendo su propia responsabilidad en la deuda Cae, señalando que la Oposición a su Gobierno se negó a aprobar una nueva Ley de Financiamiento de Educación Superior (FES) un proyecto que no logró consenso ni en su propio sector político, rechazado además por la asociación de rectores de universidades y especialistas en educación.

En su retórica no tiene cabida su propia responsabilidad en el endeudamiento que generó entre uno de sus sectores de votantes. Por el contrario, atribuye al actual Gobierno la responsabilidad de “haber abandonado a esas familias”.

Y si de deudas se trata, el Gobierno anunció que ahora irá por los beneficiarios de Becas Chile que el Estado concede a quienes cursan estudios de postgrado en el extranjero.

Un grupo de 1.800 becarios no retornaron al país donde debían cumplir el doble de la estadía en servicio.

De lo contrario, la reglamentación establece que debe devolverse al erario el monto del beneficio.

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Al Ministerio Público envió la Contraloría los antecedentes con reparos,  emanados de   su revisión en la ejecución del Censo 2024, proceso en que detectó la contratación de 16 censistas que presentan antecedentes delictuales, en tanto otros 14 eran extranjeros ilegales.

Es una denuncia escandalosa que se suma además a la desprolijidad en variados frentes del Gobierno anterior. La semana próxima detallaremos, todas las aristas de un trabajo censal muy mal ejecutado, porque será tema de un artículo que preparo.

La Contraloría anuló además una resolución exenta emitida  en el Gobierno de Boric que permitió a 12 pescadores artesanales ingresar al Registro Nacional de Pesca, saltándose la reglamentación vigente que en lo fundamental busca resguardar el recurso hidrobiológico.

El crecimiento exponencial de captura, como lo autorizó el anterior mandatario, ha sido calificado como una irresponsabilidad ya que el límite actual en la pesca del producto y el número de embarcaciones que participa está sustentado en un rango máximo sostenible.

El organismo contralor suma una tercera denuncia a su activo trabajo. El 93% de las municipalidades del país otorgó permisos de circulación a propietarios de vehículos que registran multas impagas por infracciones cometidas entre los años 2022 al 2025.

Hay beneficiados con estos permisos irregulares que reúnen centenares de infracciones.

Funcionarios municipales y familiares de funcionarios figuran entre los “beneficiados” con estos permisos.

La Contraloría impartió a los municipios orden de sumarios y envió al Ministerio Público los antecedentes para revisar que si, junto con la irregularidad del otorgamiento de licencia, alguno de los infractores esté involucrado en un delito.

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Con un rechazo generalizado reaccionaron parlamentarios de todas las tendencias por la presentación al Congreso de un proyecto patrocinado por la diputada comunista Lorena Pizarro para modificar la ley Naim Retamal.

Este cuerpo legal protege las funciones de las fuerzas policiales en su accionar frente a la violencia, el desorden y el avance del Crimen Organizado.

La propuesta comunista y frenteamplista aspira a eliminar las disposiciones que establecen la presunción legal sobre legítima defensa con que ahora Carabineros puede actuar.

Por el contrario, el Gobierno ingresará a discusión dos proyectos para fortalecer la acción policial. Uno propone  ampliar las penas por atentar contra Carabineros y un  segundo hace extensiva la legítima defensa privilegiada a funcionarios que se encuentren de franco.

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Un silencio absoluto, nulo pronunciamiento y reacción ha sido el del vigoroso entramado que se supone revisa, supervisa, controla y previene el mercado financiero del país, tras la Operación Tokio, acción policial y del Ministerio Público que develó que el Tren de Aragua operaba al interior de las entidades bancarias sin que ninguna institución contralora se percatarán de esto.

Hay 17 imputados, 2 de los cuales eran funcionarios de la banca y lideraban las acciones para recoger el dinero y otros activos y movilizarlos entre los distintos productos bancarios para “lavarlos” y luego enviarlos a la “Casa Matriz” del Tren de Aragua en Venezuela.

Mientras esta banda era formalizada en Chile, el líder de la agrupación criminal, el llamado “Niño Guerrero”, fue ultimado en una operación conjunta de Venezuela y Estados Unidos.

Pero su muerte es sólo un episodio en una organización donde su relación con la muerte está vista como un instrumento para el cumplimiento de su vil industria.

Desaparecido el “Niño Guerrero” ya estará a cargo otro líder y la vigorosa organización que mostró la Operación Tokio para penetrar el mundo de las Finanzas permanece inmune a este deceso porque al igual que otras múltiples que operan en Chile y en el continente, disponen de jefes de plaza, brazos operativos y testaferros.

Su multiplicidad de negocios les otorga solidez. Lo relatado por el Fiscal Barros, quien encabeza la investigación en la Operación Tokio, da cuenta de una disciplinada organización con distintos “rubros” y posicionados en diversas zonas y barrios.

Los cuentacorrentistas fuimos muy ingratamente sorprendidos con este episodio criminal. Todas las exigencias y rigurosidades de protección de cuentas que la industria bancaria exige a sus depositantes, no replican similar conducta de severidad consigo misma.

Les invito a leer la columna que preparé sobre esta asimetría existente entre banco y cuentacorrentistas

El Traspié de la Banca

Más que un triunfo, la Operación Tokio activó todas las alarmas al develar la inquietante debilidad de la Industria bancaria frente al avance del Crimen Organizado que vulneró su sistema y operó al interior de la propia institucionalidad sin que ésta tuviese la capacidad de advertirlo.

La banca es un sector muy sensible, de evidente y elevado interés para la Criminalidad, y por tanto estaba llamada a autoexigirse una sólida estructura de prevención y de alarmas muy activas y eficaces para impedir que su sistema permitiese la incursión del Crimen Organizado.

El delito se conoció sólo por el error en otro hecho delictual asociado y que dio la pista para llegar a esta preocupante vulneración bancaria.

Sorprende que transcurrido tanto tiempo de la presencia de la Criminalidad en el país, sea evidente la debilidad del sector de las finanzas, particularmente en un factor de indiscutible riesgo como lo son sus planillas funcionarias donde debieron actuar todos los filtros posibles.

2 Ejecutivos de Cuentas de distintos bancos integraron un robusto brazo financiero que se encargó de lavar activos por US$ 80 millones obtenidos por el Tren de Aragua y moverlos hacia el exterior.

Con delincuentes ocupando espacios institucionales, informándose de sus operaciones y de antecedentes reservados, las entidades infiltradas han estado expuestas a un alto riesgo.

Ha habido un intento por bajar el perfil del rol que cumplían los exfuncionarios, pero los depositantes estamos muy conscientes del manejo amplio que un Ejecutivo de Cuenta tiene sobre las operaciones y movimientos de dinero.

Fallaron además de las propias corporaciones, los controles que en una labor coordinada- la Unidad de Análisis Financiero, Impuestos Internos y Aduana- les corresponde fiscalizar e identificar operaciones  sospechosas de estar asociadas al Cibercrimen.

En las indagaciones, al movimiento del capital ilícito que fue la hebra inicial, se unió bajo este mismo brazo operacional el flujo de vehículos robados que traspasaron varios controles limítrofes para llegar impunemente a su destino final, Venezuela. Este delito supone una red que podría involucrar a otros servicios controladores.

Así, con la Operación Tokio, los cuentacorrentistas nos hemos enterado de la asimetría existente en la demanda  de prevención que se nos exige versus las menores precauciones que pareciera adoptar  la propia industria.

Retroceder en confianza no es un tema menor para las entidades de finanzas donde ese valor es de primordial importancia.

A nivel internacional, la banca chilena lidera en el continente por su solvencia y solidez, pero este enorme traspiés le obliga a reforzar su protección para no horadar ese prestigio y principalmente la confianza a que se ven forzados sus clientes en la custodia de sus activos.

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La Fiscalía investiga el ingreso de cientos de niños haitianos al país en condiciones irregulares o al menos sin los debidos controles que debió asumir el Servicio  de Migraciones (Sermig).

El hecho ocurrió en 2025 y la denuncia del Sermig actual es que se hizo con control deficiente, en tanto se ha detectado un flujo de adultos chilenos y haitianos ingresando al país como supuestos responsables de los menores.

El episodio suena al menos escalofriante y deberá ser aclarado.

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Es todo, agradezco lecturay difusión a Contactos